lunes, abril 22

Bombas de racimo: ¿y la población civil qué?

Jaime Gómez, analista internacional y vocero en asuntos de política exterior del Partido Iniciativa Feminista de Suecia

El mundo escuchó con estupefacción en días pasados, la noticia que confirma la intención de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania a pesar de ser armas prohibidas por la Convención Internacional sobre Municiones en Racimo (CCM).

La CCM es un tratado internacional que prohíbe el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de bombas de racimo. Estas armas, también conocidas como municiones de racimo, son dispositivos diseñados para dispersar múltiples submuniciones explosivas sobre un area amplia. Esto las convierte en armas indiscriminadas, ya que no pueden ser dirigidas con precisión hacia objetivos específicos. Como resultado, las submuniciones a menudo caen en áreas pobladas, lo que aumenta el riesgo de causar daños a civiles, infraestructuras vitales y servicios básicos. Además, las bombas de racimo a menudo contienen submuniciones que no explotan al impactar el suelo y pueden permanecer latentes durante años, convirtiéndose en restos explosivos de guerra. Esto plantea un grave riesgo para la población civil, ya que las submuniciones sin explotar pueden detonar accidentalmente y causar lesiones o muertes, incluso mucho tiempo después del conflicto lo que hace que tengan un impacto a largo plazo en las comunidades afectadas.

Como si esto fuera poco, el uso de bombas de racimo puede contravenir el derecho internacional humanitario, que establece normas y principios para proteger a la población civil durante los conflictos armados. Estas armas pueden violar los principios de distinción (distinguibilidad entre objetivos militares y civiles), proporcionalidad y precauciones en el ataque, que buscan minimizar el sufrimiento humano y proteger a los no combatientes.

La iniciativa para establecer la CCM se tomó en Oslo, Noruega, en febrero de 2007, durante una conferencia diplomática conocida como la “Reunión de Oslo”. En esta reunión, 46 países y varias organizaciones no gubernamentales (ONG) discutieron la necesidad de abordar los peligros y los efectos negativos de las bombas de racimo. Esta reunión fué el punto de partida para el proceso de negociación de la convención. El tratado se abrió a la firma en Dublín, Irlanda, en diciembre de 2008. La CCM entró en vigor en 2010, y actualmente es firmada por 110 países y 108 la han ratificado. Entre los países que se han negado a firmar la CCM debido a diversos motivos se encuentran Estados Unidos, Rusia, China, Israel, India y Pakistán. Es decir, tres de los cinco países que son miembros de permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se han negado sistemáticamente a comprometerse ante la comunidad internacional a no producir o a no usar este tipo de armas. También coinciden algunos de estos países, en pertenecer al grupo que está a la cabeza de la industria militar mundial y, por lo tanto, ganan dinero mientras las guerras existan y puedan vender sus productos de muerte.

Una situación similar ocurre con la Convención internacional que prohíbe las armas nucleares. Las principales potencias que tienen y producen ese tipo de armamento, se han negado sistemáticamente a firmar y ratificar esa convención lo que muestra la ausencia total de voluntad política para avanzar hacia el desarme y hacia un mundo en donde los conflictos no sean resueltos mediante el uso de las armas.

Por ello, no es del todo sorpresivo ni el anuncio de Estados Unidos ni la respuesta de Rusia, país que afirmó que tienen grandes cantidades de este tipo de armas en sus depósitos y las usarían si Ucrania las usa contra ellos. Este último pronunciamiento es sorprendente porque existen reportes que dan cuenta que tanto Moscú como Kiev han usado ya este tipo de armamento en esta guerra. No puede afirmarse que Estados Unidos o Rusia han violado la CCM porque no la han firmado y mucho menos ratificado, pero es que el problema central no es de carácter jurídico, es fundamentalmente ético ya que plantea un riesgo significativo de violar el principio que establece que cualquier acción militar no debe causar daño a la población civil ya que no se puede garantizar que estas bombas solo ataquen objetivos militares legítimos. Esto socava el principio ético de protección de los no combatientes en situaciones de conflicto armado.

En este contexto, es especialmente significativo el llamado que hizo el primer ministro camboyano Hun Sen, quien instó a Ucrania a no utilizar bombas de racimo luego de que Estados Unidos confirmara el envio a Kiev de un paquete de ayuda militar por valor de 800 millones de dólares con este tipo de armamento para la guerra contra Rusia. “Hago un llamado al presidente estadounidense, como proveedor, y al presidente ucraniano, como receptor, para que no utilicen bombas de racimo en la guerra, porque las verdaderas víctimas serán los ucranianos” expresó el primer ministro intentando transmitir la terrible y dolorosa experiencia camboyana en este campo.

La realidad nos muestra que tanto a Estados Unidos como a Rusia les importan un bledo las consecuencias del uso de este tipo de armas. Esa es una de las tantas incoherencias de las potencias que en este momento se confrontan militarmente en esta suerte de guerra proxy. Estados Unidos condenó a Rusia cuando se usaron este tipo de armas en el conflicto de Siria, pero ahora, no solo las justifica plenamente, sino que además las suministra. Esta incoherencia de Estados Unidos es ya conocida en el mundo como cuando dice defender la democracia, apoyando golpes de estado o pretende mostrarse defensor de los derechos humanos, pero ejerce la tortura como practica común como lo hizo en Irak, o invade otros países aduciendo motivos de seguridad nacional.

Por ello, la lucha contra el armamentismo y la industria militar es una lucha por la preservación de la dignidad humana.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *