¡Buenaventura y los rostros del olvido!

Por: Victoria Sandino

Eran las 10 de la mañana del pasado 13 de mayo cuando, en un gran salón del Hotel Cosmos Pacífico, observé un centenar de rostros de mujeres, hombres, niños y niñas, rostros negros e indígentas con miradas melancólicas unos, otros de miedo, pero todos reflejaban resistencia y dignidad, es el pueblo de Buenaventura que !no se rinde, carajo! Estaban dispuestos para la realización de la  Audiencia Pública sobre la crisis humanitaria que padece el pueblo negro e indígena en el principal puerto del pacífico colombiano. Ahí estaban los y las olvidadas por la institucionalidad para hacer escuchar sus voces sobre sus problemáticas añejas y recientes, que vienen siendo las mismas que históricamente ha padecido la ciudad portuaria.

Añejas estas problemáticas, por el simple hecho de que a esa zona del Pacífico colombiano no llega el alcance de la cara social del Estado. Quienes leen estas líneas deben saber que la Audiencia Pública por Buenaventura fue convocada en abril del 2021, pero no hubo manera de que los funcionarios del Estado fueran oportunamente a conocer y analizar, en el terreno, las múltiples violencias que padecen de una punta a otra los bonaverenses.

Denunciaron, como lo hicieron el año pasado, los asesinatos selectivos, el rebrote de grupos paramilitares, las disputas de bandas por rutas del narcotráfico, las casas de pique, la violencia contra las mujeres, la pobreza y el hambre que se reproduce por cuenta del impacto del virus; a todo esto se juntaron más problemas de orden público y sociales. El grupo paramilitar Clan del Golfo y otros grupos armados, acrecentaron lo que ya hace muchos meses se mostraba como un problema al que el gobierno saliente no prestó ninguna atención.

El impacto de la violencia desatada en Buenaventura y el Pacífico colombiano obligó al desplazamiento de decenas de familias que se encuentran en albergues desde noviembre de 2021; además de estar sometidas a condiciones de precariedad, deben inhibirse de lo poco que pueden conseguir para alimentarse, pues el accionar de los grupos armados impide la libre circulación de las personas en determinados puntos de la ciudad y restringe hasta el aspecto más mínimo de la vida ordinaria.

La delegación de gobierno, incompetente e responsable con sus funciones públicas y nada diligente como ordenan las normas, brilló por su ausencia en la atención oportuna y necesaria de los organismos de Estado en el orden social. En lugar de ellos, llegaron a la sede de la Audiencia los jóvenes líderes/as que están comenzando a sumarse a los espacios de debate y creación de propuestas reales, concretas y factibles para mejorar la situación de todas y todos.

Como respuesta a la crisis, las comunidades, organizadas al ritmo de sus asambleas, chirimías y cantos decidieron la creación de un espacio de resistencia comunitaria y territorial denominado Juntanza Interétnica Social y Popular; conformada principalmente por integrantes de las comunidades de Bajo Calima y San Juan, y acompañada por organizaciones e instituciones con presencia en el territorio, que respaldan las exigencias en materia de seguridad, de resarcimiento de derechos y de no regresividad de los derechos exigidos por las comunidades afectadas.

Hablaron de aquellos jóvenes que tratan de evadir el reclutamiento forzado de estructuras armadas al servicio del narcotráfico, muchos tienen que abandonar la ciudad, lo que impacta negativamente al puerto, pues promueve la fuga de talentos y capacidades. Estas estructuras ilegales llegan a tener incluso, más de cien integrantes en las barriadas y han dejado 46 mil víctimas internas en los últimos años, que la Unidad de Víctimas se niega a reconocer como tal.

En el caso de las mujeres se multiplican las consecuencias. A inicios de marzo pasado, fue encontrado el cuerpo  desmembrado de Lina Liceth Rivas, una lideresa comunitaria. El hecho que tanto conmueve hoy a la segunda ciudad más importante del Valle del Cauca, es la muestra cruel del estado de descomposición de una zona del país donde se cruzan muchos intereses del contrabando y el narcotráfico y el aumento de la pobreza y miseria de sus habitantes. Las mujeres también deben confinarse por la imposición de medidas restrictivas de circulación, son las que menos encuentran oportunidades laborales y menos cursan estudios formales o superiores.

Los bonaverenses están convencidos de que otro de los graves focos de conflicto social y político en las zonas más populosas de la ciudad, es la falta de implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, que define para esa región del país, planes urgentes de gran impacto productivo, económico y social. Buenaventura le apuesta al cambio, porque otro futuro es posible, sin discriminación y sin violencias; de nuestra parte seguiremos trabajando junto a esos rostros del olvido para que renazca la esperanza y la paz.

 

 

 

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