por: Daniel Rojas Medellín
Durante la campaña presidencial del 2018 los sectores políticos que -en apariencia- ganaron las elecciones hicieron enormes esfuerzos para inducir en los electores miedo sobre la posibilidad de triunfo del programa de la Colombia Humana, entre las falacias, generalizaron la idea de que era enemigo de la iniciativa privada. La historia recorrida hasta el día de hoy revela el engaño, el proyecto de presupuesto que será aprobado por las comisiones económicas del Congreso en primer debate, demuestra que el desprecio por el sector privado proviene de las fuerzas que gobiernan.
En este espacio y en las redes sociales de este opinador, se ha insistido en ver al Presupuesto público del 2021 desde la perspectiva de la herramienta de política fiscal más importante en tiempos de crisis para contribuir a la recuperación por el lado de la demanda, más allá de las asignaciones presupuestales, los datos deflacionarios que se relacionan con el desempleo y con la quiebra de empresas obligaban un aumento significativo del monto.
Como era de esperarse el gobierno se negó rotundamente a aumentar el monto apoyado en la creencia de que la política fiscal debe centrarse únicamente en restringir el gasto público tanto como sea necesario para acercarse por lo menos en 3 puntos al esquivo superavit fiscal. A esa política de austeridad, la ideología dominante ha osado en llamarle disciplina fiscal, con la intención de que todo lo que se piense por fuera de esa premisa suene a indisciplinado, así adoctrinan a los economistas en la idea de que el déficit público es indeseable. Imponiendo una sola visión de la política económica.
La supuesta disciplina consiste, en la práctica, a responder a los intereses de los acreedores de la Nación mediante el aumento desmesurado de la deuda y por supuesto a garantizar el pago cumplido de la misma sacrificando lo que haya que sacrificar; de esa idea deviene la famosa regla fiscal, una limitación en el gasto que desde que comenzó a aplicarse en 2012, sólo ha provocado que la deuda pública haya pasado del 32,4% del PIB, al 54,3% PIB en 2019 y al 66% en 2020. La disciplina tampoco ha servido para obligar a una política contracíclica y aunque esté suspendida, el sesgo ideológico de la regla se mantiene vigente siempre que el Ministro de Hacienda obligue a mantener restricciones presupuestales en momentos de crisis como el actual.
La austeridad del gasto público afecta en consecuencia a la demanda privada de hogares y empresas, al sacrificar gasto para garantizar compromisos con la banca el gobierno reduce la capacidad de consumo privado. Esto se entiende mejor cuando se recuerda una sencilla identidad contable que olvidan algunos tecnócratas: <<El gasto de unos es el ingreso de otros>>, en un ejemplo, el gasto en el pago de un maestro es el ingreso de una familia, o en otras palabras, una situación de déficit para unos es una situación de superávit para otros, se deduce entonces que el déficit público no es bueno ni es malo, es más que eso, una herramienta que hay que usar en la economía. Punto.
Las altas tasas de desempleo y el cierre de Micro y pequeñas empresas, implican que en principio el sector privado está teniendo que acudir al desahorro y a la deuda, en el peor de los casos a la mendicidad o al hurto. Así pues, si el deseo del gobierno es rescatarles, debería obedecer a Senadores de la oposición como Wilson Arias o Gustavo Petro que han propuesto paliar el déficit privado mediante el uso eficiente del déficit público, financiando la producción nacional en renglones clave de la economía de la forma en que se ha emitido dinero para dar liquidez al sector financiero, en este caso, otorgando a los bancos el poder de crear dinero mediante créditos acotados por principios inmorales.
La negativa del gobierno a hacer lo correcto está estrangulando al sector privado, lo está llevando al límite deficitario ya que la capacidad de ahorro de una familia o de una empresa no es infinita como tampoco su capacidad de endeudamiento. El déficit público, por el contrario se hace preferible en la medida que tiene márgenes mucho más amplias, los Estados a diferencia de las Mipymes tienen la bondad de contar con su propio banco, de hecho, los gremios vienen denunciando que las empresas pequeñas no están siendo sujetas de crédito por la banca privada; la restricción de liquidez está destruyendo el tejido empresarial del país.
Proteger la iniciativa privada implica recuperar los más de 5 millones de empleos destruidos desde el inicio de la crisis. La negativa del gobierno a subsidiar las nóminas de las empresas y a garantizar la renta básica de 9 millones de hogares vulnerables, exhiben un claro sesgo antiprivado; basta con reconocer algo tan básico como que el sector privado no lo componen únicamente los bancos, sino también las pequeñas empresas, los emprendedores, los hogares. La crisis entonces resolvió otro engaño y sacó a flote a los verdaderos enemigos de la iniciativa privada.
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