En medio de una de las mayores crisis del sistema de salud colombiano, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, ya tres altos exdirectivos de la entidad, por presuntas irregularidades financieras cometidas entre 2019 y 2023. El caso involucra el ocultamiento de más de 14 millones de facturas y un posible desfalco de más de 70 mil millones de pesos.
Durante una audiencia realizada el pasado 28 de febrero, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción formalizó la imputación de delitos como peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control de recursos públicos del sistema de salud. Los otros implicados son Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente Administrativo y Financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de Contabilidad; y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de Cuentas Médicas. Todos negaron los cargos.
De acuerdo con el ente acusador, bajo la directriz de la presidencia de la EPS se habría interrumpido el procesamiento completo de la facturación presentada por las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), con el fin de maquillar los estados financieros. Esta maniobra habría proyectado una estabilidad ficticia que permitió que la Superintendencia de Salud renovara la habilitación de la EPS para operar, ocultando así su verdadero nivel de endeudamiento.
Según el fiscal del caso, la Nueva EPS habría presentado información contable falsa, solicitando recursos que no tenía y desviando más de $70.566 millones. Aunque la defensa de Cardona sostiene que no hubo beneficio personal y que los recursos permanecieron dentro de la entidad, el Ministerio de Salud anunció que se constituirá como víctima en el proceso penal.
La intervención de la Nueva EPS por parte del gobierno solo se produjo en 2024, pese a que las irregularidades se habrían registrado desde cuatro años antes. Esta demora ha generado fuertes críticas al sistema de vigilancia, especialmente hacia la Superintendencia de Salud, por no detectar a tiempo las señales de alerta.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales afirmando que la intervención gubernamental permitió descubrir la existencia de más de 14 millones de facturas ocultas. Además, cuestionó el modelo financiero actual del sistema de salud y reiteró la necesidad urgente de una reforma estructural.
De comprobarse los cargos, el caso podría convertirse en uno de los mayores fraudes al sistema de salud en la historia reciente de Colombia y sentar un precedente para revisar a fondo la arquitectura institucional del sector.