El mayor endeudamiento de la ciudad ¿en favor de quiénes?

Por : Heidy Sánchez

En Bogotá se evidencian todavía los impactos de la pandemia del Covid-19 pues, aunque los indicadores económicos muestran mejoría, estos se relacionan principalmente con los grandes capitales que restablecen con mayor facilidad sus negocios a diferencia de las micro y pequeñas empresas, incluyendo dentro de este último grupo a las economías populares de las que dependen tantas familias bogotanas, de las que hacen parte 3.030.261 personas en condición de pobreza monetaria y 799.434 personas en condición de pobreza extrema.

En nuestra opinión, esta es una arista de la realidad económica que, si no es la fundamental, debe ser una de las fundamentales a la hora de decidir en dónde se priorizan los recursos de la ciudad, recursos ordinariamente provenientes del recaudo tributario y, de manera extraordinaria como en esta ocasión, de la deuda pública.

 

Segundo cupo de endeudamiento periodo 2020 – 2024

El Concejo de Bogotá ya había aprobado, mediante el acuerdo distrital 781 de 2020, un primer cupo de endeudamiento, el más alto en la historia de la ciudad, por un monto de $10.8 billones, que fue solicitado por la administración de Claudia López en el último trimestre de 2020 para dar cumplimiento en su totalidad al plan de desarrollo distrital. No obstante, con base en el gasto de la administración para cumplir con sus metas este recurso resultó insuficiente, por lo que en el mes de mayo de 2022 la mandataria presentó ante la corporación el proyecto de acuerdo 271 en el que solicita un segundo cupo de endeudamiento que asciende a los $5.8 billones junto a $2.8 billones para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

El cupo aprobado en el acuerdo distrital 781 de 2020 tiene saldos no comprometidos por la administración a junio de 2022 por un monto de $5.9 billones a los que se sumarian los $5.8 billones solicitados para un total de $11.7 billones. Mientras la EAAB tiene un saldo por comprometer del cupo anterior por cerca de $1 billón que se sumaría los $2.8 billones solicitados para un total de $3.8 billones. Totales relacionados en los artículos 1ro. y 5to. del proyecto de acuerdo 271 de 2022.

 

¿Qué incluye el endeudamiento del 2022?

El proyecto de acuerdo 271 prioriza tres sectores: educación, movilidad y sistema de cuidado, como se evidencia en la siguiente tabla, sin embargo, llama la atención que, como todo lo que esta administración le ha presentado al Concejo de Bogotá en materia presupuestal, la prioridad es el sector de movilidad ($48,3%). 

 

Sector Monto (billones) % cupo
Educación $2,50 42,74%
Movilidad – 2da línea del metro $2,81 48,03%
Sistema del cuidado $0,54 9,23%
TOTAL $5,85 100%

 

La solicitud de los $2.8 billones para la EAAB se sustentan en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR) – Canoas. 

 

Movilidad

Para el sector de movilidad se registran $2,8 billones justificados como necesarios para completar el 30% que le corresponde al distrito para la inversión en la 2da. línea de Metro de Bogotá. Con respecto a esto, la administración manifiesta un claro afán de contar con la disponibilidad presupuestal necesaria para garantizar la cofinanciación por parte de la nación, correspondiente al 70% del costo total del proyecto. El 30% que le corresponde al distrito asciende a un monto de $11 billones recaudados de las siguientes fuentes:

 

  • $2,8 billones solicitados en el nuevo cupo de endeudamiento 2022.
  • $6,8 billones por recursos ordinarios.
  • $1,66 billones por gestión de activos. relacionado con la venta del 9,4% de las acciones del Distrito en el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), que está en proceso de estructuración y reduciría la participación a un 56,28%.

El principal problema, desde nuestra perspectiva, es que, además de la venta de activos del distrito para la financiación de la 2da línea del metro, está el modelo de concesión para la construcción y operación, es decir, el mismo modelo con el que funciona Transmilenio, en virtud del cual el Estado pone la principal palanca financiera para la construcción y mantenimiento de la infraestructura mientras que un privado se enriquece con la operación, con poca responsabilidad en términos de aporte de capital y poco riesgo, ya que su rentabilidad está garantizada con más fondos públicos.  

 

Educación 

Por otro lado, para el sector de educación nos parece importante que se proyecte destinar $1.08 billones en la infraestructura de educación de primera infancia, básica, media y el fortalecimiento pedagógico, sin embargo, en lo que tiene que ver con la educación superior y posmedia este cupo prevé $1.41 billones, gasto absolutamente ineficiente en la medida en que se financian programas como Reto a la U, entre otros, que reproducen el modelo ICETEX de “financiar” la demanda, en vez de financiar la oferta robusteciendo presupuestalmente la educación pública en perspectiva de largo plazo.

De esta manera, es una inversión de una sola vez, es decir, al titularse las y los beneficiarios se agota el recurso mientras que se mantiene un déficit en el mediano y largo plazo de, por lo menos, 40 mil cupos de educación superior. Igualmente, hay que destacar que en promedio se paga 2.3 veces más a una institución de educación superior (IES) privada de lo que cuesta un beneficiario en una IES oficial. Por ejemplo, en la Universidad de los Andes en promedio se paga 11.8 veces más de lo que vale un beneficiario en la Universidad Distrital (UD). 

He aquí la incoherencia, mientras que la administración distrital destina recursos públicos para pagar los sobrecostos de las IES privadas, los estudiantes de la Universidad Distrital (responsabilidad directa del distrito en términos de financiación) están pidiendo adecuación de la infraestructura para estudiar en condiciones dignas, pues incluso hace unos días uno de los techos de la sede de la Macarena se desplomó. Por tal motivo, consideramos que este cupo en lugar de financiar las instituciones privadas debería destinar recursos para ampliar la base presupuestal de la Universidad Distrital y reducir su déficit en infraestructura. 

 

PTAR CANOAS

La construcción de la PTAR Canoas tiene un costo total de construcción de $10,96 billones el cual es financiado en su totalidad por recursos públicos (65% CAR, 20% EAAB, 13% Distrito Capital y 1% Gobernación de Cundinamarca) con un Capex de $4.8 billones. De tal forma, que el cupo de endeudamiento solicitado para la EEAAB es por $2.8 billones para que, sumado a casi $1 billón restante del cupo anterior, se garantice el porcentaje necesario de la inversión para la PTAR Canoas. Ante esto hay que decir que, la descontaminación del rio Bogotá debe ser un hecho metropolitano y la EAAB debería estar a cargo, por tal motivo rechazamos el modelo de contratación por concesión propuesto por la EAAB para la construcción y operación de esta.

A pesar de estos argumentos, que pusimos en debate del Concejo de la ciudad, el pasado sábado 28 de mayo, con 11 votos a favor, fue aprobado en primer debate este proyecto dentro de la comisión tercera de hacienda y crédito público, con una única modificación con respecto a lo presentado por la administración inicialmente. Dicho ajuste no estuvo relacionado con el monto del cupo sino con la destinación del recurso en el sector de educación, comprometiéndose la Alcaldía (de palabra, pues no queda específico en el articulado y además el cupo es indicativo) a reducir el monto dirigido a becas en educación superior y posmedia para invertir en la infraestructura de las facultades de artes y ciencias de la salud de la UD. 

Así las cosas, aunque no estamos de acuerdo con el modelo de concesión y privatización que se plantea en la mayoría de las inversiones, reconocemos que, si la administración cumple con la inversión en infraestructura de la UD, esto representa un aumento en la capacidad instalada de la ciudad para ofertar educación superior y, por lo tanto, reduce un poco el déficit de cobertura de manera costo-eficiente. 

Este proyecto, que en los próximos días deberá superar el debate en plenaria de la corporación, donde seguramente será aprobado. Una vez más como en el cupo de endeudamiento de 2020 y el supuesto plan de “rescate social”, las iniciativas a las cuales se dirigen los recursos tienen un fuerte componente de inyección de recursos públicos en los bolsillos privados que, como se ha probado, no genera beneficio directo para las y los bogotanos, ni tiene un impacto en el corto plazo en la reducción de la pobreza ni en la generación de empleo.

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