Por: Berenice Bedoya Pérez
La sociedad colombiana parece condenada a vivir una tragedia griega, o como en la crónica garciamarquiana, estamos condenados a no tener una segunda oportunidad sobre la tierra. No es posible que sigamos diariamente registrando masacres, atropellos y crímenes de Estado y no pase nada. Cuando un amplio sector de colombianos esperábamos entrar al posconflicto luego de los Acuerdos de Paz suscritos en 2016 para comenzar a construir un país en democracia, salir de la premodernidad mediante mecanismos de convivencia y restablecimiento del tejido social, retornamos a la visión retardataria a partir de un Gobierno que se opone al progreso social y equitativo y cuyo propósito fundamental es hacer “trizas” el pacto que se había logrado con la insurgencia de las Farc.
Esa corta visión de un gobierno que ha demostrado no tener proyecto de país y que viene generando una angustiosa realidad socioeconómica para los sectores menos favorecidos, muestra a las claras que Colombia es un “Estado fallido” como denominan algunos académicos norteamericanos, para aludir a un país que no es capaz mínimamente de garantizar los derechos fundamentales y los servicios básicos de subsistencia de sus habitantes, como lo que está ocurriendo en nuestra nación. A ello hay que agregarle la concepción política del partido de Gobierno que está empeñado en recortar las garantías democráticas e irrespetar de manera abierta y sin ningún escrúpulo el Estado de Derecho, como lo acabamos de presenciar con el Ministro de Defensa que se resiste por todos los medios a cumplir las órdenes de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
En este escenario, como dirían Steven Levitsky y Daniel Ziblatt; profesores de la Universidad de Harvard y autores del libro “Como mueren las democracias”, en los gobiernos autocráticos o que concentran el poder en una sola persona, los golpes a los procesos democráticos no solo se ejercen en las urnas a través de procesos electorales fraudulentos, sino que continúan en los tribunales a través de su instrumentalización, y en el Congreso y los medios de comunicación que capturan por medio del soborno, instalando la corrupción y la impunidad como aspectos normales del sistema político con el fin de inclinar el terreno de juego en contra del adversario.
La nula conciencia sobre lo público, la permisividad y complacencia sobre el narcotráfico, la violencia y la corrupción, la instrumentalización del estado como un botín, ha logrado que los políticos tradicionales renuncien a su responsabilidad social y se rindan ante un líder que amenaza la democracia, bien sea porque creen equivocadamente que puede ser controlado, o porque están convencidos que les dará todo lo que quieren.
Por eso es fundamental recuperar la democracia y un punto inicial para lograrlo es renovar el congreso con liderazgos que defiendan lo social antes que los intereses personales. Una nueva lucha pacífica se avecina en las elecciones del 2022, donde decidiremos si sepultamos la democracia o la revivimos.