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Crecen la preocupaciones frente al decreto 003 de 2021 expedido por el Ministerio del Interior, el cual regula los procedimientos de la Fuerza Pública durante las protestas en el país.
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que este decreto no permite la verificación y seguimiento de los traslados de los detenidos en las manifestaciones. Lo cual implica que no solo se les inhiba a los manifestantes de obtener asesorías para sus casos sino también vigilar que las instituciones le brinden las garantías a los aprehendidos.
En conversación con la W Radio, el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, Julián González manifestó que “es importante que conozcan sus derechos, que sepan cuánto tiempo máximo tienen las autoridades para plantear un cargo por ejemplo y pues también comunicación con sus familias, saber dónde están, máximo cuando hay unas garantías constitucionales a las que deberían ceñirse este tipo de traslados”
Cabe mencionar, que en las manifestaciones recientes del 2020, hubo varias personas que denunciaron que tras ser detenidos por la Policía recibieron abusos y tortura por parte de los uniformados.
Dentro de los señalamientos que las ONG hacen al decreto está también que las organizaciones civiles no puedan verificar que los miembros de la Policía estén recibiendo la capacitación necesaria para brindarle un trato digno y correspondiente a la ciudadanía.
Los cuestionamientos incluyen la falta de esclarecimiento y delimitación de las fuerzas militares en las manifestaciones.
El Decreto 003 de 2021, que regula los procedimientos de la Fuerza Pública en las protestas, abre la puerta a la desaparición forzada y la violación a los DD.HH. al permitir no dar información sobre detenidos y los traslados de protección. En 2021, ante la protesta, represión.
— Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) January 15, 2021