Contraloría inicia auditoría de cumplimiento de una sentencia que reclama por derechos fundamentales en la comunidad Wayuu

El contralor general, Carlos Hernán Sierra, anunció que se iniciará una auditoría de cumplimiento de una sentencia proferida por la Corte Constitucional donde le reclama al Estado por los derechos al agua, salud y alimentación de la comunidad Wayuu, ubicados en el departamento de La Guajira. 

Así la cosas, la cabeza del órgano de control aseguró que este proceso de seguimiento se realizará durante el primer semestre de este año y la comisión estará integrada por la contraloría delegada de inclusión social, la gerencia departamental colegiada del departamento y las delegadas para el posconflicto. 

De acuerdo como lo detalló Infobae, la decisión tomada por la Contraloría obedece a una serie de letras y hallazgos encontrados por el mismo ente, uno de los más cercanos fue el reporte de incumplimiento de compromisos del Plan Nacional de Desarrollo en los periodos de (2018 – 2022) en el cual se tenía pensado un mejoramiento a la situación nutricional de los grupos étnicos y en especial de la niñez indígena.  

En ese sentido, en la misma denuncia el órgano de control informó que detectó 30 hallazgos fiscales por la suma de $132.025 millones de regalías en La Guajira, de ese total el 95% fueron declarado “de impacto nacional”, así las cosas, determinaron la falta de planeación en las obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas e infraestructuras en mal estado o mal construidas.

Otro de los descubrimientos que determinó la Contraloría se encuentran más de 14 mil millones de pesos que están detrás de proyectos de construcción y adecuación para escenarios recreativos que estaban destinados para zonas rurales y urbanas del municipio de Jagua del Pilar, en La Guajira, que a pesar de ser entregado no puede ser usado por la comunidad debido a su condición de abandono.