domingo, noviembre 3

Congreso aprueba que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras esté vigente por 10 años más

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El Congreso de la República aprobó el último debate del Proyecto de Ley que prorroga por 10 años más la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La vigencia de esta norma que se ampliará hasta el 2030, pasará a sanción de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta que tras ocho años de su instauración, la implementación para la reparación de las víctimas de agentes del Estado, grupos paramilitares y guerrilleros ha sido exageradamente precaria.

El senador ponente de esta iniciativa, Roy Barreras resaltó la lentitud con la que se ha desempeñado esta Ley, indicando que tras la prórroga se deberá dar celeridad a la implementación para no quedar en deuda con las víctimas nuevamente.

A lo largo de 10 años se ha encontrado una esperanza en materia de reparación. A duras penas, hemos logrado reparar menos de un millón de víctimas y el Gobierno del presidente Iván Duque ha impulsado esta norma y así lo reiteró en escenarios internacionales”, Expuso Barreras.

Y, agregó “Al ritmo en que vamos, se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas. (…) Este es un claro reconocimiento con millones de víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado y a los familiares de cerca de 200 mil desaparecidos que hay en Colombia, y por supuesto, a quienes aún no han sido reparados”.

A pesar que con la extensión de la vigencia con la que se busca enmendar una pequeña parte de lo sufrido por las víctimas del conflicto, esta prórroga también tuvo detractores en el capitolio como la senadora María Fernanda Cabal quien aseguró que “esta Ley terminó atropellando a quienes gozan de especial protección constitucional, los campesinos pobres, que derivan su sustento de un predio”.

Por su parte, el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Guardón afirmó que “Se espera que el cumplimiento de la ley por los 10 años de extensión se dé hacia el 2030 y los cálculos que tenemos es que se requiere un esfuerzo fiscal cercano a los 357,4 billones de pesos”.

Según informes recientes de la Defensoría del Pueblo, el gobierno solo ha destinado 118 billones de pesos por lo que se debe proyectar aumentar tres veces esta cifra para cumplirles a las víctimas.

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