Lo primero que hay que decir es que en toda Colombia hay una problemática nacional de intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en varias de las manifestaciones ciudadanas de protesta. Esta afirmación, lejos de ser un invento propagandístico de una “izquierda delirante”, es una evidente realidad, al punto en que fue documentada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 7641-2020 del 22 de septiembre de 2020. Es de esta forma que la mencionada sentencia dice que el ESMAD es “una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas“.
Dicha situación tiene su origen en lo que para el Estado colombiano fue una línea roja en las negociaciones del acuerdo de paz: la doctrina de las fuerzas armadas. Esta doctrina, que también se transmite a la Policía Nacional en sus cursos, entrenamientos y manuales de instrucción, se basa en el entendimiento de que hay un enemigo interno; una constante amenaza de insurrección popular que tiene en la protesta ciudadana una de sus más visibles expresiones y, por lo tanto, cuando se sale a atenderla, no se ve en el manifestante una persona a proteger, sino un enemigo a combatir. Por ello, la formación de la fuerza pública es vista desde una perspectiva que privilegia la militarización y que entiende a los manifestantes como un cúmulo de expresiones que “orientan el conflicto armado” y no como sujetos de derechos.
La ONG Temblores junto a INDEPAZ reportan a nivel nacional, para junio de 2021:
- 75 asesinatos en el marco del paro nacional, de los cuales 44 han sido con presunta autoría de la fuerza pública.
- 83 víctimas de mutilación ocular.
- 28 víctimas de violencia sexual.
- 1832 detenciones arbitrarias.
- 1468 casos de violencia física.
Para un total de 3486 casos de violencia policial, evidencia de esa visión del pueblo movilizado como enemigo.
La administración de Bogotá ha querido desmarcarse discursivamente de esta postura, pero no ha trascendido las palabras. Ni la Policía bajo su mando, ni sus funcionarios parecen acatar lo que la alcaldesa sale a decir en redes sociales y medios de comunicación. Evidencia de lo anterior es la continuidad de las agresiones tanto a manifestantes como a quienes trabajan en medio de las manifestaciones:
- Aún no tenemos respuesta de por qué las instalaciones de Transmilenio son usadas como bases de operaciones de la Policía y como centros de tortura, dentro de lo cual está particularmente documentado el caso del Portal de las Américas, en donde incluso aterrizó un helicóptero Black Hawk para descargar munición para la Policía.
- Hasta el momento van 6 personas muertas en Bogotá, 2 de ellos fueron hallados sin vida después de haber desaparecido en escenarios de protesta, una persona fue arrollada por una tanqueta del ESMAD y 3 fueron asesinados con “armas de letalidad reducida”.
- Según las cifras que Bogotá le entregó a la CIDH, 435 personas han sido atendidas por lesiones asociadas a las manifestaciones en centros hospitalarios de la ciudad, de los cuales:
- 43 personas sufrieron trauma ocular.
- 169 personas sufrieron lesiones en su cabeza o cara.
Y estos son solo los que asistieron a los centros hospitalarios de la ciudad, muchas personas fueron atendidas por misiones médicas en terreno por la imposibilidad de ubicar cómo llevarlos o por el miedo a ser capturados en estos centros.
- La Personería de Bogotá reportó en su último informe que se documentaron 92 casos de presunta desaparición, de los cuales 75 personas han sido ubicadas (lo que no informa es en qué estado se dio la ubicación), 17 están sin información.
- Según cifras de la Alcaldía Mayor, con corte a 6 de junio de 2021 se han dado 278 capturas:
- 169 personas judicializadas por obstrucción de vía pública.
- 37 por daño en bien ajeno.
- 19 por violencia contra servidor público.
- 15 con asonada.
- Sin embargo, de estos casos, solo a 41 personas se les han imputado cargos, han sido cobijados con medida no privativa de la libertad, 1 persona recibió beneficio de prisión domiciliaria y 39 permanecen en libertad concedida por juzgado en calidad de imputados.
- 66 personas han sido dejadas en libertad por decisión de jueces.
- 188 personas han sido dejadas en libertad por parte de fiscales en atención a que las conductas establecen penas menores a 48 meses de prisión.
Todo esto evidencia el uso indiscriminado del traslado por protección y de la judicialización como mecanismo para infundir temor en quienes participan de una protesta. Pero, además, una incapacidad de la fuerza pública de “neutralizar” los focos de violencia, y en vez de capturar a quien se tenga certeza de la comisión de un delito, se captura a quien no pudo huir de la arremetida policial.
Ahora bien, el Decreto 563 de 2015 establece que la actuación de los cuerpos de policía debe hacerse con el criterio de que sea necesaria para continuar con el ejercicio del derecho a la movilización, asimismo, establece expresamente en el literal E del numeral 6:
“La actuación de la Policía Uniformada ante la ocurrencia de hechos que perturben el desarrollo de la movilización debe estar orientada a la garantía del derecho a la reunión pacífica de los ciudadanos que no participen de dichos hechos violentos. En todo momento, se procurará neutralizar el foco de violencia con el fin de evitar la dispersión de las demás personas. Esta actuación se coordinará con los gestores de convivencia y las autoridades de la Secretaría Distrital de Gobierno”.
De la misma opinión es la CIDH, que en el numeral 46 de sus recomendaciones expresa:
“Ante escenarios complejos el actuar de las autoridades no debe ser indiscriminado, sino que debe individualizar a los actores violentos y distinguirlos respecto de aquellos que ejercen el legítimo derecho de manifestación”.
De forma aún más clara:
“Cuando en el marco de un corte de vía se adviertan actos de violencia que representen una amenaza inminente para la garantía de otros derechos en tensión, las autoridades deben distinguir entre las personas que actúan con violencia y quienes participan de la protesta por vías pacíficas. En aquellos casos en los que el uso de la fuerza sea imprescindible para cumplir un fin legítimo en el contexto de una manifestación, sólo se podrá recurrir a la fuerza mínima necesaria y, una vez que haya pasado tal necesidad, por ejemplo, cuando se detiene a una persona violenta sin peligro, ésta deberá cesar”.
Contrario a este mandato normativo y convencional, lo que hemos visto en Bogotá es que cualquier expresión de confrontación que se pueda presentar en el marco de una movilización es una excusa para atacar a toda la manifestación y dispersar por completo de la vía pública, práctica que tampoco es nueva en el ESMAD.
Es precisamente por esta práctica que han surgido las denominadas “primeras líneas” consistentes en proteger con escudos y otros elementos improvisados a quienes se manifiestan de la acción brutal y generalizada de la Policía, que han querido equiparar a la violencia oficial; es por lo menos ridículo equiparar un jean, casco, gafas, guantes y un escudo improvisado a la protección y armamento de un agente del ESMAD que asciende a la suma de $ 10’896.000 por agente.
El caso paradigmático de este ataque generalizado a todo aquel que ose manifestarse es el uso de la plataforma “Venom”, un arma que como lo ha señalado el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, es peligrosa e indiscriminada, diseñada para atacar a toda la multitud que ejerce sus derechos, en vez de aislar y neutralizar el “foco” de violencia. Arma que se ha usado en Bogotá.
También se han documentado en Bogotá ataques a la misión médica y el espacio humanitario del Portal Resistencia, entre otros abusos en contra de la sociedad civil, cosa que fue recogida en el informe de la CIDH:
“La CIDH también recibió denuncias consistentes respecto a que, en algunos casos, los gases lacrimógenos fueron disparados directamente contra los espacios de refugio y cobijo de manifestantes, puestos médicos improvisados e inclusive en zonas habitacionales, lo que habría afectado de manera desproporcionada a personas adultas mayores, así como a niños, niñas y adolescentes que no participaban en las protestas”.
Es cierto que para corregir todo esto es necesaria una profunda reforma a todo el aparataje institucional que atiende la protesta social, comenzando por supuesto por la desmilitarización de la Policía, pero también desde una perspectiva civil, una reforma institucional que apunte a eliminar la impunidad frente a los casos de violaciones a los derechos humanos y que profundice la subordinación del aparato policial a las instituciones democráticas, y el inevitable desmonte del escuadrón de la muerte llamado ESMAD.
Es verdad que no está en manos de la administración solventar los graves problemas de represamiento e impunidad del sistema judicial y, en ocasiones, de los entes encargados del control disciplinario, pero si hay una verdadera intención transformadora frente a las violaciones de DDHH, avancemos en ese reconocimiento. En ese sentido, le he propuesto a la administración de Bogotá que constituyamos una comisión independiente de esclarecimiento y verificación de los hechos ocurridos en Bogotá en el marco del paro nacional. Esta debería contar con el acompañamiento de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y como complemento al mecanismo especial de monitoreo y verificación propuesto por la CIDH; una especie de comisión de la verdad que, en el marco de las posibilidades que abre este componente en el Plan de Desarrollo, nos permita evidenciar una genuina voluntad de cambio, más allá de los anuncios mediáticos.
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