Minjusticia expone las bases del proyecto de ley que busca resocializar privados de la libertad

El Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro Néstor Ozuna, presentó, a partir de un comunicado, las bases del proyecto de ley que busca restablecer el derecho a las víctimas y favorecer la resocialización de las personas privadas de la libertad.

Con el fin de socializar la iniciativa y explicar sus alcances, la cartera expuso el borrador del proyecto de reincorporación social de los condenados bajo los principios de la justicia restaurativa, con el cual se apuesta a “evitar la reincidencia”.

“Preferimos que el debate se dé sobre bases ciertas. El proyecto de ley que vamos a radicar en el Congreso no es un proyecto de excarcelación ni muchísimo menos un proyecto de impunidad”, dijo en principio el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la socialización del proyecto que se realizó en sesión virtual con los gobernadores y alcaldes este miércoles.

En ese sentido, explicó que la persona privada de la libertad, siempre que tenga una conducta ejemplar en prisión, podrá progresivamente irse reincorporando a la sociedad a través de la obtención de permisos que serán ordenados unicamente por jueces.

“La diferencia está en el dinamismo con que se espera que funcione: si la persona condenada cumple los requisitos irá obteniendo permisos cada vez más progresivos hasta el final de su tiempo en prisión. Pero, si se incumple en cualquier momento se acaban las posibilidades de acceso a los permisos” puntualiza el documento. 

Según se expuso, no podrán solicitar la suspensión de la ejecución de la pena y la detención domiciliaria como alternativa a la prisión ningún condenado por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes ni los condenados por delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Además, están exentos los condenados por graves violaciones de los derechos humanos, contra la administración pública, por delitos cometidos por la criminalidad organizada o delitos graves de seguridad ciudadana.

Adicionalmente, casos como la extorsión o el hurto con violencia sobre las personas o los atracos que tanto preocupan por el riesgo que corren los ciudadanos, no estarán cobijados con esta medida.

El documento señala que  este «no es un proyecto para conceder rebaja masiva de penas. Tampoco es un proyecto de impunidad ni de excarcelaciones”. En ese sentido, se propone que se quiten cargas al sistema judicial, se atienda el déficit del acceso a la justicia y se mejore la capacidad efectiva de los sistemas penal y penitenciario. “Además, abre la puerta a la conciliación en materia penal en centros de conciliación, consolidando así vías rápidas para la terminación de conflictos».

No obstante, quien incumpla los acuerdos que le permitieron acceder a los permisos de una cárcel abierta enfrentaría un nuevo proceso penal  por fuga de presos.