Corte Penal Internacional rechazó ‘solicitud de aplazamiento’ en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El Gobierno de Venezuela había solicitado un aplazamiento en la investigación de los posibles crímenes de lesa humanidad, pero la solicitud fue rechazada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), ahora esta entidad citará a las víctimas para que den sus testimonios y así avanzar con la investigación.

Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, dijo a través de un escrito que el pasado 16 de abril recibió una respuesta de Venezuela a la ‘Notificación de la fiscalía en virtud del artículo 18(1) del Estatuto de Roma’ mediante la cual Venezuela:

“Confirma que está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto de presuntos hechos punibles contra los derechos humanos, en concordancia con la información facilitada en la notificación recibida de la Oficina del Ministerio Público el 16 de diciembre de 2021 y solicita a la Fiscalía abstenerse formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por autoridades nacionales correspondientes de Venezuela”. Según Infobae.

Además, en el documento el jefe fiscal Khan menciona que hubo una ‘solicitud de aplazamiento’ por parte del Gobierno venezolano.

También se afirmó que Venezuela solicitó que la Fiscalía siga con el apoyo con el objetivo de ‘facilitar la tramitación y efectiva conclusión de estas diligencias realizadas por las correspondientes autoridades internas de Venezuela, incluida la transmisión de cualquier información disponible a la Oficina del Fiscal en relación con los presuntos delitos pertinentes’.

Karim Khan afirma que Venezuela no envió ningún material de respaldo en la solicitud de aplazamiento, en cambio “se refiere a los nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación y posteriormente”.

El fiscal dijo que Venezuela “se refiere además a un conjunto de reformas regulatorias e institucionales que dice han sido adoptadas para fortalecer la capacidad nacional. Tal como lo ordenó la Sala, la Fiscalía ha tratado de mantener un diálogo significativo con Venezuela, en línea con el principio de complementariedad, durante el examen preliminar y más allá”.

Khan enfatizó que esto no solo ha sido correspondencia regular, él ha estados dos veces en Caracas con el fin de ‘discutir formas y medios de promover tanto la cooperación como esfuerzos de complementariedad con todas las autoridades competentes pertinentes’.

Por parte de la Fiscalía se ha revidado la información durante el curso de su examen preliminar para llegar a su evaluación de complementariedad, dado a que Venezuela no entregado material adicional a favor de su solitud.

“En consecuencia y a la mayor brevedad, la Fiscalía solicitará a la Sala autorizar la reanudación de su investigación en virtud del artículo 18(2) del Estatuto”. Además de solicitar e invitar a las víctimas a formular observaciones. Dijo el fiscal.

Por su parte, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela (Red-CLH) entregó este miércoles 36 casos más a la Fiscalía de la CPI, con los que ahora suman 50, luego de que la entidad decidiera abrir una investigación al país por los presuntos delitos de lesa humanidad.

Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH, dijo: “solo a través de un riguroso y metodológico proceso de documentación que apoye el trabajo de la Fiscalía, la CPI podrá avanzar en la condena a los máximos responsables de estos crímenes. Este trabajo, junto al que vienen haciendo otras ONG en Venezuela, es fundamental para lograr justicia”.

La Red-CLH, afirmó: “Las personas entrevistadas declararon que fueron víctimas de asfixias con bombas lacrimógenas, sometimiento a posiciones de estrés, golpes en diversas partes del cuerpo, maltratos psicológicos, condiciones de detención extremadamente precarias, privación de alimentos y agua, incomunicación, amenazas a sus familiares, ataques contra sus propiedades y persecución, entre otros”.

Este caso de Venezuela proviene del 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por los posibles crímenes de lesa humanidad, desde al menos de abril de 2017, en las manifestaciones a nivel nacional.

El Tribunal internacional publicó un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba los presuntos delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre los cuales están tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Así lo comunicó Infobae.

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