Por: Heidy Sánchez
Bogotá inició el 2023 con uno de los escándalos más resonantes de la administración de la alcaldesa Claudia López. Ella, quien se autodenomina la principal luchadora contra la corrupción, le ha correspondido salir a dar declaraciones por las presuntas irregularidades en la adjudicación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de un contrato de más de $41.000 millones para la administración de los cementerios en la ciudad y por la cual, de acuerdo con la denuncia, se pagaron coimas por cerca de $1.500 millones a funcionarios de alto nivel de la administración y que, presuntamente, habría involucrado miembros del Concejo de Bogotá. Estos hechos ya se encuentran en conocimiento por parte de las autoridades competentes que deben proceder con celeridad para el esclarecimiento de la situación.
Esta turbulenta denuncia generó la renuncia de la directora de dicha entidad, Amanda Camacho, denotando una profunda crisis institucional del Distrito frente a los servicios públicos en la ciudad, que viene desde la suscripción de concesiones beneficiosas para los operadores privados en el gobierno de Enrique Peñalosa, lo que hoy tiene a la ciudad inmersa en pleitos jurídicos, y con la percepción de suciedad por parte de la ciudadanía. Es por esto por lo que queremos centrar el análisis de la situación del servicio de aseo en Bogotá en dos aspectos fundamentales que, a nuestro parecer, son los de mayor impacto para la comunidad de la ciudad, lo relacionado con el cobro y facturación, y el servicio de recolección, barrido y limpieza.
Si bien la suscripción de la concesión para la prestación del servicio público de aseo se dio en la anterior administración, que en los contratos eliminó de la licitación el metro cúbico gratuito o castró la posibilidad para que la empresa pública pudiera competir en el mercado, existen varios elementos que llaman la atención frente a la responsabilidad del gobierno distrital actual y que vienen afectando al usuario. Una de ellas es la necesidad de aclarar por qué el cambio en la facturación, el cual solo ha beneficiado a los operadores, pasando, en algunas circunstancias, de un cobro bimensual a un cobro mensual. Es decir, el servicio de aseo se cobraba junto con el servicio de agua que es un cobro bimensual, ahora, en algunas zonas de la ciudad el servicio se cobra junto con el de la energía que es mensual, lo que en muchos casos ha duplicado el valor que se pagaba inicialmente.
Si bien el argumento expresado por los operadores es la necesidad de “actualización de usuarios” a los que se les presta el servicio, consideramos que existe una presunta negligencia por parte de la UAESP, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Contraloría frente a este proceso, ya que bajo ese discurso se generó un aumento de “usuarios” a los que se les cobra el servicio, pero que en muchos casos no representa mayor costo operacional para los privados o un aumento en el volumen de recolección de residuos. En resumen, en muchos casos duplicaron el cobro (de bimensual a mensual), aumentaron el número de personas a quienes les cobran, pero el servicio es el mismo; qué gran negocio.
Hay que destacar que este gran negocio se hace con anuencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, entidad encargada de dictaminar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y que ha sido fuertemente influenciada por los operadores privados a nivel nacional. Dicha entidad, expidió la resolución 720 de 2015[1] donde establece el régimen de regulación tarifaria incluyendo factores como el pago a los usuarios de un costo fijo más costo variable donde se incluye el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, lo que ha generado un aumento indiscriminado de los costos del servicio de hasta el 80% en algunas localidades. Un ejemplo de ello es lo que se presenta en Teusaquillo, donde desde la entrada en vigencia de la mencionada resolución se ha incrementado la tarifa en más de un 61.60% para la población de estrato 6 de esta localidad y cerca del 84.22% para estrato 1, es decir, la variación sobre el valor tarifario afecta en mayor medida a los estratos con menores ingresos.
En ese sentido, el anuncio del gobierno nacional de que el Estado tome el control de las comisiones de regulación de servicios públicos es una deuda con los usuarios que históricamente han sufrido los abusos por parte de las empresas privadas y que desde las entidades territoriales se lavan las manos escudándose en las normas nacionales. La justicia tarifaria debe ser un principio para la nueva sociedad.
Otro tema de importancia para abordar es la percepción de suciedad que hay en la ciudad, que debe tratarse desde la complejidad de lo que implica el barrido, limpieza de vías y áreas públicas como responsabilidad de los operadores, por esto queremos citar la norma que rige el tema, el Decreto 1077 del 2015 del Ministerio de Vivienda, que dice que la actividad del servicio público de aseo consiste en “(…) el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado (…)”. Allí, la discusión entre UAESP y los operadores privados cobra mayor relevancia ya que al parecer no hay un consenso en las zonas y el valor a pagar en términos de área o kilómetros por barrido y limpieza de la vía y área pública, lo que ha conllevado a procesos jurídicos.
Ahora bien, el citado decreto indica las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de estas zonas, que deben ser al menos dos (2) veces por semana o la frecuencia que se señale en el respectivo PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos). El PGIRS vigente al momento de la firma de los contratos de concesión (2018) planteaba un “aproximado” de área y kilómetros a ser atendidos, así como frecuencias en puentes peatonales y andenes de un barrido por semana lo que iba en contrariedad a la norma nacional y que conllevó a la actualización del PGIRS en el año 2020. Es decir, Peñalosa suscribió contratos de concesión que incumplían la norma nacional.
Al respecto la Superservicios se pronunció mediante concepto 313 del 2018 indicando que como componente del espacio público se deben incluir los andenes y aceras como parte de este a la hora de identificar o delimitar adecuadamente la prestación del servicio y se incorpora a la definición del servicio de barrido y limpieza de este mismo concepto. Lo cual no se está haciendo por parte del Distrito a través de su documento PGIRS, y que afecta también en últimas el cumplimiento de las frecuencias conforme la norma previamente mencionada.
Posteriormente, con el Decreto 345 de 2020 que modifica el PGIRS, se enuncia con total claridad que el 100% de las áreas y vías públicas deben ser atendidas y se adiciona un anexo cartográfico en donde se delimitan. Sin embargo, la evaluación de dicha cartografía deja ver que al parecer quedan por fuera áreas y vías públicas por lo que el servicio no se prestaría en un 100%.
El PGIRS actual sigue con la inconsistencia ya planteada. El problema de lo anterior radica en que esta anomalía impide una interventoría adecuada respecto de las obligaciones de los operadores y con ello la atención a las quejas de los usuarios por falta de cumplimiento en las mismas, puntualmente en lo que tiene que ver con barrido y limpieza de espacio público. Estas “inconsistencias”, que deberán ser corregidas en lo inmediato ya que de lo contrario se prolongarán por la vigencia de la concesión, es decir, hasta el 2026, conllevan a nuestro parecer dos dificultades: la primera, que puedan existir zonas públicas en la ciudad que no están siendo atendidas por los operadores privados y, la segunda, que se esté realizando un cobro a los usuarios que no se está viendo reflejado en mejorar las condiciones de aseo de la ciudad. Es decir, el rubro que pagamos todas y todos los bogotanos por barrido y limpieza que aumenta los costos en nuestras facturas, al parecer se está yendo a los privados y no hay control al respecto.
Bajo este panorama, hacemos el llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que haga un control a los cobros y ordene, de ser necesario, devoluciones por aplicación incorrecta de las metodologías tarifarias que se encuentren vigentes. Finalmente, es importante que el Distrito considere retomar el sistema de operación del servicio de aseo, en donde las empresas públicas que son patrimonio bogotano generan no solo ingresos a la ciudad, sino con ello se permite controlar y regular el abuso tarifario que se presenta por parte de las empresas privadas.
En resumen, consideramos que las acciones para superar la problemática son:
- Socializar con la comunidad el método de facturación y revisar si existen inconsistencias o duplicidad en cobros.
- Revisar y adecuar el PGIRS y ajustar los contratos frente al barrido y limpieza de áreas y vías públicas, así como la atención de los puntos críticos.
- Articulación entre UAESP y operadores privados frente a campañas de educación ambiental sobre el manejo y disposición de residuos.
- Instar al Gobierno Nacional para reformular la Resolución 720 de la CRA que ha sido nociva para los usuarios.
- Fortalecer la empresa pública que permita ser competitiva y brinde un servicio de calidad a menores costos al usuario.
- La cual tenía vigencia de 5 años contados a partir del primero de abril de 2016. ↑
