Corte Constitucional convocó a audiencia pública por la escalada de violencia contra líderes sociales 

Mediante el Auto 538 de 2022, la Corte Constitucional convocó  a una audiencia públicapara evaluar cuál ha sido la respuesta del Estado ante la vulneración masiva de los derechos humanos y fundamentales de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“La violencia contra líderes y lideresas es gravísima por su intensidad y por su impactos, pues no solo viola los derechos a la vida y su integridad de líderes y lideresas, sino el derecho a defender derechos e impacta muy negativamente a sus comunidades”, consideró durante la audiencia el director del centro de estudios DeJusticia, Rodrigo Uprimny

Esta audiencia se dio luego de la acción de tutela interpuesta por un grupo de líderes y lideresas sociales de Cauca, Chocó, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Cali y Medellín, respaldados por plataformas de DD.HH, quienes consideran vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida

“Es importante que este tipo de situaciones que persisten, tengan una solución de fondo que permita seguir avanzando en esa construcción de paz. Nosotros trabajamos en nuestros territorios en el marco de preservar la vida, proteger nuestra niñez, pero también de las mujeres y personas mayores”, aseguró Erlendy Cuero Bravo, lideresa representante de la comunidad afro, quien solicitó : “Por favor se nos permitan las garantías reales para continuar en la defensa de derechos”.

Por su parte, La representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, hizo un llamado a reforzar la implementación de las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los mecanismos de protección colectiva en los territorios.

A su vez, reiteró la importancia de que se fortalezca la presencia integral del Estado en territorios afectados por el conflicto y se coordinen las respuestas interinstitucionales apropiadas para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades, incluido el acceso a la justicia.