El Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió al magistrado Álvaro Hernán Prada como su nuevo presidente tras la renuncia de César Lorduy, quien dejó el cargo en medio de acusación de acoso sexual y presuntas irregularidades. Prada, reconocido por su cercanía al uribismo, asume este rol en un momento crucial para la institucionalidad electoral en Colombia.
Prada, excongresista por el Huila y representante del Centro Democrático, llegó al CNE en 2022 como parte de los magistrados designados para el período 2022-2026. Su trayectoria incluye dos periodos en la Cámara de Representantes y una polémica renuncia en 2020 tras ser investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos, caso vinculado al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Su elección al frente del CNE no ha estado exenta de críticas. Además de su historial judicial, su participación activa en la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro, por supuesta violación de topes electorales, ha generado tensiones entre el mandatario y la corporación. Petro ha cuestionado la imparcialidad de Prada, señalando que su vínculo con el uribismo afecta su capacidad de juzgarlo objetivamente.
Como presidente del CNE, Prada enfrenta desafíos significativos. Entre ellos, garantizar la transparencia en las investigaciones sobre financiación electoral, incluidas las acusaciones contra la campaña de Petro, y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral. Según declaraciones oficiales, Prada buscará optimizar los procesos jurídicos y administrativos mediante innovación tecnológica, implementando inteligencia artificial y herramientas digitales para modernizar la gestión del CNE.
Además, el magistrado ha destacado la importancia de promover la participación política de las mujeres y reforzar el contacto con la ciudadanía mediante programas como “Diálogos por la Democracia”.
La salida de César Lorduy, implicado en graves acusaciones, dejó al CNE en una situación de reacomodamiento interno. Su renuncia marcó un punto de inflexión en la corporación, mientras las divisiones ideológicas entre los magistrados continúan siendo evidentes. Prada deberá liderar un tribunal cuya independencia ha sido cuestionada, equilibrando los intereses políticos que lo rodean y la necesidad de una justicia electoral imparcial.