jueves, febrero 22

Allanan residencias de varios integrantes de la Colombia Humana

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El movimiento Colombia Humana denunció varios allanamientos realizados por la Policía Nacional contra varios de sus integrantes en Bogotá, Soacha y Villavicencio.

Al parecer, la Policía adelanta un operativo denominado ‘21N’ en el que busca supuestos responsables de alterar el orden público en las recientes manifestaciones contra el abuso de la fuerza pública llevadas a cabo los días 9, 10 y 11 de septiembre, que dejaron varias personas muertas y heridos en la capital.

Según las versiones de los miembros de este movimiento, la Policía procedió con las capturas de Greissy Perilla y Justo Villarraga, un profesor de 73 años, quien desde hace un tiempo lídera una veeduría ciudadana por el metro subterráneo y al parecer padece cáncer.

“Los policías se presentaron sin ninguna orden y solo dejaron sus números telefónicos”, afirmó una familiar de los capturados.

Dentro de los elementos incautados están un computador y varias camisetas.

Esta mañana, la congresista Ángela María Robledo señaló, a través de su cuenta de Twitter que “Hoy parece será un día de más falsos positivos judiciales. Informa la Fiscalía y Policía que adelantarán operativos de allanamiento y captura a ‘infiltrados en marchas y protestas’.”

El líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro también se pronunció al respecto “Han allanado las casas de varios militantes de Colombia Humana y la fiscalía se ha llevado camisetas de la campaña”

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación señaló que van cuatro detenidos por la DIJIN de la Policía, por presuntamente auspiciar actos vandálicos en las manifestaciones ocurridass en Bogotá y denominó como “células terroristas urbanas” a supuestas escuelas de Resistencia Civil, Uniones Solidarias y Comandos Urbanos organizadas por disidencias de las FARC

Los integrantes de esta colectividad esperan que la Fiscalía muestre a la opinión pública las pruebas que tienen contra las personas involucradas y temen que las actuaciones de las autoridades obedezcan a falsos positivos judiciales que desvíen la atención sobre el abuso de la fuerza durante las manifestaciones sociales

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