El Ministerio de Igualdad ¿para qué?

Por: Victoria Sandino

El programa de gobierno presentado por el Pacto Histórico propone hacer un giro radical que de prioridad al bienestar socioeconómico y la justicia social hacía los grupos poblacionales históricamente excluidos, marginalizados, empobrecidos e invisibilizados: mujeres, clase trabajadora, población racializada, jóvenes, población LGTBIQ+ y población discapacitada; básicamente la mayoría del pueblo colombiano.  

A lo largo de la campaña electoral, Gustavo Petro prometió crear el Ministerio de la Igualdad en principio dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez además de un conjunto de organismos orientados a saldar la deuda histórica del Estado colombiano en materia de derechos sociales y colectivos. En el programa ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ se proyecta la posibilidad de impulsar el «Sistema Nacional del Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado principalmente de las mujeres y el Ministerio de la Igualdad para avanzar hacia una sociedad sin brechas entre hombres y mujeres». En otras palabras, una serie de iniciativas encaminadas a lo que los candidatos definieron como el derecho a la dignidad de los más desfavorecidos, y que particularmente Francia Márquez cataloga como el vivir sabroso, como dicen los pueblos negros a lo largo de la región Pacífico.

Pero ¿por qué es importante la creación del Ministerio de Igualdad en Colombia? Es simple, porque Colombia según un informe del Banco Mundial es el país más desigual entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), además de ser la segunda economía más desigual de Latinoamérica y el Caribe, solamente superada por Brasil. Esto no quiere decir que Colombia sea pobre, lo que dice es que en Colombia existen dos problemas fundamentales a resolver: la acumulación de la riqueza del país en manos de unas pocas familias y la distribución justa de esa riqueza [el 10% de la población más rica de Colombia recibe 11 veces más que el 10% más pobre del país, el 81% de la tierra privada se concentra en manos de un 1%]; a los colombianos nos habían robado las oportunidades y hasta de las esperanzas por siglos.

En ese sentido, la creación del Ministerio de la Igualdad no es un eufemismo burocrático, si no una necesidad urgente que tendrá que enfrentar retos enormes; y es que, si bien esa instancia no será el responsable de resolver problemas históricos que están en otras carteras, inicialmente podrá ayudar a comprender cómo resolver los problemas estructurales.  

Esto se visibiliza en la línea estratégica número 3 del plan de gobierno, que estima la transición «de la desigualdad hacia una sociedad garante de derechos: haremos realidad la constitución del 91 por fuera del negocio.» Se en entiende que esta cartera se ocupará de temas tan diversos, pero a la vez tan trascendentales que efectivamente devienen en la oportunidad de construir una sociedad justa e igualitaria.

Se trata de políticas clave porque si bien en el papel parecen de menor cuantía, en realidad son las que definen lo que seremos como nación dentro de dos o tres décadas; es la falta de la educación temprana, las precarias condiciones de alimentación de la mayoría de la infancia del país y el difícil acceso a la educación de calidad las que han hecho que Colombia siga siendo un país rezagado dentro de los parámetros de una sociedad moderna.

Otro aspecto destacable de esta línea estratégica del programa de gobiernoacerca de la «reparación histórica a los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, víctimas de la trata de esclavos, la esclavización y el racismo estructural», porque le está dando una razón de ser a las llamadas políticas de la diferencia o acciones afirmativas; gran parte de la sociedad colombiana no comprende o se niega a comprender que las acciones afirmativas no son simples “cuotas para hacer feliz a una gente que está enojada por cosas del pasado”.

Las acciones afirmativas buscan resarcir el daño causado a los pueblos indígenas y afrodescendientes por la estructura racial/colonial, sobre la cual se fundó el Estado colombiano y la cual persiste en nuestros sistemas de pensamiento, culturales y espirituales, y que ha sido una causante del atraso socioeconómico y la marginalización de la construcción social y cultural del Estado.

Esas acciones tienen como objetivo ofrecer oportunidades que durante siglos les fueron negadas a los pueblos étnicos y el concepto de reparación histórica reconoce a su vez una deuda añosa que los gobiernos modernos están pagando a los pueblos a través de las políticas públicas; que el plan de gobierno de Petro incorpore esta noción introduce a Colombia en la senda de naciones que hoy reconocen esa deuda aun sin saldar de la época colonial y esclavista y se alinea con la incorporación de una agenda antirracista de hacer gobierno.

El plan de gobierno estima también reconocer los instrumentos de protección de los pueblos étnicos, el marco normativo nacional e internacional que, aunque importante se ha quedado en papel. La implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz prevé que 15 de las 16 regiones priorizadas se reconocen como habitadas en su mayoría por pueblos étnicos.

En suma, la creación del ministerio de la igualdad, liderado por una mujer que encarna las desigualdades propias de un país racista, excluyente, clasista, machista y misógino es un evento histórico que promete la atención de los sectores y grupos sociales que siguen siendo víctimas de un país desigual y que requiere el compromiso de toda la sociedad por la construcción de una Nueva Colombia: con justicia social.