En las últimas horas fue capturado en Bogotá Jorge Enrique López Benavides, señalado de haber adulterado las certificaciones bancarias con las que Centros Poblados logró el escandaloso contrato de 70.000 millones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Jorge Enrique López, una de las piezas que encajan en el sonado caso de Centros Poblados, que recordemos le costó el puesto a la entonces ministra de las TIC Karen Abudinen, jugó un papel determinante en el contrato que prometía llevar internet a colegios apartados del país, pues al parecer falsificó garantías bancarias con las que se entregó el anticipo de los 70 mil millones de pesos.
Cabe mencionar, que tal como lo documentó la Fm por septiembre del 2021, López Benavides tuvo un récord de contratos con varias entidades del Estado y gobernaciones, antes de que se destapara el escándalo. Lopez contó con una amplia experiencia en participar en licitaciones y con sumas importantes de recursos para ejecutar a su cargo, sin embargo, para el momento en que llegó al contrato de Centros Poblados ya había estado relacionado en una dura controversia con el Fonade por el incumplimiento de un contrato para San Andrés.
Posteriormente, la polémica del Ministerio de las TIC inició cuando se conoció que el departamento adjudicó el contrato 1043 de 2020 con Unión Temporal Centros Poblados para conectar a 7.277 colegios en zonas rurales del país en más de 13 departamentos. No obstante, el escándalo estalló cuando Unión Temporal presentó garantías falsas las cuales le dieron libre paso al adelanto de la multimillonaria suma, en lo que Jorge Enrique López jugó el papel trascendental.
Fue así que, en septiembre del 2021 la Fiscalía intentó efectuar la captura de López Benavides, pero luego de realizar un allanamiento en su contra, no fue encontrado, hasta la noche de este martes 10 de mayo cuando la captura se hizo efectiva en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá.
Según la investigación de la Fiscalía, López, en cuestión de días o incluso de horas, tenía los documentos falsos listos para adjuntar al proceso contractual. A él, dijo la fiscal del caso, le pasaron un borrador de lo que necesitaban, incluso uno de los testigo claves, Jorge Alfonso Molina, aseguró que se acordó el pago de 2.800 millones de pesos por las pólizas falsas.
Entre tanto, se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de garantías para la legalización del procedimiento.