La Corte Constitucional ha emitido una orden de medidas urgentes dirigidas a los excombatientes de las FARC en relación con las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre. Esto se debe al riesgo de seguridad que enfrentan tanto los candidatos del Partido Comunes como los votantes.
La decisión de la Corte se basa en un estudio de riesgo que consideró múltiples fuentes de información, incluyendo la alerta temprana 030-23 de la Defensoría del Pueblo. Esta alerta destacó que varios departamentos, como Cauca, Putumayo, Caquetá, Nariño, Chocó, Atlántico y Norte de Santander, presentan un alto riesgo electoral y son lugares donde se ha identificado un riesgo significativo para los firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016.
La Corte observó que grupos armados ilegales han tenido un impacto directo o indirecto en el desarrollo de las elecciones en las áreas donde están presentes. Estos comicios, centrados en la elección de cargos locales, representan una oportunidad para que estos grupos mantengan o amplíen su control en los territorios bajo nuevas administraciones.
Por lo tanto, la Corte Constitucional reconoció los esfuerzos de las entidades estatales en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) para proteger a los excombatientes, pero consideró que estas medidas no son suficientes. Como resultado, se han ordenado medidas adicionales, que incluyen:
- El Ministerio del Interior y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deben garantizar la participación activa del Consejo Nacional de Paz en las actividades relacionadas con la Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y No Estigmatización del Plan Nacional de Garantías Electorales.
- El Ministerio del Interior coordinará con otras entidades la creación de una estrategia para recopilar información sobre actos de estigmatización durante las campañas políticas, con la obligación de compartir esta información con el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior, en colaboración con el Consejo Nacional de Paz y el Pacto Político Nacional.
- La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que preside el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), tomará medidas para asignar protección a los candidatos firmantes o miembros de Comunes que lo soliciten.
- La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, en coordinación con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, atenderá de manera urgente las solicitudes de protección para los candidatos firmantes del Acuerdo e integrantes del partido Comunes, y aplicará sin demora las medidas de protección para las sedes del partido.
- La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía deberá impulsar la investigación y judicialización de estructuras responsables de patrones criminales relacionados con la población firmante y sus candidatos.
- La Unidad Nacional de Protección (UNP), en coordinación con los Ministerios de Defensa e Interior, reactivará la Instancia Tripartita de Seguridad y Protección (ITPS) con el respaldo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para abordar los riesgos en municipios y territorios con amenazas extremas y altas.