El gobierno de Colombia hizo entrega este viernes de más de 1.000 títulos de propiedad de tierras, con una extensión equivalente a 1.350 campos de fútbol, a campesinos de uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado.
El presidente Iván Duque entregó 1.058 títulos -295 de predios formalizados y 763 de terrenos baldíos- a cientos de campesinos del municipio de Ovejas, en el departamento del Sucre (norte), escenario de una violenta masacre paramilitar en 2001.
“Hoy empieza en Ovejas este catastro multipropósito en los 170 municipios que fueron más afectados por la violencia”, dijo el mandatario al presidir la mayor formalización de tierras realizadas en un solo municipio del país, con un total de 1.395 hectáreas.
Una ambiciosa reforma rural está prevista en el acuerdo de paz firmado entre la disuelta guerrilla de las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2016. El pacto prioriza las 170 zonas más damnificadas por la violencia.
Aunque se trata del punto más sensible -el alzamiento en armas se originó precisamente por el reclamo campesino de tierras-, es el que menos avances registra en el proceso de implementación de la paz, según el Instituto Kroc, responsable del seguimiento de los compromisos.
El acuerdo prevé distribuir tres millones de hectáreas y formalizar otras siete millones para pequeños propietarios. Lo convenido establece además la realización de un censo nacional para formalizar la totalidad de la propiedad en Colombia para 2025, tras el despojo y ocupación irregular de miles de hectáreas por parte de grupos armados y terratenientes.
Ovejas, donde se lanzó esta política pública, se eligió por ser “una zona conocida por la gran cantidad de víctimas y en particular viudas que ha dejado este conflicto”, afirmó a AFP Miguel Ocampo, director de la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT), a cargo del proceso.
– Víctimas de lesa humanidad –
Hace 18 años, en Chengue, uno de los corregimientos del municipio, paramilitares de ultraderecha asesinaron, con machetes y piedras, a 28 campesinos por considerarlos aliados de las FARC.
La fiscalía declaró la masacre como un acto de lesa humanidad.
“Ahora sí puedo decir que este pedazo (de tierra) es mío”, dice Emel Sequeda, de 54 años, quien perdió a un cuñado en la masacre y tuvo que huir junto a sus cinco hijos.
“Yo sé que esa (la formalización) es una cosa justa”, agrega. “De pronto puedo cerrar el ojo (morir) y le queda ese papel a los ‘pelados’ (hijos)”, añade.
Para Julia Meriño, la entrega de los títulos es una luz de esperanza en medio del anuncio el jueves de varios excomandantes de las FARC, entre ellos el número dos de la exguerrilla Iván Márquez, de que iniciarán una nueva rebelión armada alegando incumplimientos estatales al pacto de paz.
“Cuando escuché a Iván Márquez hablar, me ericé, porque soy víctima del conflicto, de paramilitares, soy la viuda del conflicto de FARC”, señala esta educadora infantil, de 49 años cuyo esposo fue asesinado por la exguerrilla.