Órganos de descontrol

Colombia figura entre los países con mayor percepción de corrupción en el mundo. El triste trofeo no es gratuito. Los políticos mafiosos, sus financiadores y sus contratistas cómplices roban a manos llenas, de las maneras más descaradas y con total impunidad.

La impunidad nace de la falta de control pues la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría casi siempre terminan en manos de marionetas impuestas por esos clanes políticos interesados en asegurar que los organismos de control no le pasen revista a sus feudos, llámense alcaldías, gobernaciones, ministerios, altas consejerías, entidades del orden nacional y local, y la misma presidencia de la República. Por eso no cumplen su función principal cual es la de vigilar que los recursos públicos no se desvíen hacia los bolsillos y cuentas en paraísos fiscales de los corruptos de Colombia.

El periodismo hace el trabajo por los entes de control

Es por eso que los grandes entuertos, torcidos y actos de corrupción en Colombia, pocas veces son descubiertos por los entes de control.

Por citar algunos casos, el robo de 70.000 millones de pesos de Mintic, fue descubierto por la Periodista Paola Herrera de la emisora W-Radio.

El carrusel de la contratación fue denunciado por Gustavo Petro.

La corrupción en el Ejército fue denunciada por el Periodista Ricardo Calderón cuando trabajaba para la revista Semana.

El Cartel de la Toga fue descubierto por agentes de la DEA en Miami luego de grabar una conversación entre un abogado y un exgobernador de Córdoba.

El robo de los 500.000 millones de la paz fue descubierto por los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra.

El estelar y billonario robo de Odebrecht fue descubierto por los Estados Unidos.

El soborno que quiso hacer a un juez de barranquilla el senador Pulgar, lo denunció Daniel Coronell en su espacio “Los Danieles”.

La Ñeñepolítica fue descubierta por los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez y Daniel Mendoza.

Y ni qué hablar de la cantidad de denuncias que semanalmente hacen medios alternativos como Cuestión Pública, Vorágine, Cambio, La Nueva Prensa, La Silla Vacía, Cuarto de Hora, La Cola de rata, La Oreja Roja por citar unos cuantos y periodistas como Daniel Coronel, Juan David Laverde, Nacho Gómez, Cecilia Orozco, María Jimena Duzán, Yohir Akerman y una larga lista de investigadores que podría ocupar esta columna.

Es decir, si los periodistas de Colombia, muchos de ellos independientes, financiados con vaquis y colectas entre amigos y simpatizantes, y algunos de ellos desde el exilio por amenazas graves contra su vida, le hacen la tarea a los entes de control que tienen 32 mil empleados y un presupuesto cercano a los 9 billones, podemos concluir, sin temor a equivocarnos que, como lo dijera el alcalde Cartagena hace pocos meses, “estos entes de control no sirven para un culo”. Hoy le están cobrando esa frase con una destitución.

Aquí está la evidencia. La Fiscalía nos cuesta anualmente 5.1 billones de pesos, la Procuraduría nos cuesta 1.6 billones, la Contraloría 1.3 billones. La Defensoría del Pueblo nos cuesta cerca del billón de pesos. Es decir, casi 9 billones de pesos para vigilar funcionarios y recursos de la nación, sin resultados importantes como lo refleja el hecho de que sean los periodistas de Colombia los que descubren los grandes actos de Corrupción. Si a esto sumamos que los tres entes de control tienen casi 32 mil funcionarios (23 mil la Fiscalía, 4.057 la Contraloría y 4.137 la Procuraduría) podemos concluir que aparte de entregar enormes cuotas de funcionarios a los congresistas para que los esclavicen electoralmente, los entes de control están siendo utilizados para todo menos para controlar. Deberían llamarse los entes de descontrol.

Cuando un Congreso con mayorías corruptas elige a un contralor o a un procurador de bolsillo, esos legisladores están garantizando que ese funcionario no actúe contra ellos, sus familias y testaferros. Del mismo modo, que cuando los legisladores votamos contra esos candidatos cuestionados, nos estamos ganando cuatro años de persecución implacable.

Es por eso que cada que se presenta la elección del titular de algún entre de control, estas mafias mueven sus tentáculos para asegurarse la elección de una ficha “de lavar y planchar” que les asegure impunidad y el libre ejercicio del saqueo.

El nuevo Congreso de la República, dominado, por primera vez en 203 años de vida republicana, por fuerzas alternativas de izquierda y centro izquierda se apresta a elegir al nuevo Contralor General de la República. Oportunidad de oro para elegir a alguien sin compromisos ni ataduras con los viejos partidos políticos culpables de la debacle moral que vive Colombia. Oportunidad de oro para empezar a cumplir la promesa de cambio por la que votaron 11.3 millones de personas el pasado 19 de junio.

Aunque fue depurada y corregida en lo que tiene que ver con la meritocracia (mejores puntajes) y cuota de género (5 mujeres y 5 hombres), varios de los candidatos seleccionados en la nueva lista de diez elegibles entregada ayer por la Comisión Accidental del Congreso pertenecen al tinglado del Contralor Felipe Córdoba, denunciado por Noticias Uno, W-Radio y El Espectador por varios hechos de corrupción. Pero sobre todo, esos candidatos, varios de los cuales han sido y son funcionarios de la actual Contraloría, no fueron capaces de descubrir y ni siquiera de entregar alertas tempranas sobre los torcidos que se han destapado últimamente como el robo de los dineros de la paz.

¿Con qué credenciales morales entonces pueden aspirar a controlar a los corruptos de Colombia, ladrones del erario y de los sueños de los más pobres de Colombia? Sería infame permitir que el actual Contralor personaje tan cuestionado, siga haciendo el mandado a sus jefes políticos, ahora en cuerpo ajeno.

Por citar un solo ejemplo, una de las candidatas de Córdoba, la señora María Fernanda Rangel, llamó ayer a la recién elegida representante a la cámara por el departamento del Tolima, Martha Alfonso Jurado y le pidió que fuera a verla a Bucaramanga para hablar de su candidatura, con avión, hotel y gastos pagos. ¿Este no es acaso el mismo modus operandi de los gamonales en campaña por llegar al Congreso? ¿Gastar chorros de dinero para obtener un cargo? ¿Quién financia estas invitaciones y por qué un candidato a Contralor debería invertir dinero en una campaña si se supone que la idea original del concurso de méritos era, precisamente, llevar a estos cargos a los más preparados y no a los que más dinero consigan?

En fin. Si elegimos una ficha del establecimiento corrupto, habremos dado un primer mal paso hacia el cumplimiento de la promesa. Si elegimos una hoja de vida limpia sin compromisos con los corruptos de este país, no solo empezamos a cumplir la promesa de cambio, sino que estamos empezando a construir la nueva Colombia.

Compañeros… Piénsenlo.