JEP investigará los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con grupos paramilitares

 La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denominó a este nuevo caso a investigar cómo: “crímenes cometidos por la Fuerza Pública otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o relación directa o indirecta con el conflicto armado en Colombia”. 

De Acuerdo con el documento, la investigación se basó en los territorios más críticos en donde preliminarmente se concentró la investigación y son: Gran Magdalena, (Cesar, Guajira, Magdalena); los Montes de María; Antioquia y Magdalena Medio. 

A través de este caso, la JEP investigará los hechos más graves que no están incluidos en los casos abiertos desde el 2019  “Es decir, todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos”. 

Por parte de las investigaciones realizadas por la JEP, que arrojaron cifras preliminares que indican que hay 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, 56.502 adjudicados a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado. 

A su vez el informe preliminar señaló, que los principales crímenes atribuidos a la agentes del Estado fueron: homicidios con 8.345 casos, desplazamiento forzado 2.904, amenazas 1.638, tortura 1.249 y desaparición forzada 1.136 casos. 

“Con este nuevo caso la JEP pasa de una priorización por conductas criminales a una por actores. En ese sentido, investigar la desaparición forzada de manera aislada de los asesinatos selectivos, masacres y el desplazamiento forzado truncar las posibilidades del esclarecimiento de la verdad y la identificación de ataques amplios a la población civil” asegura el documento expedido por el tribunal. 

El tribunal determinó los patrones criminales identificados en la indagación de este nuevo caso, aquí nombraremos y explicaremos los tres hallados: 

 

  1. Bajo justificación contrainsurgentes: “Agrupa los hechos que guardan relación con las motivaciones denominadas por la Fiscalía como la “radicalización de la lucha contrainsurgente y estigmatización de la población civil”. 
  2. Para favorecer intereses económicos particulares: son hechos que están motivados por el control de los intereses económicos del territorio, sus riquezas y el acaparamiento de tierra de pobladores rurales. 
  3. Por el control de la función pública: Buscaba la captura de rentas provenientes de la administración estatal para el fortalecimiento de la estrategia de expansión de estructuras paramilitares. 

En síntesis, la apertura de este caso representa una especial contribución a garantías de no repetición y desde luego, en la medida que pueda ser esclarecidas la motivaciones de los crímenes cometidos por la Fuerza Pública.