MinTic interpuso dos demandas contra los bancos Itaú y BBVA por el escándalo de Centros Poblados

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de las Tic interpuso recientemente dos demandas en contra de los bancos Itaú y BBVA y otros a los que señala de ser beneficiarios del escándalo de los 70.000 millones que se perdieron en el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.

Según reveló la W Radio, medio que tuvo acceso a la denuncia, el Ministerio de las TIC asegura que Itaú sí es responsable de lo que pasó porque al ser una entidad financiera tan grande debe tener sistemas de seguridad que garanticen la custodia de sus activos, como, por ejemplo, las plantillas de sus pólizas, sus logos, las firmas de sus funcionarios y hasta de los dominios de sus correos electrónicos.

La demanda a este banco y a terceros busca que estos respondan por una suma que asciende a los $345.839 millones, incluyendo el reembolso de los $70.000 millones perdidos por el daño causado al Estado que dejó de percibir ingresos vía impuestos al no poder llevar internet a las zonas rurales del país que estaban establecidas en el contrato, entre otras razones.

Precisamente, dentro de la demanda se incluye a las sociedades Nuovo Security LLC – la firma que tenía domicilio en Delaware en EE.UU. y la barranquillera Inselsa, empresas que según señala el medio, ambas fueron las que recibieron el millonario anticipo, por ser los supuestos proveedores de Centros Poblados, por lo que serían beneficiarios del dolo

Los señores Emilio Tapia, Ottomar Lascarro Torres, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque Torres, Jorge Enrique Torres Benavides y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, también quedaron incluidos en el proceso penal, estos mismos enfrentan desde hace meses un proceso en la Fiscalía por varios delitos.

En el caso de la fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., encargada de revisar y aprobar el anticipo de los $70.000 millones. Según documentó el medio, el Ministerio considera que hubo omisión en el cumplimiento de los deberes establecidos en las normas y estándares en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Esto porque la fiduciaria no revisó que las facturas que le entregó el contratista presentaban inconsistencias, tales como un cobro en la Florida, en EE.UU., a la empresa Nouvo Security, que en realidad tenía sede en Delaware como se confirmó en sus papeles.