Durante el primer debate del proyecto para reducir el salario de los congresistas, la senadora Paloma Valencia intentó escabullirse del compromiso de austeridad que exige el país. Con un discurso desafiante, la senadora del Centro Democrático declaró que no apoyaría la iniciativa, alegando que se trataba de una “represalia” del Gobierno Petro contra el Congreso por no haber aprobado algunos de sus proyectos.
“A mí las represalias para arrodillar al Congreso no me gustan”, dijo Valencia, visiblemente molesta, acusando al Ejecutivo de intentar someter al Legislativo. Esto, pese a que en el pasado se había mostrado un favor de reducir los ingresos de los congresistas.
La propuesta —liderada por Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y adversario político de Valencia— busca fijar un tope de 20 salarios mínimos mensuales para los legisladores, lo que implicaría una rebaja del 37,5% frente al salario real de más de $48 millones.
Pero Valencia, en lugar de ver en esta medida un acto de coherencia con la realidad económica del país, prefirió lanzar una acusación política y condicionar su apoyo. “Nadie ha estudiado más que yo este tema. Si el proyecto va a salir, tiene que ser para todos los funcionarios públicos, incluido el presidente”, aseguró, en lo que muchos interpretaron como una forma elegante de proteger su propio bolsillo.
Paradójicamente, y tras la presión mediática y política que generaron sus declaraciones, horas después Valencia votó a favor del proyecto, que fue aprobado en su primer debate con 16 votos. Su cambio de postura no pasó desapercibido y fue leído por varios sectores como una jugada estratégica para no cargar con el costo de oponerse a una iniciativa que tiene amplio respaldo ciudadano.
Incluso desde la oposición, voces como la del senador Carlos Fernando Motoa respaldaron la medida, aunque también pidieron que se aplicara de forma más amplia. Motoa recordó que hay funcionarios públicos que superan los $64 millones de salario mensual, mientras que otros —como el fiscal, la procuradora o los magistrados de las altas cortes— también ganan por encima de los $55 millones.
Mientras millones de colombianos viven con un salario mínimo o menos, el intento de Paloma Valencia de aferrarse a su sueldo millonario deja un mensaje preocupante: algunos congresistas aún se creen por encima de la realidad del país. Entre tanto, el proyecto aún debe superar siete debates más, tres de ellos antes del 20 de junio.