Esposa del fiscal Francisco Barbosa fue denunciada por violar el régimen legal de inhabilidades

Walfa Constanza Téllez Duarte, esposa del fiscal general Francisco Barbosa, enfrenta una denuncia por un contrato con una empresa a la que le hacía control fiscal cuando era delegada de la Contraloría. Como Barbosa tendría que declararse impedido su caso será investigado por Javier Cárdenas, el mismo fiscal que tiene en sus manos el caso del expresidente Álvaro Uribe Velez y quien pidió nuevamente su preclusión

Según revelaciones del periodista Daniel Coronell, cuando Walfa Téllez ejercía como contralora delegada para el medio ambiente en 2020 ella presentó un informe de auditoría sobre la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre y Canoas, construida para limpiar una parte del río Bogotá, del que salieron varias observaciones.

Meses después de entregar el informe, Walfa se convirtió en la directora ejecutiva de una fundación llamada Ríos Sostenibles que fue inscrita en la Cámara de Comercio, allí ella suscribió un contrato por 190 millones de pesos con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre Canoas para prestarle asesoría ambiental y jurídica,  la misma planta sobre la que ella ejercía control fiscal como delegada de la Contraloría 6 meses atrás.

Esto podría ser catalogado como un conflicto de intereses bajo el Código Disciplinario Único, pero también podría significar una violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades que establece una pena mínima de 4 años de prisión y una máxima de 12.

Luego de que este hecho fuera dado a conocer a la opinión pública por Coronell, la Fiscalía emitió un comunicado en el que señaló que “a pesar de la imprecisión de dicha denuncia”, la entidad asignó a Javier Fernando Cardenas Pérez, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia “un fiscal del más alto nivel jurídico en la institución, para que asuma hasta su culminación el conocimiento de la indagación”.

Es de recordar que, el pasado 1 de agosto, este mismo fiscal solicitó por segunda vez la preclusión del proceso contra el expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez, en la investigación que se le adelanta por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.