Congresistas de la oposición le enviaron un informe a la Unión Interparlamentaria con los hechos de persecución que han atentado contra su actividad legislativa, con el objetivo de que realice el examen del caso.
El reporte fue dirigido al Secretario General del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios por los congresistas: Iván Cepeda, Wilson Arias, Alexander López, Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino, Ángela María Robledo, María José Pizarro, Inti Asprilla y Jhon Jairo Hoyos.
Los congresistas le piden a la Unión Interparlamentaria, solicite al Estado colombiano, adoptar las medidas necesarias, para que las actuaciones administrativas que adelanta la Procuraduría General de la Nación en su contra, se realicen respetando sus garantías constitucionales y procesales.
De lo anterior se resalta que dichas actuaciones se abrieron de manera paralela a la discusión y votación de un proyecto de Ley presentado por la propia Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, el cual pretende reformar la entidad y que a todas luces desconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Urrego Vs Colombia.
Cabe mencionar, que la Unión Interparlamentaria es una organización internacional que representa a la rama legislativa de los gobiernos a escala mundial, que trabaja bajo el sistema de Naciones Unidas, y cuyo propósito fundamental es lograr la paz, la cooperación entre los pueblos y la consolidación de las instituciones representativas a través del diálogo político.
En el informe, los Congresistas denunciaron ser objeto de señalamientos, en los que los tildan de ser “incitadores” o “responsables”, no sólo de las movilizaciones sociales que ha realizado la ciudadanía desde el pasado 28 de abril, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta social, sino de las presuntas alteraciones al orden público que se han presentado en algunas ciudades del territorio nacional.
En tal sentido, evidenciaron la presentación de acciones judiciales en su contra, como tutelas e investigaciones judiciales promovidas por diferentes personas, en su contra, como es el caso de los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, entre otros y la apertura de investigaciones disciplinarias, por parte de la Procuraduría General de la Nación contra los congresistas María José Pizarro, Ángela María Robledo, Inti Asprilla, Wilson Arias, Alexander López y Antonio Sanguino, con las que se pretende deslegitimar el ejercicio de su actividad parlamentaria y su defensa de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la ciudadanía que se han visto amenazados por el abuso de la fuerza por parte de miembros de la policía nacional.