El paro armado que enmudeció al gobierno nacional

Por: Victoria Sandino.

El pasado miércoles 4 de mayo a las 3 de la tarde, se conoció a través de los medios de comunicación la extradición exprés de Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como “Otoniel”, después de haber comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de que el Consejo de Estado levantara la medida que frenaba su extradición.

Se conoció que el señor Otoniel entregó en la JEP un listado de políticos, militares, empresas y hasta universidades que, según él, colaboraron con los paramilitares en su accionar de violencias durante estos años de conflicto; también se comprometió a seguir contando la verdad al país, sobre todo a las víctimas para esclarecer los hechos dolorosos cometidos por el paramilitarismo como política de Estado en Colombia, así que ahí se encuentra la explicación de ¿por qué el afán de su extradición?

Ese mismo miércoles nos reportaban desde el Sur de Córdoba la llegada de 100 familias desplazadas a la cabecera municipal de Puerto Libertador, huyendo de la represión de la fuerza pública que, además de atropellar a las comunidades, dañar sus enseres, se encuentra realizando una erradicación forzada, no obstante el acuerdo que firmaron y vienen cumpliendo esta población.

Pero la cosa no terminaba ahí. Comenzó a agravarse a eso de las 10 de noche cuando, en un mensaje en cadena a través de WhatsApp, empezó la intimidación de las autodefensas gaitanistas de Colombia (AGC) anunciando el decreto de paro armado por la extradición de su máximo jefe, a través del siguiente mensaje: «que de parte del señor J que debido a la extradición de señor OTO a partir del momento paro Armado por 4 días, que notifique a todos los frentes y que se sienta, que pinten paredes con el nombre del bloque y AGC, que los negocios, transporte y todas las actividades que de una queden detenidas en los Municipios y Ciudades, el que no quiera cerrar será dado de baja por no acatar la orden y de la ley el policía que la cuelgue también se le da de baja, eso para todo el bloque Roberto Vargas», (Sic).

Al día siguiente continuaron anunciando en comunicados oficiales de los diferentes bloques del grupo paramilitar; comenzaron a verse las paredes pintadas, negocios cerrados. Ni las ambulancias ni los colegios se salvaron, hasta ahí llegaron y echaron a los estudiantes para sus casas. De acuerdo a un reciente reporte de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el Clan del Golfo ejecutó al menos 309 acciones violentas afectando a 178 municipios en 11 departamentos; 187 vehículos fueron afectados, cerca de 24 civiles asesinados, entre 2 y 3 miembros de la fuerza pública, también asesinados.

Este paro demuestra el fracaso de la política de seguridad del Gobierno, que sigue repitiendo la versión de que se trata de un grupo reducido y que no tiene ningún control territorial, pero los hechos y el encierro de la gente dicen todo lo contrario. Lo ocurrido durante los últimos días solo ha afectado a los más vulnerables, los más humildes, a la gente que todos los días debe salir a rebuscarse la comida y que por no poder salir debieron soportar cuatro días de hambre. Igual pasó con las 100 familias desplazadas que les conté al principio, el paro armado invisibilizó su problemática, aguantaron hambre por no tener donde comprar alimentos porque el comercio estaba cerrado; días de encierro y de zozobra, de escuchar disparos desde distintos lados sin saber qué estaba ocurriendo.

Lo raro de todo este episodio no se le escuchó al general Zapateiro, muy bocón en política, pero muy ausente en la acción contra los grupos ilegales, ni a la “gente de bien”, ni los gremios económicos, empresarios, medios de comunicación, nadie hizo cuentas de cómo el paro afectaba la economía, cuánto perdía el país  que tanto promovió “mano dura contra los vándalos”, mientras el presidente intentaba emitir mensajes cacofónicos y repetitivos para negar lo innegable: el paramilitarismo es una política de Estado y al señor Otoniel lo extraditaron por miedo a que se sepa la verdad sobre el conflicto.  

Queda demostrado que la paz no se logra con aumentar el pie de fuerza militar violando los derechos humanos de los humildes; que Colombia necesita una opción de diálogo con todos los actores armados para que los territorios no sigan soportando la guerra; que tenemos la oportunidad de elegir bien este fin de mes, con una futura presidencia que se comprometa con la implementación integral del Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana y por el cual continuaremos trabajando en los territorios con y para los pobres de Colombia, con las y los excluidos.

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