La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este martes al Gobierno de Colombia que entregue más información sobre la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con el fin de estudiar las medidas cautelares solicitadas para volver al cargo como mandatario de la capital antioqueña.
A través de una carta dirigida directamente a la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, la CIDH solicitó un informe actualizado sobre el estado del proceso que se adelanta contra Daniel Quintero, así como los recursos judiciales que ha activado el equipo legal del suspendido alcalde y un concepto del Ministerio frente a las medidas cautelares pedidas ante la CIDH.
Por otra parte, dentro de las medidas cautelares que solicitó Quintero se pedía la protección de la vida de su familia con la conservación del esquema de seguridad después de denunciar una manipulación de los frenos del automóvil de su esposa.
Con respecto a esto la CIDH, anunció que el gobierno colombiano debe aportar todos los elementos de prueba como audios, fotografías, panfletos, capturas de pantalla y demás con el fin de entregar “información detallada de la situación de riesgo de los propuestos beneficiarios; en particular respecto de los eventos de riesgo ocurridos a partir de febrero”
Ante la solicitud del organismo internacional, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que el Gobierno está preparando la respuesta requerida frente a la suspensión que impuso la Procuraduría a Daniel Quintero
“La CIDH ha hecho una solicitud de información que vamos a transmitirles a ellos, obviamente, antes de que se venza el próximo domingo 5 de junio de 2022. Estamos trabajando justamente en esa respuesta”, expresó la funcionaria.
A su vez, la canciller manifestó su respaldo a la Procuraduría, planteando que esta entidad debe ejercer sus funciones de control disciplinario con los cargos de elección popular.
“Aquí lo importante en todo caso es entender la función de control disciplinario que tiene la Procuraduría, es una función que el estado necesita porque es que no es solamente los funcionarios cometen un delito penal es que las faltas disciplinarias también son graves y la procuraduría debe poder investigar a cualquier funcionario en cualquier momento”