La Fiscalía General de la Nación ha presentado una acusación formal contra Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez Cañón, vinculados al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los acusados enfrentan cargos por soborno en actuación penal y fraude procesal, en un proceso que involucra intentos de manipulación de testigos claves, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Según la acusación, Pardo Hasche, desde la prisión, presionó a Monsalve para que aceptara los ofrecimientos del abogado Diego Cadena y se retractara de sus testimonios sobre los vínculos de los hermanos Uribe Vélez con el paramilitarismo. En su intento, Pardo habría referido a Uribe como una figura de poder indiscutible, instaurando a Monsalve a “aliarse con el mejor bando”.
Además, la Fiscalía sostiene que Samuel Sánchez Cañón colaboró con Cadena en la redacción de cartas de retractación que buscaban favorecer a Uribe, presionando a testigos para cambiar sus versiones. Ambos acusados se negaron a aceptar los cargos.
El juez Carlos Alberto Chaparro Martínez ha fijado las audiencias preparatorias de juicio para abril de 2025, un proceso que podría tener implicaciones significativas en uno de los casos judiciales más notorios de la política colombiana.