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Denuncian que en los terrenos donde ocurrió la masacre del pasado 17 de octubre del 2020 que dejó cinco indígenas muertos en una vereda del departamento de Sucre, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta un proceso administrativo de deslinde a reconocida empresa ganadera por presuntamente apropiarse de baldíos.
Según investigación publicada por el portal La Vorágine, los paramilitares que navegaron por las inmediaciones del río San Jorge hasta arribar a la vereda Caño de Viloria en San Marcos, Sucre, traían consigo una lista con los nombres de los líderes indígenas a quienes les habían dado la orden de masacrar.
Las víctimas pertenecientes a la comunidad indígena Zenú fueron identificadas como Darwin de Hoyos Beltrán, Arquímedes Centenaro, Luis Cochero Alba, Óscar Javier Hoyos Banquet y Julio Moreno Hoyos.
La investigación señala que esta masacre fue perpetrada en un asentamiento de la tribu indígena Zenú del cabildo Arawak. En esos mismos terrenos la ANT adelanta un conflicto jurídico, sin que se haya logrado una decisión definitiva, sobre unos predios que una familia de ganaderos reclama como su propiedad. Los hacendados son Rafael Antonio Rivera Hoyos y Rosa María Rivera Hoyos, quienes figuran como los propietarios de Santa Helena, empresa dedicada al criadero y comercialización de Bovinos.
Las comunidades indígenas argumentan que estos terrenos han sido ancestralmente ocupados por ellos para desarrollar cultivos agrícolas y la pesca, además, señalan que son terrenos baldíos sobre los cuales aún no hay una determinación judicial que los obligue a desalojar.
Actualmente, “existe una sentencia de la Corte Constitucional (7318 del 06 de junio del 2018), que reconoce los territorios ancestrales de la etnia Zenú, basados en un título de la colonia y de los cuales los ganaderos intentan apoderarse” afirmó el gobernador indígena, Pedro Rebolledo en el medio citado.
Por su parte, el defensor de derechos humanos y Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), Rodrigo Ramírez Salazar afirmó a La Vorágine que “en el río San Jorge, donde se está dando una conflictividad que está dejando a indígenas y campesinos amenazados y asesinados, en medio de la total impunidad. La masacre es apenas uno de estos hechos”.
Según versiones recolectadas por La vorágine, el capitán indígena Carlos Arturo Valerio Betín comentó que “días antes de la masacre hombres armados merodearon los terrenos intentando desalojar a la comunidad. Uno de ellos se quitó el sombrero y se puso una gorra del Gaula del Ejército. Quemaron ranchos y tumbaron casas de tabla. Aunque parecía operativo no tenían orden judicial”, dijo Valerio al medio citado.
Vorágine también dio a conocer en su publicación que, días antes de la masacre, en medio de los conflictos entre indígenas y ganaderos, aparecieron unos panfletos firmados por el Bloque Virgilio Peralta, perteneciente al grupo paramilitar Los Caparros. En la misiva amenazaban de muerte a los indígenas reclamantes de las tierras.
Después de la masacre también circularon panfletos, pero esta vez firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La comunicación extendió las amenazas contra líderes indígenas, organizaciones sociales y movimientos políticos como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Colombia Humana.
Según diversos informes institucionales sobre el pueblo Zenú señalan que” latifundistas dedicados a la ganadería extensiva se han apoderado de los terrenos, incluso drenando los cuerpos de agua, aprovechando la ausencia de las autoridades ambientales y señalan a los indígenas de robo del ganado”
Por su parte, el senador Wilson Arias también ha advertido sobre el Decreto 902 que hace parte del Proyecto de Ley de Tierras el cual “contiene modificaciones al manejo de predios baldíos que flexibilizan los criterios para su adjudicación a los latifundistas”.