La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que al menos un total de 5.733 víctimas dejó el macro caso que investiga la violencia contra miembros del partido político Unión Patriótica, de las cuales 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.

De acuerdo con la presidenta de la Sala de Reconocimiento, Belkis Florentina Izquierdo, estas personas fueron asesinadas en el periodo que comprende entre 1984 y 2016, y los principales perpetradores habrían sido paramilitares y agentes del Estado.

La JEP también priorizó varios territorios que fueron: el Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño entre 1985 y 1993; el Ariari Guayabero y piedemonte llanero entre 1985 y 1993 y, entre 1999 y 2006; Cundinamarca y Sumapaz entre 1991 y 2001; el municipio de Apartadó en Urabá entre abril y diciembre de 1996; y el departamento de Tolima, entre 2003 y 2006; en estos territorios evidenciaron una “contribución sistemática de agentes estatales pertenecientes a unidades operativas de la Fuerza Pública, aun cuando la ejecución material de los crímenes corrió por cuenta de grupos paramilitares”.

Por otra parte, según informó La W, el presidente de la  JEP, Eduardo Cifuentes, advirtió que la historia se está repitiendo y que los patrones macrociminales entre los asesinatos de los miembros de la Unión Patriótica y los firmantes de la paz son similares.

“Del caso de los excombatientes de las Farc no solamente se ha verificado homicidios, sino también desplazamiento forzado torturas y otros delitos, o sea una suerte de nube de amenaza que se cierne sobre el proceso de paz y obviamente sobre la vida de quienes están comprometidos con el proceso de paz”, señaló.