Hacia la paz completa, negociaciones y sometimiento a la justicia (III)

Por: Luis Guillermo Pérez Casas / Defensor de derechos humanos, promotor de la paz

“Los hombres construimos muchos muros pero pocos puentes” IsaaNewton

En las dos columnas anteriores he presentado algunos elementos hacia la regulación progresiva del consumo, la producción y distribución de estupefacientes de origen vegetal como el cannabis, la coca y la amapola, destacando en primer lugar los usos ancestrales de estas plantas y sus posibles usos terapéuticos o medicinales. La legalización debe conducir a desmontar las mafias asociadas al narcotráfico, su poder corruptor y las múltiples violencias que genera.

En esta columna trato algunas reflexiones centradas sobre los actores armados con los que se debería alcanzar una paz completa para que sea viable convertir a Colombia en potencia mundial de la vida.

El nuevo gobierno se enfrenta a tres ideas-fuerza que deben ser profundizadas, reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y pactar un cese al fuego bilateral en la perspectiva de un acuerdo final de paz con dicha insurgencia, establecer las condiciones para que las disidencias de las FARC se acojan nuevamente al Acuerdo de Paz y dar posibilidades de sometimiento a la justicia de las mafias y bandas organizadas, garantizando la no extradición de quienes contribuyan a la desestructuración de estos poderes criminales y estableciendo garantías de no repetición.

La discusión hoy y la apuesta para la superación definitiva del conflicto armado interno está asociada al reconocimiento de los delitos políticos que siguen cometiendo grupos insurgentes, con una serie de delitos conexos que alcanzan de manera indirecta o indirecta el tráfico de drogas; con organizaciones mafiosas que asumen un discurso o prácticas contrainsurgentes buscando algún nivel de reconocimiento, que se han hecho fuertes por la complicidad de agentes estatales.

El 19 de julio de 2022 se dio a conocer una carta dirigida al presidente electo Gustavo Petro Urrego, con una oferta de paz de organizaciones criminales que tendría origen en personas privadas de la libertad que mantendrían nexos con dichas estructuras, entre ellas se mencionó a las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” o Clan del Golfo, que a pesar de que habrían desmentido ser signatarias de la misma, no descartan la posibilidad de un diálogo.

Cito algunos elementos de dicha misiva “Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales. Estamos dispuesto a cumplir con los fines de la justicia restaurativa”. El origen y alcance de la misma no debe ser despreciado, aunque es difícil imaginar que tantas estructuras ilegales supuestamente firmantes hubiesen sido contactadas para respaldar la iniciativa.

Actualmente hacen presencia en el territorio nacional por lo menos tres grupos armados organizados (GAO) con potencial militar para controlar varios territorios y mantener un accionar beligerante continuado, están el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, no les llamaré como se autodenominan “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” para no ofender la memoria del líder inmolado. Existe además decenas de Grupos Armados Delincuenciales (GAD) que llevan a cabo múltiples delitos con la única intención de obtener beneficios económicos, estos mantienen confrontaciones por el control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales. En conjunto, el accionar delictivo de los GAO y los GAD han masificado la violencia contra la población civil y desconocen los principios mínimos del DIH.

Como primer elemento indispensable para considerar las posibilidades de diálogos de paz y de acogimiento a la justicia con estas organizaciones es necesario hacer una caracterización del accionar delictivo que tienen cada uno, sus presupuestos políticos y las reales posibilidades que ofrecen de verdad y garantías de no repetición.

En todo caso, con cada uno de ellos, sin importar los mecanismos organizativos delincuenciales que hayan utilizado, el gobierno debe priorizar la búsqueda de la paz y el cese de hostilidades, para lo cual será necesario, además de la voluntad política, la materialidad de un acuerdo político depende de la disminución de fuerzas económicas y militares ilegales que para el caso sólo es posible de lograr legalizando el mercado de las drogas y haciendo un control efectivo de las fronteras nacionales.

El siguiente paso que se tiene que dar en la búsqueda por la paz tiene que ver con la caracterización de las nuevas guerras a una escala regional y subregional, considerando que los grupos que permanecen en armas no tiene el potencial militar para disputar el control territorial de un Estado que aporte por la inclusión social y la superación de la corrupción.

Entender las dinámicas del conflicto desde lo regional implica que no será posible establecer acuerdos generales de negociación con todos los grupos armados, al contrario, será necesario que en cada mesa de concertación se tenga claridad sobre las condiciones contextuales de cada conflicto y que se tengan garantías de que las poblaciones directamente afectadas podrán presentar su perspectiva sobre las causas y posibles soluciones para el conflicto.

En este camino, es una obligación del Estado colombiano poner de presente los estándares mínimos de cumplimiento respecto de los derechos de las víctimas en los mecanismos de justicia transicional.

Al respecto, considero que pueden ser dos los escenarios más beneficiosos para el cese de hostilidades y para el desarme de las grandes estructuras armadas: Por un lado puede estar el acogimiento a la justicia por medio de acuerdos colectivos en los que será de gran provecho en camino andado con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual puede ampliarse y/o modificarse a las necesidades de superación de los nuevos conflictos.

Y la segunda opción tiene que ver con incentivos para la desmovilización individual, dejando claro que los incentivos de tratamiento diferencial tienen que estar ligados necesariamente a la contribución para la desarticulación de grupos armados y el compromiso de no reinserción.

  1. CONFLICTOS ACTIVOS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO

Lo primero de lo que hay que tener claridad antes de buscar caminos hacia el diálogo es respecto de los grupos armados que realmente hacen control territorial, sobre los lugares que están sometidos por estos y sobre las obligaciones que el Estado ha dejado de cumplir respecto de estas poblaciones afectadas por la guerra.

Según los Convenios de Ginebra (1949) para que exista conflicto armado interno y no solamente una cadena de violencias de menor intensidad es necesario que los actores armados en cuestión tengan formas de organización militar y alguna estructuración de mando, que ejerzan control territorial y que llevan a cabo operativos militares de forma consecutiva[1].

De tenerse estos elementos todos los involucrados, sin importar la afiliación política que tengan, deben respetar los principios fundamentales del DIH[2]: El principio de limitación, según el cual los únicos objetivos legítimos de ataque son aquellos que se dirigen contra la fuerza militar del enemigo y, el principio de distinción que señala como ilegitimo cualquier ataque dirigido contra la población que no participa en las hostilidades o contra los bienes que no son utilizados para estos fines.

Además de las anteriores es una obligación permanente para el Estado como garante de los derechos, encaminar todos los esfuerzos que sean necesarios para disminuir el daño colateral a la población civil, una de las formas de lograrlo es a través de acuerdos humanitarios tales como las liberaciones de secuestrados, entrega de cuerpos, cese de hostilidades, ayudas humanitarias, entre otras[3] hasta lograr acuerdos de paz definitivos.

    1. Grupos Armados Organizados (GAO)

Los grupos considerados como cuerpos militares organizados de guerra por el Estado colombiano son los Grupos Residuales, el Ejército de Liberación Nacional -ELN, las disidencias de las FARC, y grupos “neoparamilitares” como Clan del Golfo.

1. Presencia de Grupos Armados Organizados (2018)

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      1. Grupos Armados Organizados Residuales – GAOR-

Por medio de la Directiva 037 de 2017 del Ministerio de Defensa Nacional definió a los grupos POST-FARC como Grupos Armados Organizados Residuales – GAOR- señalando con esto que su aparición como actores de la guerra no derivaba necesariamente de las antiguas FARC.

Sin embargo, el término de Grupos Residuales ha quedado en el desuso, en parte porque la denominación de estos como “disidencias de las FARC” le ha servido a sectores políticos en oposición a la salida negociada del conflicto para señalar que su permanencia en la guerra responde a falencias del Acuerdo de Paz y que las FARC al menos en algunos de sus Frentes se mantienen activas.

En todo caso, analizando las condiciones políticas y militares de estos grupos lo que se evidencia es que su naturaleza es diversa y que difícilmente se puede rastrear un parámetro organizativo que sirva para agruparlos. Incluso, es sumamente problemática la definición que existe sobre todos ellos como GAO, pues en la mayoría de los casos, no es posible identificar ninguna de las condiciones establecidas por los Convenios de Ginebra: línea de mando, control territorial y potencial bélico.

Actualmente, hay por lo menos treinta grupos residuales con actividad en diferentes regiones del país, especialmente en Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta[4]. Su accionar delictivo está relacionado con el control de economías ilegales y su presencia en las periferias y fronteras que como parte de las extintas FARC ocupaban.

Pero a pesar de la descentralización y el interés casi exclusivo en los dineros ilícitos, los GAOR han intentado mantener diferentes discursos para justificar su accionar y para que se les reconozca como actores políticos, el principal de ellos ha sido la desconfianza hacia el Gobierno Nacional respecto de lo acordado en La Habana, un argumento que lamentablemente se materializó no solo por la falta de implementación frente a lo acordado sino también por la falta de garantías de protección para las y los desmovilizados.

Entre los grupos residuales que más han insistido en su legitimidad como detractores del Acuerdo está el denominado Bloque Suroriental, compuesto por una alianza entre el Frente Primero, Frente Séptimo y Frente Acacio Medina[5]. Su máximo líder era alias Gentil Duarte, quién estuvo encaminando una estrategia militar hacia la unificación con estructuras más pequeñas y hacia el control del narcotráfico en el suroriente del país.

Por otro lado está la denominada “Nueva Marquetalia” formada por algunos de los lideres políticos de las FARC que participaron en la creación del Acuerdo pero que luego desertaron argumentando una traición en contra de la paz por parte del Gobierno Nacional, entre ellos Iván Márquez y Jesús Santrich.

A excepción de estos grupos, los demás actores residuales no han manifestado un posicionamiento político, son en la práctica organizaciones armadas con un poder parcial sobre ciertos territorios que tienen un interés directo en las rutas del narcotráfico, razón por la cual reiteradamente se presentan enfrentamientos entre ellos.

Para negociar con los GAOR, es fundamental considerar el caso a caso y tomar decisiones en base a los elementos contextuales de cada territorio pues, como se ha dicho, los GAOR no son la continuación de las FARC, las lógicas de una guerrilla jerarquizada no le son aplicables y muy probablemente no habrá una vocería que sirva para representar sus intereses.

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2. Presencia de Grupos Armados Organizados Residuales

Una captura de pantalla de una computadora

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      1. Ejército De Liberación Nacional – ELN

Discursivamente el ELN continúa justificando su alzamiento armado en la defensa de los intereses sociales de la clase pobre rural, frente a una oligarquía represiva y un empresariado multinacional que mantiene el control del Estado. Sin embargo, cada vez más, se comporta como unidades de combate independientes que sólo responden a liderazgos regionales, con control territorial organizados, de economías ilegales y el cobro de impuestos de guerra[6].

Las diferentes unidades del ELN llevan a cabo formas de combate y de control de la población civil que varían en intensidad dependiendo de cada frente, cada comandante cuenta con una amplia libertad para establecer su perspectiva del contexto político, económico y militar[7].

Durante las últimas décadas el ELN se mantuvo estancado en ciertas regiones del país, luego tras la desmovilización de las FARC logró expandirse a otros lugares en los que mantiene activos conflictos con grupos residuales y con el Clan del Golfo, siendo el norte de Chocó la zona más afectada por este tipo de dinámicas[8].

El ELN aún mantiene el Comando Central y la Dirección Nacional, espacios desde los que han expresado su voluntad de diálogo para alcanzar la paz, pero lo cierto es que la autonomía militar de los frentes puede terminar generando una fragmentación interna que dificultaría pactar un cese bilateral.

Teniendo en cuenta estos factores, el primer paso que puede encaminar el nuevo gobierno para incentivar el tránsito del ELN hacia la legalidad, es el desescalonamiento del conflicto a través de acuerdos humanitarios tales como el respeto por la población civil, canje humanitario, desminado de territorios, cese de hostilidades, entre otros.

      1. El Clan del Golfo

Poco tiempo después de la desmovilización de los paramilitares en el 2006, los grupos neoparamilitares y estructuras mafiosas agrupadas en el Clan del Golfo se empezaron a desplegar desde la región del Urabá antioqueñon, a lo largo de las costas Atlántica y Pacífica y en menor medida hacia los Llanos Orientales, teniendo a la fecha un aproximado de 5.000 a 6.000 miembros que hacen presencia en 107 municipios[9].

Tal y como sucedía con las AUC, el Clan del Golfo defiende una confrontación abierta contra todas las guerrillas, argumentando que su nacimiento fue consecuencia de la presión económica y política que tuvieron que soportar por cuenta del accionar de estos grupos.

El Clan del Golfo se han financiado a partir con el control de las rutas del narcotráfico, de la minería ilegal y la extorsión a comerciantes locales. En algunas zonas como las costas del Pacífico colombiano, han decidido disputar el control territorial de forma directa, mientras que en otros lugares han preferido mantener acuerdos de pago de impuesto para el tráfico de coca.

Los métodos de guerra de estos grupos, heredados de las viejas estructuras paramilitares, se caracterizan por utilizar altísimos grados de violencia contra la población civil, así como de trabajar de la mano con sectores de la fuerza pública, económicos y políticos dominantes de las regiones y de intervenir de forma directa o indirecta en las elecciones de autoridades territoriales[10].

Esto último dificulta enormemente cualquier posibilidad de acercamientos y de acuerdos de paz o de sometimiento a la justicia, pues necesariamente pasa por la desarticulación de redes de corrupción y clientelismo al interior del Estado.

Además de esta condición especial que permite la movilidad del Clan del Golfo entre la ilegalidad y la legalidad, el grupo armado ha implementado la contratación de miembros en zonas urbanas y semiurbanas para la realización de distintas acciones tales como seguridad privada, secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos, entre otros[11].

Presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia septiembre 2017

La estructura del Clan es confederada, lo que quiere decir que si bien otorga autonomía a los grupos que lo conforman, a la vez se rige por parámetros comunes respecto al modus operando financiero y de control social. Hay cabecillas al mando y personal subordinado, además de una red de información compleja que sirve para monitorear el desarrollo de cada objetivo militar[12].

El Clan del Golfo domina el mercado de las drogas en este momento, su poderío territorial, sus formas de articulación y funcionamiento militar son difíciles de controlar y además, la violencia política que despliegan en contra de lideres y lideresas sociales, firmantes de la paz, guerrilleros, opositores políticos, reclamantes de tierras, y cualquiera que se oponga a sus prácticas, es respaldada por sectores de la política tradicional y del statu quo regional.

Entre 2017 y 2018 el gobierno de Juan Manuel Santos avanzó en acercamientos con el Clan para iniciar diálogos de paz estando a la cabeza de la organización Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, máximo comandante.

Para ese momento, la petición de alias Otoniel era la no extradición y algunos beneficios de seguridad, sin embargo, el acuerdo no se logró, entre otros factores, porque desde el Congreso no se permitió que la ley especial de sometimiento a la justicia[13] incluyera tratamientos no carcelarios a cambio de la dejación de armas y la entrega de información. De acuerdo a los facilitadores del proceso, lo que estaba en juego realmente era la posibilidad de conocer la verdad sobre los vínculos que existen entre el Clan y ciertos sectores políticos y militares. La captura o entrega de alias Otoniel a comienzos de 2022, permitió conocer muchos de esos actores estatales y privados ligados al Clan del Golfo, sus denuncias que se hubiesen convertido en depuración y garantías de no repetición, fueron acalladas por el presidente de Iván Duque para evitar su colaboración con la justicia. El paro armado desarrollado por dicha organización previo a las elecciones legislativas de 2022, demostraron su crecimiento y consolidación en muchas zonas del país, así como las responsabilidades estatales y paraestatales para el afianzamiento de sus acciones de terror.

    1. Grupo Delictivo Organizado (GDO)

Los GDO son considerados como organizaciones que durante cierto tiempo actúan y se concentran con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material. La diferencia con los GAO es que los grupos delictivos organizados suelen ser perseguidos por la Policía Nacional y solo en casos estrictamente necesarios, se pide apoyo de las FF.MM. Además, hasta el día de hoy se ha utilizado la clasificación para negar la posibilidad de mesas de dialogo con los GDO bajo la premisa de que estos no tienen ningún tipo de identidad política.

Con las organizaciones clasificadas como Grupos delictivos organizados no es posible plantear mesas de dialogo al no cumplir con las condiciones establecidas por el derecho internacional para su reconocimiento político. Sin embargo, la disputa por establecer si existe un mando unificado, pretensiones de orden territorial y acciones beligerantes está abierta a interpretaciones de orden político.

Es importante resaltar que en número de hombres activos en una organización no es condición determinante para su clasificación como grupo armado organizado o como delincuencia común. En el caso del EPL que desde el año 2020 dejó de ser una GAO y fue reclasificado como una banda criminal, para el 2018 tenía aproximadamente 200 integrantes activos en partes de Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama y Abrego, de la provincia del Norte de Santander.

Lo cierto es que las bandas criminales afectan la seguridad ciudadana en particular en muchas zonas urbanas y para sus integrantes deben crearse posibilidades de sometimiento a la justicia.

  1. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE NEGOCIACIÓN PARA LA REINSERCIÓN Y EL ACOGIMIENTO A LA JUSTICIA

Un proceso de paz y/o de acogimiento a la justicia con cualquier grupo armado debe evitar a toda costa que se establezcan mecanismos de impunidad, en el sentido de que las medidas reparatorias y de sanción fijadas por las partes terminen siendo contrarias a los estándares internacionales sobre verdad, justicia, reparación y no repetición establecidos en el Sistema Interamericano de DD.HH y en los principios de la Constitución Política.

El Estado tiene la obligación de encaminar esfuerzos para evitar que se sigan violentando los derechos humanos por cuenta del conflicto, esto implica la búsqueda de acuerdos humanitarios parciales o temporales, así como la concreción de acuerdos definitivos para el fin de la guerra y sometimiento de las bandas organizadas. El propósito más importante debe ser en todo caso la defensa de la vida, de las comunidades y de los territorios, incluso si ello implica flexibilizar las penas privativas de la libertad, aplicando escenarios de justicia restaurativa, garantizando la no reincidencia o no repetición de los crímenes.

El establecimiento de un sistema transicional de justicia no puede significar la negación de los derechos fundamentales de las víctimas[14], la Corte Interamericana de DD.HH ha dicho que existen diferentes vías que permiten el reconocimiento y la reparación de las víctimas, las cuales no necesariamente están encasilladas en medidas penitenciarias de encarcelamiento para los victimarios.

Los Estados tienen la obligación de establecer la verdad por medio de la investigación e identificación de los responsables, debe hacer justicia imponiendo las sanciones de tipo moral, institucional y social que considere pertinentes, y además, debe garantizar la reparación de perjuicios económicos y emocionales causados por el conflicto. De ello depende que la búsqueda por la paz no se convierta en una apertura hacia la impunidad y el olvido.

Ahora bien, la caracterización de las necesidades territoriales y del modus operandi que tienen los actores beligerantes en cada región es el siguiente paso. No solamente se requiere el conocimiento del contexto actual de la guerra, sino que este diagnóstico sea construido de la mano con las voces autorizadas por las comunidades, pues solo ellos y ellas pueden dar cuenta del escenario que padecen en términos políticos, sociales y ambientales.

Es necesario conocer en integridad todas las variables sociales que participan en el conflicto regional, los factores históricos que han posibilitado la aparición y permanencia de grupos ilegales y las posibles fórmulas de negociación que deben ser consideradas para lograr la materialidad de la paz[15].

  1. ROSERO, Luis Fernando Trejos. El derecho internacional humanitario en el conflicto armado colombiano. Propuestas para su aplicación. Derecho y Humanidades, 2011, no 18
  2. Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
  3. Ibidem. Pág. 132.
  4. International Crisis group (2017) Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace
  5. Indepaz (2019) Los grupos posfarc-Ep: un escenario complejo. Actualización 2018-2 y 2019. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/PRESENCIA-DE-DISIDENCIAS-ABRIL.pdf
  6. Trejos, L y Larratt C. (2021) La parálisis militar del ELN. Disponible en: https://razonpublica.com/la-paralisis-militar-del-eln/
  7. Ibidem.
  8. Ibidem.
  9. Indepaz (2017) Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. En: Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Disponible: https://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/59b2f3940f71c.pdf
  10. Hernández-Cetina, A. W. C., Ripoll, A., & García-Perilla, J. C. (2018). “El Clan del golfo”:¿ el nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada?. El Ágora USB, 18(2), 518.
  11. Ibidem.
  12. Hernández-Cetina, A. W. C., Ripoll, A., & García-Perilla, J. C. (2018). ibid, 518.
  13. Ley 1908 de 2018.
  14. De acuerdo con la resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas “se entenderá por ‘víctimas’ las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal vigente en los Estados miembro, incluida la que proscribe el abuso del poder”.
  15. Ibidem.