Nuevas medidas de seguridad en Bogotá: Un chantaje autoritario que no tendrá el efecto deseado

Por: Heidy Sánchez

 

Esta semana, una buena parte del debate en Bogotá ha girado alrededor de las consecuencias generadas por las medidas de seguridad que anunció la alcaldesa Claudia López. Medidas que han provocado el rechazo contundente de la ciudadanía, y con buena razón, pues, desde nuestro punto de vista, representan un atentado a las libertades ciudadanas, motivo por el que no las encontramos adecuadas, necesarias ni proporcionales para el propósito -legítimo- de reducir la criminalidad y proteger a la ciudadanía.

Lo anterior en la medida en que lo que se está haciendo es limitar un derecho con el objetivo de proteger otro, cosa que debe hacerse con estrictos criterios de proporcionalidad, establecidos por la Corte Constitucional. A la luz de estos criterios, compartimos en este artículo nuestras apreciaciones preliminares sobre el borrador de decreto que ha publicado la alcaldía de la ciudad.

Hay dos medidas que, en particular, nos parecen abiertamente inconstitucionales. La primera es aquella que “restringe” la “permanencia y concentración de personas en parques, corredores ambientales y plazas urbanas de la ciudad de Bogotá”. Esto, “para garantizar la convivencia pacífica, la tranquilidad y condiciones de seguridad para los habitantes de la ciudad”.

En primer lugar, esta es una medida que nada tiene que ver con la situación que, en teoría, las motiva: tal como lo ha expresado la alcaldesa, estas medidas surgen por los últimos hechos de violencia, que tienen su origen en el “tenso clima electoral” que ha ocasionado que “el terrorismo y la criminalidad tengan a Bogotá como blanco”. ¿Qué tiene que ver eso con que haya jóvenes que escuchen música en una plaza? ¿Cómo representan una amenaza terrorista? Así pues, no hay justificación política para semejante restricción a los derechos fundamentales; eso no va a solucionar, para nada, ni la criminalidad ni la amenaza terrorista por las elecciones.

Un segundo argumento es que tampoco tiene ningún asidero jurídico. Según el borrador de decreto, estas medidas se toman porque “Los parques se han vuelto lugares de concentración de problemas de convivencia: consumo de sustancias psicoactivas y riñas que se intensifican en el horario nocturno”, e igualmente se argumenta que “el alto tráfico de personas debido a las mejores condiciones de estos espacios brinda mayores oportunidades para la comisión de delitos y para la realización de comportamientos contrarios a la convivencia, por lo que, a su vez, demanda la necesidad de adoptar medidas que redunden en la reducción de estos comportamientos”. ¿Para resolver esos problemas era necesario cercenar un derecho fundamental? ¿No había otras medidas menos lesivas que llegaran al mismo objetivo?

Aquí no hay otra cosa que una restricción arbitraria e infundada de las libertades fundamentales, un recorte de derechos hecho de paso, aprovechando una coyuntura de inseguridad y terrorismo. Esta injustificada restricción que, según el mismo decreto, se hace por sugerencia de la Policía Nacional, evidencia –una vez más- el talante anti derechos de la Policía, pero además, es un tiro al pie si de lo que se trata es de combatir la criminalidad. ¿No es mejor invertir esfuerzos en perseguir ladrones y terroristas en vez de estar persiguiendo jóvenes que departen en los parques? No, la mejor solución que encontró la alcaldía fue imponer un toque de queda sin nombrarlo como tal, cosa que solo pasaría, en el peor de los casos, en un estado de excepción.

La otra medida que nos parece altamente restrictiva de los derechos fundamentales, e inconstitucional, es aquella que ordena que todo el que tenga un establecimiento de comercio tiene que vincularse a un frente de seguridad, so pena de que se les restrinjan los horarios de atención. Eso es, de frente, un chantaje que limita el derecho de asociación, o más bien, lo impone, lo cual lo desvirtúa como derecho. El Estado, en vez de garantizar de manera universal el derecho a la seguridad, lo condiciona a una figura, que su misma enunciación normativa lo define como “organizaciones cívicas voluntarias”.

Lo único que dice la administración al respecto, como justificación, es que “la seguridad es un propósito superior que convoca a toda la ciudadanía y a las autoridades estatales para unir esfuerzos en pro de un distrito capital en paz y seguro, por lo que es pertinente que las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas que involucren el expendio o consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, se vinculen a estos Frentes de Seguridad Local y /o ‘Redes CUIDAdanas’.” Lo cual es una explicación muy pero muy pobre para violar el derecho a la libertad de asociación, pues deja de hacer de la asociación algo voluntario, para hacerlo obligatorio o, como mínimo, condicionante del ejercicio de un derecho universal. Semejante cosa no pasa sino en regímenes autoritarios.

En todo caso, habrá que esperar la prometida evaluación de estas medidas pero, de entrada, vaticinamos que esa restricción a las libertades fundamentales, que nada tienen que ver con la amenaza terrorista que se pretende solucionar, ningún efecto van a tener en la garantía de seguridad para las y los bogotanos.

If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.