ONIC denunció que el 2022 fue el año más violento para las comunidades indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) publicó su informe anual, allí se evidenció un recrudecimiento de la violencia y del conflicto, especialmente en territorios ancestrales en lo corrido del 2022 y desde la firma del Acuerdo de Paz, hace seis años.

Siguiendo el registro presentado por ONIC, el 2022 no fue un año donde cesaron las agresiones en contra de los pueblos indígenas, el registro dio cuenta de la grave crisis humanitaria que viven las comunidades ancestrales debido al control del territorio, las rentas derivadas del narcotráfico y la extracción de recursos naturales.

Así las cosas, el informe detalló que hubo 453.018 víctimas en el 2022, siendo el confinamiento, el desplazamiento forzado y el hostigamiento las acciones que agudizaron las violaciones de derechos humanos de estas poblaciones, mientras que, hubo 8.183 indígenas que fueron desplazados forzosamente. 

También relató el informe, que cerca de 3.544 personas fueron víctimas de otros tipos de violencia tales como: menazas, abandono estatal, afectación del territorio, reclutamiento, homicidio, abuso sexual, extorción, omisión por parte del Estado por desnutrición y salud, desaparición, entre otros.

Los pueblos indígenas siguen en resistencia al riesgo inminente de exterminio físico y cultural, debido a la crisis humanitaria que enfrentan desde tiempo atrás”, resaltó la ONIC. Las afectaciones también incluyen daños a la salud física y emocional que terminan “acabando con el legado cultural e histórico de los pueblos originarios” , agregó el informe.

En ese sentido, los pueblos que resultaron con mayor número de afectaciones y violaciones a derechos humanos fueron: el pueblo zenú (238.010 víctimas de confinamiento); emberá (148.703 por desplazamientos o restricción en la movilidad); awá (12.465 desplazamientos masivos y hostigamientos). 

La organización reconoció que las cifras dejan un “sin sabor” y dejaron algunas recomendaciones al gobierno y sobre todo para que en el Plan Nacional de Desarrollo (2022 – 2026) se construya una política pública integral para la población indígena para que tengan accesos a los derechos fundamentales.