En un fallo histórico, Colombia logró una victoria significativa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el caso conocido como Meritage. El tribunal internacional desestimó una demanda por $389 millones de dólares (más de un billón de pesos colombianos) interpuesta por el empresario Ángel Samuel Seda y un grupo de inversionistas internacionales, quienes acusaban al Estado colombiano de violar el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos.
El proyecto Meritage, ubicado cerca del peaje de Las Palmas en Envigado, Antioquia, fue adquirido por Seda y sus socios con el objetivo de desarrollar un ambicioso plan inmobiliario que incluía locales comerciales, apartasuites y viviendas. No obstante, en 2016, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre 55 hectáreas del terreno, alegando que estos pertenecían a Iván López, un supuesto miembro de la organización criminal Oficina de Envigado.
Según la Fiscalía, los terrenos habían sido adquiridos a través de testaferros y estaban vinculados a actividades de narcotráfico, incluyendo el narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca. La intervención del Estado paralizó el desarrollo del proyecto Meritage, desencadenando la demanda de los inversionistas, quienes alegaban pérdidas millonarias debido a la acción estatal.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), bajo la dirección de Jhon Camargo, utilizó una estrategia basada en la Excepción de Seguridad Esencial. Este recurso permite a los estados tomar medidas para proteger sus intereses fundamentales frente a amenazas significativas, como el narcotráfico. A pesar de ser una figura raramente invocada y nunca antes exitosa en el ámbito del Ciadi, fue crucial en la defensa colombiana.
El argumento central de Colombia fue que la extinción de dominio sobre el proyecto Meritage era una medida legítima para proteger la seguridad nacional y combatir el lavado de activos provenientes del narcotráfico. El tribunal del Ciadi, compuesto por los juristas Klaus Sacks, Charles Poncet y Hugo Perezcano, falló a favor de Colombia, reconociendo la legitimidad de las acciones del Estado.
Implicaciones del Fallo
Este veredicto marca un precedente en el ámbito del arbitraje internacional, siendo la primera vez que un tribunal acepta la Excepción de Seguridad Esencial bajo los acuerdos del GATT de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La ANDJE destacó que esta decisión no solo es un triunfo para Colombia, sino también para la legitimidad del sistema de arbitraje de inversión a nivel mundial.
El fallo evitó que Colombia tuviera que pagar una indemnización multimillonaria y reafirmó el derecho del Estado a tomar medidas contra la inversión de capitales ilícitos. Además, el resultado tiene repercusiones en el ámbito local, donde hay procesos legales en curso por parte de compradores nacionales que se consideran afectados por la extinción de dominio del proyecto Meritage.