La plenaria del Senado debatió este martes, 19 de abril, las objeciones que hizo el presidente, Iván Duque, al proyecto de ley que busca normalizar los tiempos de respuesta a los derechos de petición y el acceso a la información. La votación fue contundente, con 58 votos a favor y cero en contra,el Senado desestimó las objeciones del presidente.
En contexto, dicha ley surgió como consecuencia de la implementación por parte del Gobierno Nacional del decreto 491 que modificó varios procesos y duplicó los tiempos de respuesta a los derechos de petición. Modificación que se generó en medio de la etapa más compleja de la pandemia en el 2020.
En ese sentido, las entidades e instituciones pasaron de tener 15 días hábiles para responder derechos de petición a poder hacerlo en 30 días. Peticiones de documentos y otras informaciones pasaron de 10 a 20 días, como tiempo máximo para ser contestados, y la consulta a autoridades sobre materias a su cargo pasó de 30 a 35 días prorrogables.
Fue así que la representante a la cámara Juanita Goebertus del partido Alianza Verde, presentó el proyecto de ley que buscaba normalizar los tiempos de respuesta. En noviembre del 2021 ya había recibido el aval del Congreso para establecer un plazo de respuesta a derechos de petición de 15 días. Sin embargo, cuando se llevó a sanción presidencial en diciembre, Duque presentó objeciones argumentando que se necesitaba más tiempo para dar “respuestas de fondo”.
Dichas objeciones llegaron a la Cámara de Representantes en marzo, cuando los congresistas retomaron sus labores, y fue negada con 93 votos a favor y 23 en contra. Ahora, al sumarse el Senado a la negativa de las objeciones presentadas por el presidente Duque, este no tiene otra alternativa que sancionar el proyecto y convertirlo en ley de la República.
Tal como informó El Espectador, la decisión fue celebrada por diferentes organizaciones de la sociedad civil que venían solicitando el rechazo a las objeciones al considerar que Colombia es “de los pocos países que no se nos está protegiendo como se debe el derecho al acceso a la información pública”.
Entre estas organizaciones están Datasketch, el Instituto Anticorrupción, Corlide, la Fundación Corona, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Artemisas, el Extituto de Política Abierta, la Fundación Karisma, Barranquilla +20, Feeling, Biblioteca y Ruralidad, Caribe Afirmativo, El Avispero y Cuestión Pública.
