Editor: Francisco Cristancho R.
Es interesante la posición de quienes sostienen que el Consejo Nacional Electoral carece de facultad para investigar al presidente de la República. Nos parece acertada dicha postura, no solo porque la Constitución es clara al prever quiénes investigan y juzgan al presidente, sino por la manera en que el Consejo Nacional Electoral se hizo con la competencia: suscitando un avieso e improcedente conflicto de competencias administrativas, cuando la parte con la que se debatía la competencia, a saber, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no es una autoridad administrativa como es sabido por todos.
El Consejo de Estado, incapaz de resolver el conflicto por las razones expuestas, pero siempre solícito para perjudicar al presidente, tramitó y decidió con velocidad. Optó, como era de preverse, por atribuir la competencia al incompetente. Una vez contaron con el beneplácito del alto tribunal –decisión que seguramente interpretan como un eximente de responsabilidad en el evento de prevaricar por acción y/o abusar de la función pública– los señores “magistrados” del Consejo Nacional Electoral han proseguido a toda marcha y están cerca de imponer sanciones al presidente de la República en abierta separación de la Constitución.
A buena hora la defensa del presidente Petro interpuso una acción de tutela que fue despachada desfavorablemente en las dos instancias por el Consejo de Estado, como era de esperarse, y que ahora seleccionó para revisión la Corte Constitucional. En una determinación apenas razonable y en todo necesaria para evitar la consumación de la violación a los derechos fundamentales del presidente Petro, el magistrado a cargo del expediente sometió a consideración de sus colegas un proyecto de auto para suspender la actuación administrativa hasta tanto se profiera sentencia de revisión.
Este proceder, de lo más rutinario y que atiende a una responsabilidad del juez de tutela conforme a la cual debe prevenir que se agrave la vulneración denunciada mientras esta se encuentre en su despacho, se presentó en la edición dominical de El Espectador como un escándalo.
Los autores de la publicación no tuvieron el menor empacho en aducir que el magistrado obraba por un criterio de “amistad” al solicitar la suspensión, dejando en evidencia su desconocimiento pleno del trámite que se sigue ante la Corte Constitucional, pero lo que es peor: se valen de la solicitud de suspensión –con cientos de antecedentes en la jurisprudencia– para instalar en la conciencia de los lectores que lo que se precisa es remover al magistrado del caso, pues incurrió en la inaceptable falta de pretender salvaguardar el derecho al debido proceso de un ciudadano ante la posibilidad –cada vez más acuciante– de que un funcionario incompetente lo sancione. Por tamaña ofensa El Espectador sugiere que “la Sala Plena podría pedir que el expediente rote para que Fernández no sea el ponente”, de suerte que ya sin ponencia el magistrado no podría solicitar la suspensión.
En la discusión pública de esta semana también estuvo la justicia penal militar. Es curioso el afán con que militares y policías reclaman, no pocas veces sin fundamento, el fuero con el que muchos aspiran a evadir la justicia y alcanzar la impunidad. Nos preguntamos: ¿persisten en la actualidad los principios que inspiraron la creación de un sistema de justicia especial y ajeno a los civiles? ¿A la fecha imperan en la fuerza pública los códigos de honor, la vocación de servicio o el respeto por los derechos de los ciudadanos? ¿Resulta ejemplarizante para quienes pertenecen a las fuerzas que la justicia provenga de un par suyo o sería más efectiva si emanara de un juez civil? La experiencia de Germán, como abogado y parlamentario, lo lleva a creer que eso que llaman justicia es un remedo, mientras que el fuero es patente de corso para todo tipo de desafueros.
Pasando a otro tema y cruzando el Mar Caribe –que por ahora sigue llamándose así– vemos que el matón del norte está imparable. Leímos en la prensa el relato de un abogado estadounidense, nacido en Estados Unidos y de ascendencia árabe, quien fue detenido y separado de su familia para luego privarlo de su celular y adelantar en este, sin orden judicial, una búsqueda exhaustiva de expresiones “en contra del presidente Trump”, según le informaron los agentes de seguridad.
Así como a él, este abuso ocurre todos los días en múltiples puntos de entrada de Estados Unidos y a ello se exponen quienes viajan, sean o no estadounidenses y con independencia de su estatus migratorio. Basta con ser un individuo sensato y decente –condiciones que exigen oponerse al autoritarismo y a la ignominia de Trump– para hacerse elegible al abuso del que hablamos. Su celular y los contenidos de este, incluso si no han sido divulgados, son plena prueba de su aptitud para visitar o permanecer en Estados Unidos, aún si fueron recabados ilegalmente. Recuerde esto cuando esté pensando en sus próximas vacaciones.
Adenda: ¿será que el joven Miguel Uribe Turbay se conformará con el título de nieto del peor presidente de Colombia, único para el que tiene méritos? ¿Hasta cuándo tendrá pensado sacarle plata a sus mecenas para una campaña presidencial imposible de ganar? Si Miguelito lograra su cometido, destronaría a su abuelo con facilidad como el presidente del que más chistes se habrán hecho y superaría a Duque en el non plus ultra de la incapacidad.
Adenda dos: aunque se presente como una pera en dulce, Juan Daniel Oviedo viene siendo una pera en salmuera, que sabe y huele a feo. En su edición dominical El Espectador nos recordó que el concejal fue sancionado recientemente con la anulación de su credencial pues celebró un contrato con una entidad pública en vigencia de inhabilidad. ¿Cuál promesa de futuro ofrece un político que, en el mejor de los casos, desconoce una prohibición tan esencial o que, en el más probable evento, decide obrar contra la ley?
¡Hasta la próxima!