Por conflicto de intereses reinició la investigación del abogado de las víctimas de la masacre de Bojayá

La Comisión de Disciplina Judicial ordenó anular y reiniciar el proceso en contra del abogado de las víctimas de la masacre de Bojayá, James Mosquera, por un presunto caso de conflicto de intereses. 

De acuerdo a la ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro,  determinó que nunca se escuchó la versión de las víctimas y que ellos fueron engañados en su buena fe por el jurista. 

A su vez, señaló que el abogado que representó a las víctimas de la masacre de Bojayá, Chocó, ocurrida en el 2002, es señalado de un presunto caso de conflicto de intereses, porque en ese entonces su hermano, Manuel Palacios, era alcalde de ese municipio, según lo reveló El Espectador, se suscribió un contrato de asociación en el que se había acordado que del 30% de los honorarios que recibiría la defensa de las víctimas, el 10% sería para el bolsillo de Palacios, quien en ese momento fungía como alcalde.

Teniendo en cuanta la investigación realizada por la Comisión de Disciplina, afirmó que el proceso en primera instancia adelantando contra el jurista pudo corroborar, que no tuvo en cuenta a las víctimas en su investigación y según lo reveló el documento estas acciones “genera una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia, garantía fundamental contemplada en la constitución y en los diferentes instrumentos internacionales ratificados por Colombia”. 

Lo que se espera con la anulación y reinicio del proceso, es una participación amplia de las víctimas dentro de estos procesos disciplinarios y solo sería una medida justa si las familias participan de esto y reciben información para que sean involucradas en estos procesos.  

Es preciso recordar, que la masacre de Bojayá ocurrió el 2 de mayo de 2002, según las cifras entregadas por el Centro de Memoria Histórica, 80 personas entre ellos 48 niños murieron en medio de una disputa, luego que guerrilleros de las Farc lanzaran un cilindro de gas durante un enfrentamiento con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según la fuente antes revelada, esta masacre violó todas las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados, las fallas del Estado colombiano en su obligación por velar por la seguridad de esta comunidad, las secuelas de este ataque dejaron padecimientos en las comunidades que parecen no desaparecer.