La Dirección Administrativa del Senado echó para atrás el contrato de 180 millones de pesos para comprar de tapabocas N-95 que serían distribuidos entre congresistas y funcionarios.
La entidad aseguró que este proceso se había iniciado en concordancia con las medidas que estableció el Gobierno Nacional con el fin de proveer y garantizar los elementos de bioseguridad para desarrollar la labor en las empresas y entidades estatales.
“La compra de todos los elementos de protección personal que el Senado de la República vaya a realizar, se dará en función de la normatividad señalada por el Ministerio de Salud y protección social en la resolución 666 de 24 de abril de 2020, que adopta el protocolo de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública”, indica la comunicación.
Debido a la polémica que se generó alrededor de este proceso de compra, la Dirección Administrativa tuvo que cancelar el contrato hasta que se tenga mayor claridad por parte del Ministerio y el Instituto Nacional de Salud sobre el tema.
“Ante las observaciones presentadas, la Dirección Administrativa se permite indicar que el proceso de orden de compra fue cancelado y se ampliarán las consultas (Instituto Nacional de Salud)”, apuntó la entidad.
Por redes sociales, algunos congresistas alzaron su voz en contra de este proceso porque aseguran que deben ser los propios legisladores quienes compren este tipo de elementos personales, como las máscaras N-95 que son de uso exclusivo del personal de la Salud.