Los pobladores de las rancherías situadas alrededor de La Guajira, se manifestaron como inconformes ante una rectificación que dio luz verde a una desviación del arroyo Bruno por parte un proyecto de explotación de carbón, las comunidades manifestaron que no fueron tenidas en cuenta por la mesa directiva, para analizar los impactos ambientales que acarree esta distorsión del caudal.
La desviación del arroyo Bruno a lo largo de 3,6 kilómetros, tiene a los habitantes de diferentes comunidades en gran preocupación y ya efectuaron una acción de tutela, en la cual manifestaron que se les están vulnerando los derechos al agua, salud y seguridad alimentaria, así lo dio a conocer un informe especial por parte de Caracol.
Cabe resaltar que el proyecto de El Cerrejón, es una de las 10 minas de extracción de carbón más grandes del mundo, ubicada en la Guajira desde los años 80 y lo que buscaba con la rectificación, era expandir su extracción de carbón.
Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades, donde ordenó suspender la desviación del caudal de las aguas y además ordenó establecer una mesa técnica con expertos, para analizar los impactos ambientales y sociales, junto con las comunidades, la orden fue del año 2017.
Según el medio antes mencionado, el 6 de abril se hizo público el informe de la mesa técnica, el cual notificó por parte del Ministerio de Ambiente ante las comunidades, dicho informe certifica la continuación de la desviación del cauce, ya que no se evidenciaron impactos ambientales.
La notificación significa que se seguirá desviando el caudal del arroyo, sin embargo, las comunidades insisten que no fueron tenidas en cuenta, a pesar de haber sido una orden de la Corte Constitucional en el 2017 y en el 2020 fue ordenada por parte de la Contraloría.
Varios actores ambientalistas, se han mostrado en defensa de las comunidades, pese a las graves consecuencias que trae la extracción de carbón al medio ambiente y sobre todo los residuos de plomo deja en las aguas esta práctica.