La prisión y la dignidad humana

Luis Guillermo Pérez Casas

Defensor de derechos, promotor de la paz

“While looking back, I am also looking ahead”

Kathy Boudin

Kathy Boudin pasó 23 años en prisión, dedicando sus años de libertad a cuestionar el sistema penitenciario y a proponer las ventajas de la justicia restaurativa. Murió en mayo de este año, rindo homenaje a su memoria, desde la reexistencia evoco este mensaje escrito desde la cárcel  “Siento la preciosidad de la vida, su brevedad, su complejidad”.

Sintiendo este mensaje de Kathy Boudin, me sumo a la campaña “#9AñosSinRespuesta/ promovida por el Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, integrada entre otras por la -Corporación Humanas, De Justicia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos-   a la sentencia T-388 de 2013, en la que se denuncia que más de 97.000 personas privadas de la libertad en las cárceles y más de 20.000 en estaciones de policía viven con niveles altos de hacinamiento y otras afectaciones graves a su dignidad.

La sentencia que sigue sin ser cumplida constituye un gran reto para el actual gobierno y para el Ministerio de Justicia y del Derecho en particular, cita en uno de sus apartes “Como lo señaló el premio nobel Nelson Mandela, una sociedad no puede juzgarse por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino a sus ciudadanos marginados; entre ellos, por supuesto, las personas que están recluidas en prisión”.

 

En un país acostumbrado a las masacres, no ha causado la indignación necesaria la matanza de 23 prisioneros y los 86 heridos, el 21 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, ni los 51 muertos y más de 30 heridos por el incendio del 28 de junio de 2022 en la Cárcel de Tuluá. En país que por el liderazgo de su Presidente, Gustavo Petro Urrego, pretende convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, estas muertes no pueden quedar impunes.

 

Las cárceles en Colombia, a través del tiempo y por causa del hacinamiento, desafortunadamente se han convertido en un lugar hostil en el que constantemente las condiciones de dignidad humana se vulneran permanentemente.

En el mismo sentido, la orientación misional de los centros penitenciarios ha estado principalmente dirigida a la llana vigilancia de los internos, en el entendido que el funcionamiento de edificios, dotación y personal se encuentran preparados prácticamente para ese único fin, soslayando los propósitos de solidaridad, dignidad humana e interés general, de mayor valía para la nación colombiana -art. 1° C.N.-. De ahí que, la cárcel sea entendida y exhibida al público en tanto lugar para “deshacerse” de los “inadaptados”, resguardando de estos a los demás ciudadanos que sí acatan las normas; no obstante, tal concepción es tan errónea en un Estado Social de Derecho que, lejos de ser una solución a la criminalidad, se convierte en un problema de derechos humanos, salud y seguridad para los delincuentes, sus familias y comunidades.

Según las recomendaciones del Manual Sobre Estrategias Para Reducir el Hacinamiento en las Prisiones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es determinante al recomendar que los prisioneros no deben caracterizarse bajo criterios que impliquen su discriminación y trato degradante, por el contrario, requieren de un tratamiento que responda a la problemática que de plano los involucró en escenas delictivas, esto es, inversión social y bienestar económico.

A tal efecto, y en concordancia con el acápite anterior, los deberes a cargo del INPEC deben articularse con las preocupaciones que abordan a la sociedad: reducir la delincuencia, mejorar la seguridad en las ciudades, construir una sociedad pacífica. Tal objetivo de ninguna manera se alcanza a través de estándares en los que se permita pensar desde la estructura estatal, que la población carcelaria no merece igual modo de proceder con los demás sujetos sociales.

Por tal razón, la capacitación del talento humano del INPEC debe incluir en alta medida, cátedras de derechos humanos y comportamiento diferencial, mientras que la evaluación de su labor debe realizarse bajo indicadores multidimensionales que aborden principalmente la eficiencia en la garantía de las mínimas condiciones de vida digna y resocialización, no así por el nivel de represión sobre los internos que, valga precisar, la mayoría de ellos se unieron al delito a causa del empobrecimiento y falta de educación, causado porque el Estado no salvaguarda sus derechos económicos, sociales y culturales. En otras palabras, en procura de actualizar el objetivo de las entidades a cargo de las cárceles, no hay que perder de vista la profesionalización y enseñanza técnica de los guardias y, de esta manera, avanzar hacia una perspectiva institucional en la que los internos no sean vistos como “el enemigo” sino un sujeto que requiere dirección y apoyo estatal.

Por un lado, resulta vital que quienes ejercer el cargo de los ahora llamados “dragoneantes” tengan, además de la fuerza y el carácter para asumir la autoridad sin abusar de ella, conocimiento y experiencia en oficios y profesiones que puedan enseñar a los internos. A su vez, los cargos directivos deberán ser de naturaleza civil, es decir, que quienes han fungido en la Policía Nacional o el Ejército no podrán hacer parte de ninguna institución carcelario, a fin de afianzar la naturaleza restaurativa de las penas -Reglas Mandela- y el hecho de que el INPEC y USPEC se encuentran adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Aunque la presencia de policías en la dirección de estas instituciones tiene fundamento en que estos se encuentran cualificados para enfrentar un factible amotinamiento en los centros carcelarios, lo cierto es que su visión de seguridad se opone al propósito de resocialización, en la medida que pretende, desde el principio, reprimir a los reos. En su lugar, se itera, para enfrentar la crisis penitenciaria que enfrenta el país, debe optarse por la conjugación entre la educación y el trabajo de los internos, sin soslayar, claro está, la vigilancia propia de la privación de la libertad.

Ahora bien, como líneas atrás se mencionó, para que el cambio sea eficaz el desempeño de los guardianes debe adoptarse, a modo de política institucional, la evaluación permanente de los miembros del INPEC a fin de fortalecer las buenas prácticas y modificar las que no aportan a las dimensiones de diálogo social entre los internos y el resto de la nación, ni a la apuesta de la integración de estos una vez superen la reclusión. Asimismo, ha de impulsarse un régimen disciplinario que prevea los eventos típicos de corrupción en los que se ven involucrados los empleados administrativos y guardias, no solo para depurar la planta laboral, sino además como método pedagógico.

El personal penitenciario femenino deberá tener el mismo acceso a la capacitación que sus colegas hombres, y todos los funcionarios que se ocupen de la administración de los centros de reclusión para mujeres recibirán capacitación sobre las cuestiones de género y la necesidad de eliminar la discriminación y el acoso sexual.

Se espera que con tal cambio de paradigma, el bienestar de los trabajadores se vea reflejado en el respeto de los derechos de los reclusos y en la propensión por el correcto proceder frente a los derechos humanos que, se itera, debe reconocerse a quienes lo aplican con vocación y liderazgo.

Por último, la materialización del tratamiento penitenciario, en tanto elemento del sistema de justicia, requiere un acompañamiento de organizaciones independientes y órganos de control, especialmente la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, como garantías al cambio de lógica de la institución, logrando una veeduría al trabajo de la institución que permita identificar fallas y aciertos, para sí proceder a sus respectivas correcciones o refuerzos.

 

Garantías de Derechos Humanos para la población carcelaria.

El artículo 1° de la Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, y el reconocimiento de toda persona como un ser racional con capacidad de definir su identidad individual y fijar un propio plan de vida de acuerdo con sus experiencias. Lo anterior ha derivado en normas imperativas del derecho internacional como la prohibición de la esclavitud, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes – el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 5, 6 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-.

Lo anterior, en tanto Estado Social de Derecho exige al poder público la materialización de (i) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiere); (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien); y (iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). El goce efectivo de tales prerrogativas debe garantizarse a toda la población, incluso las personas o grupos en situación de desventaja, en busca de la justicia social e igualdad material.

Son los privados de la libertad una población cuyos bienes y derechos básicos se encuentran a merced de la autoridad que vigila el cumplimiento de la pena impuesta, en tanto sanción por haber cometido una infracción a los bienes más importantes para la comunidad; no obstante, incurrir en delitos no conlleva la pérdida de la calidad humana, y, en consecuencia, el Estado debe brindar alternativas que le permitan reconocer el daño que causó, pero al mismo tiempo, incentivar un nuevo inicio afuera de la cárcel.

Así las cosas, la esperanza de reintegración social de la persona que comete un delito, después que purgar una condena es una expresión de la dignidad humana, la cual puede cumplirse a través de la educación, el trabajo, la cultura, la recreación, el mantenimiento de los lazos familiares, terapias de salud mental y física, entre otras actividades –artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, en tanto expectativa individual del penado y social para la comunidad, ya que en ambas dimensiones se espera la reparación del daño causado y que tanto la víctima como el infractor vuelvan a ser parte de la sociedad.

Pese a que los anteriores presupuestos resultan coherentes con los valores que actualmente predica nuestra sociedad, lo cierto es que, se reitera, en la práctica la prisión padece de hacinamiento: un estado de cosas inconstitucional. Lo cual en los internos que deben padecer tal error en la política criminal “se manifiesta con la pérdida de la autoestima, deterioro de la imagen del mundo exterior debido a la vida monótona y minuciosamente reglada, acentuación de la ansiedad, la depresión, el conformismo, la indefensión aprendida y la dependencia. En el área social se evidencia la contaminación criminal, alejamiento familiar, laboral, aprendizaje de supervivencia extrema (mentir, dar pena, entre otros). (…) estados de despersonalización, pérdida de la intimidad, falta de control sobre la propia vida, ausencia de expectativas, y alteraciones en el sueño, generando desviaciones considerables en el bienestar psicológico, estableciendo en los individuos traumas psicológicos que conllevan al desarrollo de consecuencias graves en su salud mental” -Corte Constitucional C-294 de 2021-.

Para alcanzar un sistema real y efectivo de resocialización, basado en la función preventiva especial de la pena privativa de la libertad, esencial en la política criminal humanista y garantista, debe proporcionar a los internos en centros carcelarios no solo las actividades para hacer el cambio de mentalidad para volver a la sociedad, también los servicios básicos para que puedan ocuparse de ello.

En un ambiente de hacinamiento, los presos deben ocuparse a diario por lograr un lugar para dormir, un turno para lavar su ropa y hasta por no perder la vida donde reina la violencia, dejando de lado el propósito principal de su tiempo en prisión. Por lo cual, en orden a rehabilitar a los internos y disminuir los índices de reincidencia, el Estado debe salvaguardar, por lo mínimo, las condiciones materiales de existencia, y la integridad física-moral de estos.

Así, en primer lugar, ha de revisarse y mejorar las prácticas administrativas de las prisiones para afianzar un clima libre de abusos entre los internos y de los guardias sobre aquellos, que alienten un ambiente positivo y balanceado para desarrollarse como personas. En ese cometido, la promoción de la reintegración social se convierte en una estrategia para permitir el apoyo y asistencia a los reos para ayudarles a reconstruir sus vidas con posterioridad a su liberación.

Para la materialización de esta política, deben establecerse mecanismos de cooperación con los ministerios y organismos responsables de la educación, formación profesional, empleo, atención a la salud, bienestar social y libertad condicional para asegurar que se asuma responsabilidad conjunta. Adicionalmente, debe fomentarse la participación de la sociedad civil para que apoye en la rehabilitación de los presos, ya sea apoyo familiar, comunitario o de organizaciones promotoras de derechos humanos.

Así entonces, la preservación del sentido humano, respecto de los presos, contribuye a que la cárcel finalmente sea un lugar para resocializar a quienes han caído en el delito, tal como lo prevé la Constitución Política de Colombia.

La prisión no previene el consumo de drogas y victimiza más a las mujeres pobres

En particular los efectos negativos de las políticas represivas relacionadas con la producción, comercialización y consumo de drogas, en relación   en el sistema penitenciario son los más visibles, especialmente por el tratamiento mediático que se le da a cuanta detención decomisos hace la Fuerza Pública. En Colombia, así como en el resto de América Latina, la política y las leyes de drogas se han caracterizado por tres tendencias[1]:

  1. El uso preferente del derecho penal
  2. El carácter expansivo de la sanción penal a los delitos de drogas (más conductas y mayores penas)
  3. El carácter indiferenciado de estas sanciones.

En conjunto, se ha generado un incremento de la población encarcelada por estos delitos, hecho que se muestra como un aparente éxito de la estrategia de persecución cuando en realidad, el único efecto que se ha tenido ha sido el de llenar las cárceles de personas pobres y con escasas oportunidades.

Estas poblaciones vulnerables son fácilmente remplazadas dentro de la economía ilícita y son las que menor beneficio tienen de las ganancias que allí se generan, por lo que su encerramiento de ninguna manera influye en la oferta y la demanda que tiene el mercado. Al contrario, el sistema penitenciario se ha sobrecargado, se ha desnaturalizado su función y se le han ocasionado enormes costos fiscales al Estado.

Entre los datos más sorprendentes de está realidad está que en todos los países productores de cannabis, hoja de coca y/o amapola, hay más mujeres que hombres detenidas por delitos relacionados con drogas, siendo el delito más común de encarcelamiento de mujeres. todas ellas tienen características socioeconómicas similares, son pobres, cabeza de familia, no tienen empleo fijo y son también provienen de situaciones de abuso físico y sexual[2].

El porcentaje de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas, en comparación con el total de mujeres encarceladas en Colombia es del 46%[3], es decir, casi la mitad de todas las mujeres en prisión. Con esto se evidencia que las leyes punitivas sobre drogas afectan desproporcionadamente a los sectores más pobres de la sociedad, pero de forma especialmente dolorosa a las mujeres que pertenecen a estos sectores.

El encarcelamiento de las mujeres también tiene un impacto devastador sobre sus familias. no sólo por la ausencia de fuentes económicas sino por todas las agresiones sociales de las que son víctimas por cuenta de los paradigmas sociales alrededor de la droga y por el rol que se les asigna dentro de una sociedad patriarcal. Se registra altos porcentajes de problemas de salud, problemas de adicción en sus hijos, abandono del conyugue, deserción escolar, etc[4].

Lo más complejo de este escenario es que no existe ningún estudio que pueda demostrar con evidencia concreta que la intervención de la acción penal sirva para disminuir el consumo de determinadas drogas. Por el contrario, las experiencias de despenalización del consumo del cannabis llevadas a cabo en Holanda, por ejemplo, y en algunos Estados de Estados Unidos muestran que el consumo no ha aumentado[5].

En suma a la ocupación de las cárceles, cuando se hace una lectura estructural del problema pueden enunciarse múltiples afectaciones a principios que son inherentes al Estado Social de Derecho por cuenta de la penalización de las drogas, como por ejemplo el principio de idoneidad de la pena según el cual debe demostrar que la penalización es un medio útil para controlar el problema social determinado. El principio de proporcionalidad de la pena a la gravedad del perjuicio social que ha causado el delito, así como ele principio de racionalidad que impone tener en cuenta las razones en favor y en contra de penalización.

Finalmente, la penalización de la droga tiene un efecto que es cotidiano en las relaciones Estado-Sociedad y que puede ser el más problemático de todos, la acción de la Policía en contra de los derechos fundamentales de productores y de consumidores pobres. A partir del marco de legitimación que se ha creado en torno al accionar contra “el mundo de las drogas” son a diario los abusos que comete la Fuerza Pública contra los sectores criminalizados, y por la misma razón, son inexistentes los mecanismos de protección para estas poblaciones.

En sentencia C-221 de 1994 la Corte Constitucional señaló en relación con el consumo de sustancias psicoactivas que “No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de una conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa y, en consecuencia, está sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro”.

Desde entonces, en Colombia es legal el consumo y el porte de la dosis mínima, pues se reconoce que cada persona es completamente libre y consciente para tomar las decisiones que en desarrollo de su personalidad considere son las más adecuadas. Es legal el consumo, pero no la producción, una cadena de mercado no regulada en la que se tiene la demanda pero la oferta sigue siendo ilegal.

En otros términos, en Colombia las y los ciudadanos tienen derecho a consumir cualquier droga pero se ven limitados para adquirirla a través de vías legales y controladas, lo que genera una paradoja que implica riesgos de seguridad y de salud pública injustificados. Al mismo tiempo, la confrontación de perspectivas trae como consecuencia el fortalecimiento de las mafias del narcotráfico que se encargan de violentar a los territorios y comunidades más empobrecidos del país.

Para concluir, debo insistir en la necesidad de cambiar las narrativas, asociadas al populismo punitivo, que considera que la cárcel es la manera idónea para desinsentivar el delito y garantizar la seguridad ciudadana. Debemos impulsar una nueva política criminal donde sólo los delitos más graves sean sancionados con penas de prisión y donde la prisión garantice la resocialización de quien ha delinquido. Se debe garantizar a la población reclusa el cumplimiento de las órdenes dadas por las sentencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia T-388/13, pero también tenemos el reto de impulsar sanciones de justicia restaurativa que garantizando la no repetición de los delitos, nos ayude a desmontar las organizaciones criminales con políticas de acogimiento a la justicia y a superar el hacinamiento de las prisiones.

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment on "La prisión y la dignidad humana"

  1. Totalmente de acuerdo, lo que pasa es que la ciudadanía en general están de acuerdo en un sistema penitenciario castigador y no se apoya lo suficiente la rehabilitación y la vida digna para los reclusos. Está en quienes tienen voz en los medios y en la política, ayudar a hacer esta pedagogía, muchas gracias.

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