Aprobado un nuevo cupo de endeudamiento sin identificar el impacto positivo en empleabilidad del anterior

Por : Heidy Sánchez

En 2020, la administración distrital solicitó al Concejo de Bogotá un cupo de endeudamiento por $10.8 billones que fue aprobado mediante el acuerdo 781 de 2020, del cual, tal como se informó a la corporación en diciembre de 2021, se habían ejecutado tan solo $4.5 billones de pesos y, sumando los compromisos, a junio de 2022 se alcanzaría un máximo de ejecución de 5.4 billones de pesos (alrededor del 50%). Pese a esto, el Concejo aprobó recientemente un nuevo cupo de endeudamiento que, como expondremos a continuación, se usa para gastos ordinarios e inversiones que no hacen otra cosa que seguir llenando los bolsillos privados a costa de los recursos públicos de la ciudadanía bogotana.

En este artículo nos concentramos en lo que ha sido la ejecución de los recursos del acuerdo 781 de 2020 en tres sectores específicos: movilidad, educación y mujer, evaluando si se cumplió o no con la promesa en términos de empleabilidad que fue hecha por parte de la administración para obtener la aprobación del Concejo. Según el Distrito, con esa plata se generarían empleos (contribuyendo a la reactivación económica), fundamentalmente entre mujeres y jóvenes, al ser los grupos poblacionales más golpeados en materia económica a partir de la pandemia.

Movilidad: más recursos invertidos y menos resultados vistos

El sector movilidad ha sido el mayor receptor de recursos durante la administración de Claudia López y, por supuesto, para el caso del cupo de endeudamiento de 2020 no fue la excepción, pues una suma superior a los $5.3 billones van dirigidos al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Transmilenio y la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Según las respuestas a la proposición, Transmilenio indica que ha comprometido recursos bajo la financiación del cupo de endeudamiento, en las vigencias 2020 y 2021, por un valor superior a los $416.000 millones, con lo cual, según se presentó en el Concejo, se generan 1.256 empleos directos y 768 indirectos; un resultado muy pobre frente a una inversión tan alta, sumado a que no hay ninguna prueba de que sean mujeres y jóvenes los más beneficiados con estos empleos. En torno al IDU, el presupuesto asignado a través del cupo fue superior a los $794.000 millones, que indica que para 2021 se generaron 10.667 empleos, 5.389 de ellos directos. Sin embargo, se informa que no cuentan con enfoque de género, diferencial o poblacional; es decir, nuevamente se comprueba que no era cierto que estos empleos priorizan a mujeres y jóvenes.

Por último, la EMB se limita a indicar que como los recursos los han ejecutado contratando con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), es esta la que “dispondrá de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de los objetos contratados directamente o a través de terceros, siendo autónoma en dicha contratación y asumiendo las responsabilidades del caso”. En ese sentido, aunque el recurso se destinó en el acuerdo a la EMB, en la práctica esta no participa ni es responsable de las actividades de seguimiento contractual en lo relacionado con la FDN. Descaradamente se usa una vez más a la Financiera para evadir el cumplimiento de la ley, ya no a partir de la ley de contratación sino del acuerdo en el que había condicionantes para la generación de empleo.

Nuestra lucha constante por la educación con garantías de cobertura y calidad

En materia de educación lo primero que hay que decir es que seguimos estando en desacuerdo con la forma en que se gasta ese recurso, es decir, el modo en el que se piensan proveer esos 20.000 cupos de educación superior. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es más que otra forma de desarrollo de la política educativa neoliberal que termina beneficiando a las universidades privadas, que, además, no tiene impacto a largo plazo y que tampoco considera el fenómeno de la deserción.

Asimismo, en torno al impacto de lo que se ha hecho con la plata del cupo, hay que señalar que, según la respuesta a la proposición de la Secretaría de Educación, con esos recursos se beneficiaron a 8.471 jóvenes (2021). No obstante, según la herramienta SEGPLAN de la Secretaría de Planeación para evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en todo el periodo solo se han beneficiado a 6.941 jóvenes (2020 – 2021). Es decir, se puede concluir que hay una diferencia de casi 2.000 entre los datos presentados y que, a pesar de estar ya a mitad de periodo, se ha cumplido únicamente con el 34% de la meta propuesta.

Ahora, en su presentación en el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Educación nos dijo que, con el dinero del cupo, en la cohorte 2021-2, se había beneficiado a 5.829 jóvenes y en la cohorte 2022-1 a 2.642. Es decir, 8.371 jóvenes beneficiados en 1 año (el semestre pasado y este). ¿Por qué en planeación aparece otra cifra? ¿Cuál es la cifra verdadera? Porque si benefician a 8.400 jóvenes por año, como ha indicado la entidad, la plata está funcionando, pero no es eso lo reportado.

En todo caso, insistimos, son recursos mal gastados, pues en vez de fortalecer presupuestalmente a la Universidad Distrital y garantizar que el gasto tenga vocación de largo plazo beneficiando a muchos jóvenes en el futuro, se prefiere gastarlo en una sola ocasión (con un solo cupo por estudiante) que en su mayoría se va a las universidades privadas.

¿Cuál es el verdadero impacto en reducción de violencias y mayor empleabilidad del sector mujer?

Este sector ha sido prioritario tanto para esta corporación como para la administración de turno, sin embargo, las medidas parecen no ser suficientes. De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia en el año 2021 se presentaron 622 feminicidios en el país, de los cuales 47 fueron en Bogotá, e incluso el Observatorio de Mujer y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría de la Mujer registró para 2021 un número de 98 asesinatos de mujeres en el Distrito. Desafortunadamente, para 2022 el panorama parece no mejorar, pues según el OMEG ya van 32 casos de asesinatos a mujeres en Bogotá y se han reportado 389 mujeres en riesgo de feminicidio, de las cuales 114 (30%) han sido de riesgo extremo en la capital.

Estas cifras nos deben mantener en alerta y no normalizar los hechos, los datos son el punto de partida para tomar medidas cada vez más contundentes que garanticen la defensa y protección de derechos de las mujeres y para que esto sea posible, es necesaria la adecuada asignación presupuestal para programas y metas relacionadas.

Con relación al cupo de endeudamiento autorizado en 2020, es menester señalar que se invirtieron $45.377 millones para la Secretaría de la Mujer, es decir, tan solo el 0,42% del cupo total, con lo que la entidad priorizó el proyecto 7734 relacionado con la protección de mujeres víctimas de violencias. Las metas se relacionan con Casas Refugio, Línea Púrpura, y Prevención y Atención en Feminicidios, sin embargo, la Secretaría no es clara en cuanto a su cumplimiento en términos de empleabilidad. Asimismo, hay que señalar que, si bien indica que todo el personal contratado son mujeres, no especifica qué tipo de contratos son y qué duración tienen.

En cuanto a las Casas Refugio, conocemos que estas son operadas a través de convenios con terceros, por ende, cuando se habla de una meta de 506 empleos no se especifica si son generados por el operador o directos con la Secretaría de la Mujer. Además, es importante mencionar que en meses anteriores estuvimos haciendo requerimientos a la Secretaría pues recibimos quejas de profesionales empleadas en las Casas Refugio que manifestaron no estar recibiendo su pago a tiempo, y que los útiles de aseo y de trabajo entregados a las mujeres beneficiarias no eran los más adecuados ni en el mejor estado. Al respecto la entidad indicó que todo se encontraba en orden, sin embargo, nos queda la duda sobre la operación de tan importante espacio en manos de terceros.

En torno a la Línea Púrpura, saludamos que a partir de la resolución 928 de octubre de 2020 se autoriza a la Secretaría de la Mujer como agencia de despacho dentro de la Línea de emergencia de Bogotá, garantizando integrar la atención de esta entidad con la Línea 123 con el objetivo de fortalecer los procesos de recepción, tipificación, atención y seguimiento a los incidentes en los que se encuentran involucradas mujeres y así atenderlas de manera oportuna activando las respectivas rutas. A pesar de esto, nos surgen inquietudes acerca de las formas de contratación del personal vinculado al C4, teniendo en cuenta que es un escenario de alta exigencia para el personal vinculado (son mujeres) y en coherencia con la labor que desarrolla la Secretaría, este debería ser un espacio idóneo y con todas las garantías para el desarrollo de sus funciones.

Sumado, la Secretaría de la Mujer también ha implementado la Estrategia Intersectorial en Hospitales para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio, sin embargo, tan solo funciona con 4 abogadas en horarios rotativos 24/7 en 9 IPS priorizadas, lo cual claramente resulta insuficiente.

En conclusión, la ejecución hecha en cuanto a empleos por los diferentes sectores no deja claro bajo qué vínculo o tiempos de contratación se generan esos puestos, por lo tanto, no hay posibilidad de evaluar cuál ha sido “el impacto económico, social y laboral”. En ese sentido, somos enfáticas en el incumplimiento con lo acordado, el cupo de endeudamiento no era para llenar los bolsillos de los privados o solo realizar obras, sino que debía destinarse para generar empleos (medida económica contra-cíclica), prioritariamente entre mujeres y jóvenes, cosa que no pasó o definitivamente no puede ser comprobada por medio de la información suministrada.

Aprobado un nuevo cupo de endeudamiento
sin identificar el impacto positivo en empleabilidad del anterior

En 2020, la administración distrital solicitó al Concejo de Bogotá un cupo de endeudamiento por $10.8 billones que fue aprobado mediante el acuerdo 781 de 2020, del cual, tal como se informó a la corporación en diciembre de 2021, se habían ejecutado tan solo $4.5 billones de pesos y, sumando los compromisos, a junio de 2022 se alcanzaría un máximo de ejecución de 5.4 billones de pesos (alrededor del 50%). Pese a esto, el Concejo aprobó recientemente un nuevo cupo de endeudamiento que, como expondremos a continuación, se usa para gastos ordinarios e inversiones que no hacen otra cosa que seguir llenando los bolsillos privados a costa de los recursos públicos de la ciudadanía bogotana.

En este artículo nos concentramos en lo que ha sido la ejecución de los recursos del acuerdo 781 de 2020 en tres sectores específicos: movilidad, educación y mujer, evaluando si se cumplió o no con la promesa en términos de empleabilidad que fue hecha por parte de la administración para obtener la aprobación del Concejo. Según el Distrito, con esa plata se generarían empleos (contribuyendo a la reactivación económica), fundamentalmente entre mujeres y jóvenes, al ser los grupos poblacionales más golpeados en materia económica a partir de la pandemia.

Movilidad: más recursos invertidos y menos resultados vistos

El sector movilidad ha sido el mayor receptor de recursos durante la administración de Claudia López y, por supuesto, para el caso del cupo de endeudamiento de 2020 no fue la excepción, pues una suma superior a los $5.3 billones van dirigidos al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Transmilenio y la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Según las respuestas a la proposición, Transmilenio indica que ha comprometido recursos bajo la financiación del cupo de endeudamiento, en las vigencias 2020 y 2021, por un valor superior a los $416.000 millones, con lo cual, según se presentó en el Concejo, se generan 1.256 empleos directos y 768 indirectos; un resultado muy pobre frente a una inversión tan alta, sumado a que no hay ninguna prueba de que sean mujeres y jóvenes los más beneficiados con estos empleos. En torno al IDU, el presupuesto asignado a través del cupo fue superior a los $794.000 millones, que indica que para 2021 se generaron 10.667 empleos, 5.389 de ellos directos. Sin embargo, se informa que no cuentan con enfoque de género, diferencial o poblacional; es decir, nuevamente se comprueba que no era cierto que estos empleos priorizan a mujeres y jóvenes.

Por último, la EMB se limita a indicar que como los recursos los han ejecutado contratando con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), es esta la que “dispondrá de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de los objetos contratados directamente o a través de terceros, siendo autónoma en dicha contratación y asumiendo las responsabilidades del caso”. En ese sentido, aunque el recurso se destinó en el acuerdo a la EMB, en la práctica esta no participa ni es responsable de las actividades de seguimiento contractual en lo relacionado con la FDN. Descaradamente se usa una vez más a la Financiera para evadir el cumplimiento de la ley, ya no a partir de la ley de contratación sino del acuerdo en el que había condicionantes para la generación de empleo.

Nuestra lucha constante por la educación con garantías de cobertura y calidad

En materia de educación lo primero que hay que decir es que seguimos estando en desacuerdo con la forma en que se gasta ese recurso, es decir, el modo en el que se piensan proveer esos 20.000 cupos de educación superior. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es más que otra forma de desarrollo de la política educativa neoliberal que termina beneficiando a las universidades privadas, que, además, no tiene impacto a largo plazo y que tampoco considera el fenómeno de la deserción.

Asimismo, en torno al impacto de lo que se ha hecho con la plata del cupo, hay que señalar que, según la respuesta a la proposición de la Secretaría de Educación, con esos recursos se beneficiaron a 8.471 jóvenes (2021). No obstante, según la herramienta SEGPLAN de la Secretaría de Planeación para evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en todo el periodo solo se han beneficiado a 6.941 jóvenes (2020 – 2021). Es decir, se puede concluir que hay una diferencia de casi 2.000 entre los datos presentados y que, a pesar de estar ya a mitad de periodo, se ha cumplido únicamente con el 34% de la meta propuesta.

Ahora, en su presentación en el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Educación nos dijo que, con el dinero del cupo, en la cohorte 2021-2, se había beneficiado a 5.829 jóvenes y en la cohorte 2022-1 a 2.642. Es decir, 8.371 jóvenes beneficiados en 1 año (el semestre pasado y este). ¿Por qué en planeación aparece otra cifra? ¿Cuál es la cifra verdadera? Porque si benefician a 8.400 jóvenes por año, como ha indicado la entidad, la plata está funcionando, pero no es eso lo reportado.

En todo caso, insistimos, son recursos mal gastados, pues en vez de fortalecer presupuestalmente a la Universidad Distrital y garantizar que el gasto tenga vocación de largo plazo beneficiando a muchos jóvenes en el futuro, se prefiere gastarlo en una sola ocasión (con un solo cupo por estudiante) que en su mayoría se va a las universidades privadas.

¿Cuál es el verdadero impacto en reducción de violencias y mayor empleabilidad del sector mujer?

Este sector ha sido prioritario tanto para esta corporación como para la administración de turno, sin embargo, las medidas parecen no ser suficientes. De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia en el año 2021 se presentaron 622 feminicidios en el país, de los cuales 47 fueron en Bogotá, e incluso el Observatorio de Mujer y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría de la Mujer registró para 2021 un número de 98 asesinatos de mujeres en el Distrito. Desafortunadamente, para 2022 el panorama parece no mejorar, pues según el OMEG ya van 32 casos de asesinatos a mujeres en Bogotá y se han reportado 389 mujeres en riesgo de feminicidio, de las cuales 114 (30%) han sido de riesgo extremo en la capital.

Estas cifras nos deben mantener en alerta y no normalizar los hechos, los datos son el punto de partida para tomar medidas cada vez más contundentes que garanticen la defensa y protección de derechos de las mujeres y para que esto sea posible, es necesaria la adecuada asignación presupuestal para programas y metas relacionadas.

Con relación al cupo de endeudamiento autorizado en 2020, es menester señalar que se invirtieron $45.377 millones para la Secretaría de la Mujer, es decir, tan solo el 0,42% del cupo total, con lo que la entidad priorizó el proyecto 7734 relacionado con la protección de mujeres víctimas de violencias. Las metas se relacionan con Casas Refugio, Línea Púrpura, y Prevención y Atención en Feminicidios, sin embargo, la Secretaría no es clara en cuanto a su cumplimiento en términos de empleabilidad. Asimismo, hay que señalar que, si bien indica que todo el personal contratado son mujeres, no especifica qué tipo de contratos son y qué duración tienen.

En cuanto a las Casas Refugio, conocemos que estas son operadas a través de convenios con terceros, por ende, cuando se habla de una meta de 506 empleos no se especifica si son generados por el operador o directos con la Secretaría de la Mujer. Además, es importante mencionar que en meses anteriores estuvimos haciendo requerimientos a la Secretaría pues recibimos quejas de profesionales empleadas en las Casas Refugio que manifestaron no estar recibiendo su pago a tiempo, y que los útiles de aseo y de trabajo entregados a las mujeres beneficiarias no eran los más adecuados ni en el mejor estado. Al respecto la entidad indicó que todo se encontraba en orden, sin embargo, nos queda la duda sobre la operación de tan importante espacio en manos de terceros.

En torno a la Línea Púrpura, saludamos que a partir de la resolución 928 de octubre de 2020 se autoriza a la Secretaría de la Mujer como agencia de despacho dentro de la Línea de emergencia de Bogotá, garantizando integrar la atención de esta entidad con la Línea 123 con el objetivo de fortalecer los procesos de recepción, tipificación, atención y seguimiento a los incidentes en los que se encuentran involucradas mujeres y así atenderlas de manera oportuna activando las respectivas rutas. A pesar de esto, nos surgen inquietudes acerca de las formas de contratación del personal vinculado al C4, teniendo en cuenta que es un escenario de alta exigencia para el personal vinculado (son mujeres) y en coherencia con la labor que desarrolla la Secretaría, este debería ser un espacio idóneo y con todas las garantías para el desarrollo de sus funciones.

Sumado, la Secretaría de la Mujer también ha implementado la Estrategia Intersectorial en Hospitales para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio, sin embargo, tan solo funciona con 4 abogadas en horarios rotativos 24/7 en 9 IPS priorizadas, lo cual claramente resulta insuficiente.

En conclusión, la ejecución hecha en cuanto a empleos por los diferentes sectores no deja claro bajo qué vínculo o tiempos de contratación se generan esos puestos, por lo tanto, no hay posibilidad de evaluar cuál ha sido “el impacto económico, social y laboral”. En ese sentido, somos enfáticas en el incumplimiento con lo acordado, el cupo de endeudamiento no era para llenar los bolsillos de los privados o solo realizar obras, sino que debía destinarse para generar empleos (medida económica contra-cíclica), prioritariamente entre mujeres y jóvenes, cosa que no pasó o definitivamente no puede ser comprobada por medio de la información suministrada.