Por: Pablo Catatumbo
Nuestro país se ha caracterizado por mantener una extrema inequidad en la distribución de la tierra mediante formas monopólicas de apropiación excluyente sobrepuesta al desarrollo de la mediana y pequeña propiedad, lo que generó la consolidación del latifundismo en vastas regiones del territorio nacional y la profundización de la pobreza rural, la falta de abastecimiento de alimentos, la precariedad en las condiciones laborales para el campesino, los conflictos socioambientales, entre otras problemáticas que estamos en mora de resolver.
A pesar de que han pasado cinco años desde la firma del Acuerdo Final de Paz que definió la Reforma Rural Integral como una hoja de ruta para avanzar en la solución de la problemática del campo, esta no se ha implementado con la velocidad y decisión que requiere. Respecto de lo territorial el secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia, afirmó que no hay desarrollos sustanciales, y la deuda con campesinos, indígenas y afrodescendientes se mantiene ante un panorama de creciente desigualdad y violencia. El contexto es tan preocupante que, según informes de la Procuraduría y Contraloría, la implementación de los componentes étnicos corresponde a un precario 8%.
Por otro lado, las herramientas, instrumentos y entidades que fueron creadas para implementar el punto uno del Acuerdo, han caminado al ritmo paquidérmico impuesto por las fuerzas políticas del saliente Gobierno, que siempre estuvo interesado en mantener el actual estado de cosas sobre la tierra, al punto que, la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, por ejemplo, ha presentado datos que no corresponden a la implementación real de lo acordado, lo que nos deja claro que su labor en estos años no ha sido efectiva para los intereses de las comunidades rurales y para el país en general.
La Procuraduría General de la Nación en su tercer informe al Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz señaló que del total de los baldíos formalizados con corte a 2021 el 99% de las hectáreas presentadas como avances por la ANT, no tienen que ver con una gestión especifica de implementación, sino más bien con los atrasos administrativos dejados por el INCORA e INCODER. Solo 594 correspondientes a 2.722,5 hectáreas tienen relación con el periodo de implementación, es decir, desde el año 2017 a la fecha y el restante concierne a adjudicaciones anteriores a la firma del Acuerdo, así: 143 predios con un área de 2.809,6 hectáreas formalizadas antes del año 2000; 36.491 predios con un área de 1.114.796,13 hectáreas entre los años 2000 y 2016.
De esta manera, se mantiene incólume la estructura de tenencia de la tierra que ha campeado por más de cinco décadas en el país, el cual ha puesto en riesgo a la población rural y la seguridad alimentaria de toda Colombia. La concentración de la tierra en pocas manos, los latifundios improductivos, el cambio del uso del suelo con vocación agrícola, la ganadería extensiva, los monocultivos y la lógica de a más tierra mayor poder, nos está conduciendo a una crisis y quiebra rotunda.
El modelo de campo al que le incomoda el “punto uno” promueve una ruralidad sin campesinos, y en su lugar impulsa la ganadería extensiva, que además de utilizar terreno útil para la producción de alimentos, erosiona los suelos y convierte en improductivas las tierras, genera la eliminación de especies nativas, produce gases de efecto invernadero, contamina fuentes hídricas, y es una de las responsables de la deforestación que causa daños irreparables a los ecosistemas.
En este ambiente, la RRI es vista con malos ojos por los legatarios del “Pacto de Chicoral” hoy en el Gobierno, que pretenden conservar el statu quo sobre la tenencia de la tierra en favor de una minoría, desconociendo la importancia para superar los riesgo de hambruna de la que habló hace unos meses la FAO; el acceso y uso de la tierra posibilitaría que se produzcan más alimentos, y que el suelo recupere su vocación agrícola, por lo que indiscutiblemente los tres millones de hectáreas gratuitas para campesinos sin tierra, la formalización de siete millones de hectáreas en pequeña y mediana propiedad rural, el cierre de la frontera agrícola y el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina, contribuirían a la soberanía alimentaria en Colombia, para que tres platos de comida al día no sean una novedad para 2,4 millones de hogares que hoy consumen menos de tres raciones diarias.
Palabras más palabras menos, en la RRI aplazada por Duque y sus cortesanos se encuentran las alternativas para que, además de zanjar una deuda de años y años con los pobladores del campo, se pueda hacer frente a los riesgos de crisis alimentarias que se avecinan; el modelo agrario vigente está caduco. En un gesto por la Paz y con las gentes del común, la elite colombiana debería declinar en su deseo por mantener la guerra por la tierra, y contribuir a desarrollar un país que de una vez por todas se asome a la modernidad en el campo.
Gran desafío le espera al Gobierno entrante.
