Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas
La unión de la pareja es un instinto natural, en tanto que la formalización por vía de matrimonio –ya sea por ley canónica o civil– es la consecuencia de que uno se quiera valer del poder del Estado para dominar al otro.
Hemos estado pensando que esto de escribir columnas para internet es menos rentable que hacerlo en papel, por eso creemos que el negocio al cual podemos dedicarnos a partir de ahora es fabricar aviones de papel. Ustedes se preguntarán para qué. Pues es muy sencillo. Como la Policía anda comprando toda clase de aviones, ¿quién quita que nos crean y terminen comprándonos nuestros avioncitos de papel para que por medio de estos comuniquen las noticias buenas? Broma al margen, nos duele ver cómo a una institución relativamente pobre como es la Policía Nacional la ordeñan hasta sacarle la última gota y con lo obtenido se compran aviones de lujo dignos de celebridades para transportar al generalato.
–Por otro lado– Estamos sorprendidos con los últimos adelantos de los científicos. Por estos días anda de moda la inteligencia artificial y creemos que es necesario dotar de ella a los miembros del actual Congreso, pues después de escuchar en algunos debates a personajes como Miguel Polo Polo –el Manguito remozado–, o a los defensores de Rodolfo Hernández, concluimos que hay curules vacantes de cerebro. Habrá que cultivar las herramientas de inteligencia artificial y promover su uso entre algunos grupúsculos de derecha que insisten, contra toda evidencia, en que vivimos en dictadura al tiempo que gobierna el presidente más votado en la historia de nuestro país. Lo único grave de la inteligencia artificial es que para alimentarla se requiere de la inteligencia natural y careciendo de esta, poco puede esperarse de aquella. Ello quiere decir que a nuestros políticos les resultará de poca utilidad la inteligencia artificial, dado que carecen de la capacidad natural de la que depende.
Volvió a salir al baile nuestra amiga cannabis sativa, conocida también como cáñamo indio, marihuana o mona; la misma que ponía a bailar a una cucaracha en México –la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana para fumar–. Se puso de moda en el Congreso colombiano mientras que afuera todo el mundo dice que con ella no se metan, que se la fumen –o se la metan–, pero que con ella no se metan. Nosotros coincidimos y consideramos que es igual de dañino el traguito de los viernes al cachito de entre semana.
Aplaudimos a los congresistas que fueron capaces de reconocer su consumo y que no se escondieron tras la hipocresía de ciertos líderes políticos para quienes lo único que es verdaderamente dañino es hablar mal de ellos. Curiosamente esos individuos pacatos y mojigatos son los mismos que no alzan una ceja ante los más deleznables actos de corrupción, defraudación y violencia. Que alguien se atreva a explicarnos dónde hay pecado o delito en el consumo de marihuana, porque nosotros no vemos ninguno de los dos. Y ya que hablamos de estos, ¿se han preguntado cuál es la diferencia entre el pecado y el delito? No se rompan el coco, es fácil: la diferencia está en que no hay pecado culposo, ya sea mortal o venial, el pecado siempre es doloso en tanto consiste en pensar, desear o actuar. Los dejamos por ahora con sus pecados para ver qué piensan de todo esto la semana entrante.
Y ya que andamos por el Capitolio, le hemos estado siguiendo los pasos –no por acoso sino por admiración– a nuestra ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez (@GloriaRamirezRi), y estamos seguros de que ella es la estrella del gabinete, como se ha dicho en algunos círculos. Si nos piden calificación en este momento le daríamos un cinco aclamado (clap, clap, clap). Gloria Inés ha comprendido y convencido a las partes interesadas de que lo que beneficia al trabajador no necesariamente afecta al patrono o a la industria y ha puesto de manifiesto la urgencia y la bondad de la reforma laboral.
Cambiando de tema y con el respeto que nos merecen quienes así piensan, para nosotros la mayoría de los influencers de TikTok –o de cualquier otra red social– no son más que hablapajas. El hecho de que tres o cuatro personas cometan el desaguisado de mencionarlos no los convierte en periodistas o teóricos políticos. Dicen una que otra cosa por semana y se creen “voces autorizadas” –como si eso existiera–, aptos y en condiciones para ser congresistas, ministros o magistrados de las altas cortes. Nos han informado que, previo acuerdo entre el cielo y el infierno, se llegó a un compromiso de no permitir que entrara la red social Twitter a cualquiera de los dos lugares, porque donde quiera que esté contaminará a quienes allí residen. Así pues, ¡que viva el cielo y que viva el infierno por la dicha de no tener internet!
Esta semana leímos una información en la prensa, no en TikTok, para ser exactos en El Espectador, sobre unos programas de cibervigilancia que la fuerza pública pretende adquirir para acrecentar la capacidad de inteligencia de sus órganos, con lo cual volvemos al comienzo de este artículo: la inteligencia artificial solo le sirve a aquella inteligencia natural que es capaz de producir para aquella, pero la estupidez natural no se puede alimentar de la inteligencia artificial.
Adenda: en las películas de policías, cuando un uniformado no da pie con bola en el cumplimiento de sus funciones suelen degradarlo, siendo la peor ofensa ser enviado a la calle a poner multas de tránsito. Germán le preguntó una vez a un policía en Michigan por este asunto y la respuesta le dejó súpito: la razón por la cual resulta ofensiva esta asignación es porque quienes no sirven para absolutamente nada más dentro del cuerpo de policía son enviados a esa dependencia, pues no exige ninguna habilidad, calidad o conocimiento particular. Eso es en Estados Unidos, ¿será que por acá se piensa lo mismo?
Sería bueno que nos explicara la secretaria de movilidad cuál es la bronca con los residentes del barrio La Esmeralda en Teusaquillo. Cada vez que un conductor se detiene por unos minutos en la vía aparece, como por arte de magia, una grúa con policía a bordo, listo y dispuesto a llevarse ilegalmente los vehículos estacionados. Y decimos ilegalmente porque no hay una sola señal de prohibido parquear en Bogotá que cumpla con los requisitos previstos en la Ley 2252 de 2022, a saber, que indique “los días y horas en los cuales opera la prohibición”, sin lo cual “carecerán de validez la imposición de comparendos por estacionar en zona prohibida”.
Adenda dos: al cierre conocimos una denuncia de Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, en la que se advierte del uso indebido de recursos públicos con el propósito de publicitar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a la administración que ella dirige. La cifra que se informa en la denuncia excede cualquier estimación razonable, habría llegado a un billón de pesos en los tres años que lleva en el cargo, todos recursos del erario. Imagínense en cuánto estará el número para cuando llegue el anhelado día en que abandone el Palacio Liévano. Grita honestidad.
Coletilla a cargo del doctor Mauricio Martínez, profesor de criminología en la Universidad Nacional de Colombia, extraída de su columna semanal en El Nuevo Día: “En resumen, el proyecto [de humanización de la política criminal, presentado por el gobierno] defiende lo que tantas sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, así como la ciencia (por ejemplo, lo que ha dicho la Comisión de Política Criminal de 2012, integrada por brillantes penalistas y criminólogos del país) han reiterado: que nuestra política criminal carece de fundamento científico y empírico por dejarse orientar por políticos inexpertos que tratan temas de seguridad solo en la medida en que ello ofrezca réditos electorales y por eso proponen grilletes medievales en los tobillos –como la alcaldesa de Bogotá–; detenciones sin formalidades constitucionales; echarle la culpa a la justicia o implementar la cadena perpetua –como el gobierno precedente–.”
Hasta la próxima semana.
