La Fiscalía llamó a interrogatorio a los representantes de la Unión Temporal Centros Poblados por las presuntas irregularidades alrededor del polémico contrato de conectividad que firmó este consorcio con el Ministerio de las TIC.
Con la diligencia judicial, la Fiscalía pretende que los responsables del consorcio expliquen su partición en la suscripción de los documentos presentados como garantías bancarias que resultaron ser falsos.
Además, el ente investigador busca establecer cómo un anticipo de 70 mil millones de pesos que eran para la instalación de Internet en las escuelas más vulnerables del país, terminaron en una cuenta en Delaware (Estados Unidos).
Por este escándalo, la ministra de Tecnología Karen Abudinen estuvo en el ojo del huracán, razón por la cual varios congresista de la oposición una moción de censura para que la funcionaria responda ante el Congreso por este escándalo.