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Luego de que el juzgado quinto administrativo de Cúcuta le ordenara a la Policía la suspensión del uso de pistolas Taser (eléctricas) en sus operativos. La institución decidió solicitar la nulidad de esta decisión.
La tutela habría sido presentada por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos en medio de los recientes abusos cometidos contra la ciudadanía por parte de la fuerza pública como fue el caso de Javier Ordoñez, el abogado recibió indiscriminadas descargas eléctricas con estas armas a manos de dos agentes de la policía antes de su muerte.
En una entrevista para Revista Semana, uno de los accionantes de la tutela y defensor de DD.HH., Javier Pertuz manifestó que “durante seis años, estas armas consideradas no letales vienen siendo utilizadas por la Policía en las manifestaciones, en las marchas, las mingas, etc., pero el caso de Javier Ordóñez visibilizó las situaciones que se presentan cuando se aplican en los procedimientos este tipo de armas. Nos dimos a la tarea de investigar y encontramos que la ONU de la cual Colombia hace parte, les solicitan a estos países que se abstengan del uso de estas armas”
Y, agregó “otras organizaciones internacionales plantean que además de violar los derechos humanos, la aplicación de estas armas se convierte en tortura. Nosotros en la tutela invocamos el derecho a la vida. Este fallo es histórico y convocamos a congresistas para dar cara a esta discusión”
Las organizaciones a cargo de la tutela también manifestaron que, a pesar de considerar que este es un fallo histórico, han decidido emplear nuevos recursos como la impugnación porque la orden de suspender las armas taser debe ser para todo el territorio nacional más allá del departamento de Norte de Santander