Gustavo Petro: sus batallas jurídicas y las 15 decisiones a su favor

A lo largo de su carrera política, Gustavo Petro ha sido víctima de seguimientos ilegales por parte del mismo Estado y ha librado largas batallas jurídicas para lograr echar abajo multas millonarias, una destitución y hasta una inhabilidad para ocupar cargos públicos. 

La justicia parece de estar de su lado: la CIDH, la Corte IDH, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales, han proferido alrededor de 15 decisiones a su favor en los últimos 8 años. 

LAS BASURAS

Gustavo Petro llegó a la alcaldía de Bogotá el primero de enero de 2012 y quizá el proyecto más ambicioso y polémico de su administración fue el cambio del modelo de recolección basuras, con el que buscaba que el servicio de aseo, que era manejado por privados, pasara a manos de una empresa pública que incluyera a los recicladores de la ciudad en la prestación del servicio. 

Como era de esperarse, la decisión no cayó bien entre los operadores privados y el servicio de aseo no se prestó adecuadamente durante 3 días, lo que desató una crisis de basuras en la ciudad. 

Por estos hechos se inició una investigación disciplinaria y el 9 de diciembre de 2013 el procurador Alejandro Ordoñez sancionó a Petro con destitución de su cargo como alcalde de Bogotá e inhabilidad para ocupar cualquier cargo público por el término de 15 años, decisión que fue ratificada el 13 de enero de 2014.  

Días después, Emilio Tapia, el testigo estrella de la Fiscalía en el expediente del carrusel de la contratación, le reveló a El Espectador cómo supuestamente se fraguó un complot para sacar al entonces alcalde de su cargo. Según él, los operadores privados que venían prestando el servicio de aseo, se concertaron para inundar a la ciudad de basura, lo que generó un caos que terminó con la destitución de Petro.

“Hubo un complot contra el alcalde de Bogotá. Por los intereses que tenían los operadores privados en su momento, éstos se juntaron para no aceptar del distrito la última prórroga que se les iba a hacer al contrato, con el fin de que se generara un caos en la recolección de basuras, caos que efectivamente se dio. Todo esto fue premeditado por los operadores privados”, relató Tapia.

Petro acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando la violación a sus derechos políticos, y también ante el Consejo de Estado, alegando que la Procuraduría se había saltado el debido proceso. Tanto la CIDH como el Consejo de Estado le dieron la razón.

Marzo de 2014 – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Luego de estudiar una solicitud de medidas cautelares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno que suspendiera inmediatamente los efectos de la decisión de la Procuraduría, con el fin de garantizar los derechos políticos de Gustavo Petro para que pudiese terminar su periodo en la alcaldía de la capital.

Abril de 2014 – Tribunal Superior de Bogotá 

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Juan Manuel Santos, presidente de la república en ese momento, restituir a Gustavo Petro como alcalde, en cumplimiento a las medidas cautelares de la CIDH. 

Mayo de 2014 – Consejo de estado

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar a Gustavo Petro.  

Noviembre de 2014 – Fiscalía

En relación con el tema de las basuras, la Fiscalía recibió 11 noticias criminales que resolvió mediante una investigación única que fue archivada en noviembre de 2014. 

De acuerdo con el ente acusador, fruto de la investigación, se archivó el proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción.

Esta decisión se produjo al concluir que no existían elementos para considerar la comisión de delitos en lo relacionado con otros hechos que fueron objeto de denuncia, tales como la celebración del contrato 017 entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); la expedición del Decreto 564 de 2012, clave en la implementación del esquema de aseo; la importación de vehículos compactadores; y la autorización temporal para utilizar volquetas para la recolección de basuras.

Asimismo, determinó que la ausencia de recolección de basura en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, no generó contaminación ambiental en los términos que contempla el Código Penal.

Noviembre de 2017 – Consejo de Estado

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tumbó la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar a Gustavo Petro, y ordenó al ente de control pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo. 

A juicio del máximo tribunal, la Procuraduría no tiene competencia para imponer sanciones que restrinjan los derechos políticos de las personas elegidas por voto popular. 

Julio de 2020 – Corte IDH

El 8 de julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confirmó que los derechos políticos de Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría. 

Además, señaló que el fallo del Consejo de Estado no reparó integralmente el hecho ilícito que constituyó la violación del derecho al ejercicio de una función de elección popular, ya que, entre otras cosas, la decisión de separarlo del cargo afectó los derechos de aquellas personas que lo eligieron.

Del mismo modo, la Corte concluyó que el proceso disciplinario no respetó la garantía de imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues el diseño del proceso implicó que la Sala Disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias. En su decisión, determinó que ningún funcionario elegido popularmente puede ser apartado de su cargo por una autoridad diferente a un juez.

De acuerdo con el Tribunal, también existió una violación al principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente. 

Finalmente, por las violaciones a los derechos políticos y las garantías judiciales de Gustavo Petro, la Corte IDH ordenó al estado colombiano a pagar 10 mil dólares como compensación por el daño inmaterial que sufrió y cerca de 23 mil dólares a sus representantes, por concepto de costas y gastos del proceso.

Diciembre de 2020 – Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Para finalizar con este capítulo sobre las basuras, en diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la DIAN a indemnizar a la empresa Aguas de Bogotá por el decomiso de 22 camiones compactadores de basura que iban a ser utilizados en la implementación del nuevo modelo de aseo.  

En marzo de 2014 la DIAN ordenó la incautación irregular de los vehículos porque no cumplieron con los trámites requeridos a finales de 2013 para su tránsito y permanencia en el país, sin embargo, el tribunal señaló que la entidad tuvo conocimiento con antelación al vencimiento del plazo para reexportar los vehículos, tal como lo alegó en su momento la alcaldía en cabeza de Gustavo Petro cuando expresó que no se podía cumplir el plazo, pues las condiciones de orden público derivadas del Paro Agrario de 2013 habían retrasado el trámite.

 

TRANSMILENIO

En su alcaldía, Gustavo Petro decretó que de disminuyera del precio del tiquete de Transmilenio en las horas con menor afluencia de pasajeros (horas valle). Por este hecho, en 2016 la Contraloría Distrital le impuso una multa por $217 mil millones.

Enero del 2022 – Contraloría de Bogotá 

La Contraloría de Bogotá lo absolvió en segunda instancia, al establecer que las decisiones tarifarias de la administración distrital para el periodo investigado (1º de noviembre de 2013 y 28 de agosto de 2015), “se sustentaron en estudios técnicos y financieros, fueron objeto de continuos seguimientos y revisiones, y se diseñaron para dar respuesta a la política pública prevista desde el plan de gobierno del mandatario local, desvirtuando en consecuencia, un actuar negligente o descuidado de quienes fueron imputados como presuntos responsables fiscales en el auto 001 del 30 de diciembre de 2020, siendo procedente entonces, proferir fallo sin responsabilidad fiscal”.

Además, señaló que “con las medidas adoptadas, se benefició a los usuarios del servicio de transporte público, y en la motivación de la administración, siempre se tuvo como fundamento no impactar negativamente los ingresos de los ciudadanos, con tarifas altas para dicho concepto”.

Tras conocerse la decisión, Gustavo Petro dijo: “por bajar las tarifas de Transmilenio para hacer más sostenible la ciudad, aumentando la demanda por el transporte público, y para disminuir la pobreza, fui embargado y procesado. Hoy la justicia nos da la razón”.

Mayo de 2022 – Tribunal Administrativo de Cundinamarca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos la condena de responsabilidad fiscal impuesta por la Contraloría distrital de Bogotá en contra de Gustavo Petro. En la decisión se ordenó dejar sin efectos una millonaria multa y la inclusión de Petro en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y en el registro de inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación. 

 En el caso de Transmilenio Gustavo Petro también fue denunciado porque bajo su mando implementó una política pública centrada en permitir que únicamente las mujeres utilizaran el vagón delantero de los buses de Transmilenio, con la finalidad de prevenir y neutralizar los acosos y hostigamientos de los que estas venían siendo víctimas, el denunciante alegaba que el entonces alcalde habría incurrido en el “delito de actos de discriminación”, no obstante, una vez más, la justicia le dio la razón a Petro.

Abril 2021 – Corte Suprema de Justicia 

Tras agotar la respectiva investigación preliminar, la Sala Especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió ordenar el archivo de la actuación tramitada contra Gustavo Petro, por esas decisiones que tomó durante su mandato. 

Para la Sala, se trató simplemente de una acción afirmativa o mecanismo de discriminación positiva constitucionalmente admitido, y de carácter temporal, a favor de las mujeres, como grupo que por circunstancias especiales se encontraba en situación de mayor vulnerabilidad durante el uso del transporte público Transmilenio.

 

LAS CHUZADAS DEL DAS 

El hoy candidato presidencial y su familia fueron víctimas de interceptaciones ilegales por parte del Estado entre 2004 y 2009.

Agosto de 2020 – Tribunal Administrativo de Cundinamarca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a Gustavo Petro y su familia.

El Tribunal encontró responsable al DAS, al de la Presidencia y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de los daños ocasionados al hoy candidato y a su familia por presuntas las interceptaciones realizadas en su contra durante ocho años.

Marzo de 2021: Antonella y Sofía Petro Alcocer fueron incluidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia que obligaba a indemnizar al senador Gustavo Petro y a siete miembros de su familia por las interceptaciones ilegales adelantadas por el DAS

 

LAS BOLSAS

 Al cierre de la indagación preliminar originada en las denuncias por los hechos del video que lo registra recibiendo una alta suma de dinero en efectivo y depositándola en una bolsa, la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal contra Gustavo Petro.

 El 27 de noviembre de 2018, en medio del debate contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrech, la senadora Paloma Valencia reveló un video sin audio en el que aparecía Gustavo Petro recibiendo dinero en efectivo y depositándolo en una bolsa, lo que logró desviar la atención de la plenaria. 

 Ese mismo día, Gustavo Petro expresó: “como estaba previamente establecido querían con el video sobre mí, tapar graves hechos de corrupción. El video tiene un audio que no fue presentado. Es de hace 14 años como se afirma allí mismo. Y allí mismo se dice la fuente del dinero y su uso. Es del arquitecto Simón Vélez”.

 Semanas después brindó más detalles sobre el hecho: “los 20 millones de pesos que aparecen en el video son de Simón Vélez y me los da Juan Carlos [Montes] porque Juan Carlos trabaja profesionalmente para él. Es en efectivo porque Simón Vélez públicamente lo ha dicho, aborrece el sistema financiero. Simón Vélez es excéntrico”. 

 Según se ha podido establecer, Juan Carlos Montes no solo es la persona que aparece en el video entregándole el dinero, sino que es también quien decidió hacer la grabación. Además, fue subdirector técnico de producción e intervención de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y luego subdirector de construcciones del IDRD, durante la alcaldía de Gustavo Petro.

 En cuanto a los motivos para grabar el video, Montes le dijo a la fiscalía que “hay dos razones, yo soy una persona que me gusta llevar como secuencias, me gusta llevar digamos como actas en la vida. Entonces me pareció como para la historia tenerlo. Y dos, porque había notado en el senador Petro, pues cierta displicencia en algunos momentos con algunas personas, pero sin ningún pensamiento, sin ningún objetivo de hacer nada con él (…) ni de venderlo ni de extorsionarlo ni nada de eso”, así lo reveló Revista Semana en junio de 2021. 

 Sobre la procedencia del dinero, el reconocido arquitecto Simón Vélez confirmó que, si bien no prestó dinero para financiar campañas de Petro, sí colaboró convenciendo a sus amigos para que lo hicieran.  

 “Nunca le di dinero, pero colaboré diciéndoles a los amigos que le aportaran. No le puedo decir cuánto, porque no soy tesorero de campañas. He tenido amigos oligarcas de todas las condiciones y en elecciones les recuerdo la necesidad de apoyar también a la oposición, como garantía de una democracia fuerte”, aseguró Vélez en una entrevista con Gustavo Gómez.

 Junio de 2021 – Corte Suprema de Justicia

En decisión mayoritaria, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que, efectivamente, el video fue grabado en octubre de 2005. Por ello, prescribió la acción penal por los eventuales delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

 Asimismo, el máximo tribunal indicó que “del análisis de las pruebas recaudadas en la investigación previa, la Sala estableció que, de no haberse producido la prescripción, al senador Petro tampoco se le puede atribuir alguna conducta que constituya delito, por los hechos revelados en la grabación audiovisual y los que rodearon ese episodio. Concluyó que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito.

Además, sobre la denuncia realizada por Abelardo de la Espriella en la que aseguraba que el dinero fue un aporte de alias “El Loco Barrera” a Petro, con el fin de financiar su campaña presidencial de 2010, la investigación previa de la Corte descartó que la suma tuviera origen en el narcotráfico y dejó en claro que los hechos registrados en el video ocurrieron el 7 de octubre del 2005, cuando Petro aspiraba al Senado y no en 2009 cuando era candidato a la Presidencia.

 

LA RECOMPRA DE LAS ACCIONES DE LA TGI

 En 2011, durante la alcaldía de Samuel Moreno, la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) vendió por $400 millones de dólares el 31.92% de sus acciones y en 2014, cuando Gustavo Petro se desempeñaba como alcalde y presidente de la junta directiva de la empresa, se las recompró por 880 millones de dólares a Inversiones de Energía Latinoamericana Holdings (IELAH) con sede en España.

 Diciembre de 2021 – Contraloría de Bogotá 

En 2016 la Contraloría Distrital dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal en contra de Gustavo Petro, por un presunto daño al patrimonio público por la forma en la se hizo la recompra de las acciones.

 El 9 de diciembre de 2021 la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá resolvió fallar sin responsabilidad el proceso en el que estuvieron vinculados Gustavo Petro y Sandra Stella Fonseca, presidenta de la EEB para la época de los hechos.

 “Dicen que soy mal gerente. Y llegaron a decir que corrupto. En esta operación de recompra de TGI por EEB, duplicamos el valor de EEB y la fortalecimos desde una gerencia pública de excelencia”, dijo Gustavo Petro luego de conocerse la decisión. 

 En un artículo publicado por Portafolio en 2016, dos años después de la operación, un analista explicó que las proyecciones de las firmas asesoras del negocio señalaban que la transacción le generaba a la Empresa de Energía de Bogotá un incremento del patrimonio de US $131 millones y una rentabilidad del 28,8 % anual en dólares, sin embargo, los resultados operacionales reales han sido superiores a las proyecciones del asesor’, pues ‘se ha establecido que el mayor valor generado para la EEB es un incremento del orden de los US$ 300 millones en el patrimonio de TGI’, lo que supone un retorno de la transacción del orden del 30% anual, ‘lo cual difícilmente puede denominarse detrimento patrimonial’.

 Otro experto le dijo a la Revista que a primera vista suena elevado el monto de la transacción, sin embargo, cuando se revisa la maquinita de hacer dinero en la que se convirtió TGI, las cifra ya no es para nada elevada, pues pasó de ser una compañía en el 2011 con un Ebitda de US$222 millones y US$34 millones en caja, a una compañía con un Ebitda de US$361 millones y US$364 millones en caja. El solo Ebitda se incrementó en un 66% en un periodo donde las tasas de descuento cayeron sustancialmente por la expansión monetaria de la Reserva Federal, lo cual afecta significativamente la valoración al alza.

Julio de 2018 – Fiscalía 

En 2018 la Fiscalía archivó la indagación que adelantaba contra Petro y otros funcionarios de la EEB y la TGI, por la presunta apropiación de recursos públicos. 

 De acuerdo con el ente acusador, los peritos de la policía judicial financiera determinaron que la valoración que se hizo de las acciones de la TGI era la adecuada y no hubo evidencias que acreditaran que en dicho proceso de compra se hubieran cancelado por doble partida los dividendos de 2013 en cuantía de $130.066.744 que le correspondían al accionista IELAH España.

 

4 Comments on "Gustavo Petro: sus batallas jurídicas y las 15 decisiones a su favor"

  1. Ricardo Castro reyes | 29 mayo, 2022 at 11:19 am |

    Para todo el que obra mal, tristeza y angustia vendrá. Romanos 2:9 pero para todo el que obre bien, habrá Gloria honor y Paz. Petro Presidente.

  2. Nelly Cecilia Mejía Rodríguez | 28 mayo, 2022 at 9:58 pm |

    Excelente resumen sobre decisiones judiciales en favor del futuro Presidente, quién esta excluido de todo acto penal o disciplinario. Gracias por nformaciónes tan detalladas y concretas.

  3. Un Hombre, que nació para servir y ser mensajero de empatía, esperanza y progreso integral, real

  4. Se siente pena ajena,ver como los políticos corruptos,q se quieren atornillar en el poder, calumnian,denigran a Gustavo Petro.Es vergonzoso ver como una mujer,pudo prestarse para sacar un video sin audio, intencionalmente,q pertenecía de quien presto el dinero para la campaña y q la senadora de mala fe lo utilizó para proteger al fiscal de la época y dañar a Petro, para ella es fácil negociar los principios, una verguenza. El señor Tapias tuvo q retractarse de las calumnias contra Gustavo Petro, otro contratista, corrupto, sin principios, ni valores, es asi q se ha probado la inocencia a traves de sentencias de los tribunales de Gustavo Petro, y así en todos los casos. Lo degradante, es q haya servidores se presten para calumniar,dañar, denigrar a sus colegas.

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