En los últimos días se conoció la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué de sancionar al presidente Iván Duque; la alcaldesa de Casabianca, Yineth Cifuentes y dos servidores públicos de Caldas y Quindío a quienes responsabilizó de no acatar el fallo de tutela que busca la protección ambiental del Parque Nacional Natural los Nevados
Dicha decisión corresponde al fallo de la Corte Suprema de Justicia en el cual estableció en noviembre del 2021 que el Parque Nacional Natural Los Nevados es sujeto de derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano, cuya representación legal está a cargo del Jefe de Estado.
En ese momento la Corte ordenó a entes territoriales de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío y corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales elaborar de manera mancomunada el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación para el PNN los Nevados.
Sin embargo, según explicó Juan Felipe Rodríguez, abogado ambientalista, la sanción al presidente se da debido a que no acató la orden de la Corte, pues “lo único que hizo fue designar a un par de militares para la custodia del parque, pero eso no corresponde a la orden como tal, porque el fallo fue claro en que el mandatario debía constituir un grupo especial ambiental”, explicó Rodríguez.
Se le abrió el desacato porque la Corte Suprema de Justicia le ordenó crear un comando de Fuerza Pública Especial, con una finalidad ambiental, para que patrulle y vigile el parque natural. Este comando debe tener todas las condiciones de adaptabilidad de los uniformados a alta montaña.
El tribunal precisó que el presidente se limitó a designar al coronel William Castaño, de la Dirección de Carabineros, y al Teniente Coronel Mancilla de Operaciones de la Sexta Brigada del Ejército como responsables directos del seguimiento al cumplimiento de ese fallo.
Por su parte, el abogado ambientalista aseguró que el presidente puede enfrentar “diversas sanciones que van desde multas de carácter económico, sanciones de arresto y hasta implicaciones penales”.
