Organizaciones de derechos humanos solicitan que se acabe la criminalización en contra quienes participan en protesta social

Varias entidades que defienden los derechos humanos, organizaciones sociales y abogados apoyaron el accionar de la jueza que dejó en libertad a dos jóvenes que fueron capturados durante la protesta social y que fueron designados como voceros de paz, aseguraron que la togada actuó en el marco del mandato de la Ley 2272 de 2022. 

Las organizaciones sociales se manifestaron luego de que el 5 de enero de este año, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación llegaran a las instalaciones de Paloquemao a realizar una inspección, que hizo parte de la investigación que se adelanta a la jueza Lilyan Johana Bastidas. 

Es preciso mencionar, que este procedimiento se hizo como parte de una petición realizada por la Procuraduría General de la Nación ante el Consejo Superior de la Judicatura, el ministerio público consideró que hubo una supuesta irregularidad en la liberación de dos jóvenes que fueron nombrados como voceros de paz.  

Teniendo en cuenta la Ley 2272 de 2022 que contempla la designación como voceros de paz a personas que no hacen parte de organizaciones armadas para que puedan aportar en torno a la paz, según esta, se puede realizar la suspensión de las medidas de aseguramiento sin que esto implique la absolución del proceso. 

Cerca de 38 organizaciones defensoras de derechos humanos firmaron la misiva de rechazo a las acciones tomadas por la Procuraduría y la Fiscalía, señalando que estas investigaciones representan un acoso por parte de la procuradora y a su vez, una ataque a las personas que asisten a la protesta social. 

El acoso promovido por la procuradora Margarita Cabello y la Fiscalía General de la Nación hace parte de la estrategia de oposición desde la función pública que dejó el Centro Democrático y representa un ataque contra la protesta social, la paz y todas las personas que promuevan transformaciones sociales” señala un fragmento de la misiva. 

Las organizaciones que firmaron el documento aseguran que la apertura de investigación de la jueza es una medida, que constata un nulo esfuerzo de esclarecer las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el estallido social que fueron cometidos por la Fuerza Pública y las cientos de detenciones arbitrarias. 

Por último, instaron al ente investigador y al de control para que direccionen sus esfuerzos en investigar las distintas prácticas de violencia estatal en contra del movimiento social y población en general, que participaron en espacios de protesta durante el denominado estallido social.