Implementar el Acuerdo. Tarea pendiente, deber del Congreso.

                                                                                                                          Por: Victoria Sandino Simanca Herrera

La decisión del gobierno nacional de encaminar lo pactado en La Habana hacia la perfidia nos ha costado mucho a los y las colombianas que vimos en el Acuerdo la oportunidad de abrir la senda definitiva hacia la paz y de comenzar un proceso que nos llevara a la eliminación de tantas injusticias que nos aquejan como pueblo. Sabemos que el Acuerdo no es una solución mágica para los innumerables problemas del país, pero es innegable que se ocupa de las causas de fondo que dan origen a la violencia y la desigualdad, esto es, la tierra y la democracia. O más bien: la falta de tierra para el que la trabaja y la falta de democracia para las mayorías.

 

El Acuerdo de Paz puso a la nación a discutir sobre la situación del campo, hizo visible la situación de quienes viven de la siembra de coca y la inviabilidad de las salidas violentas experimentadas una y otra vez. Aportó en la agenda de transversalización del enfoque de género. Cuestionó la falta de garantías para la participación política, la movilización y la protesta social, y materializó, tras 30 años de aplazamiento, el Estatuto de la Oposición. Puso de relieve que no existen soluciones fragmentadas, las soluciones deben ser integrales.

 

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre quienes hicimos parte de las FARC-EP y el Estado colombiano es, sin temor a equivocarme, la cuota inicial del gran proceso de búsqueda y construcción de paz que necesita Colombia.  Un proceso que debe ser abierto y enriquecido por toda la sociedad colombiana. El Acuerdo de La Habana es el primer paso de la paz completa, por lo tanto su implementación plena e integral es un avance en esa dirección.

 

Por eso, y ante la luz de esperanza que hoy se abre frente a la posibilidad de un gobierno fresco, diferente, que represente de mejor forma las voces de quienes históricamente no han tenido voz en este país, a meses de terminar mi labor en el Congreso y con la continuidad de la lucha en las calles, quiero escribirles a todas y todos los colombianos, a las distintas fuerzas políticas que hoy están en contienda, pero especialmente a aquellas que quieren la paz para Colombia, para que abiertamente hagan un compromiso de agenda de gobierno con el fin de que alcancemos una paz completa: con justicia social, con equidad de género, con redistribución de la riqueza, con respeto por la vida de las y los luchadores sociales, con garantías para que otros grupos puedan entrar en la vida política sin armas, y para lo anterior se comprometan sin ambages en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

 

Antes de irme quiero dejar mi aporte a la construcción de la paz completa que tanto soñamos mientras escribíamos el Acuerdo: un paquete legislativo de paz que consta de 12 proyectos de ley. Está integrado por todos los proyectos que quedaron pendientes del procedimiento de fast-track, además de otras propuestas novedosas pero enmarcadas en lo pactado en La Habana, como les contaré a continuación.

 

Uno primero será la modificación de la Ley 152 de 1994, para fortalecer la participación ciudadana y la inclusión de la paz en los planes de desarrollo. Este proyecto busca dar respuesta a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Final en relación a la promoción de buenas prácticas de planeación participativa en los procesos de elaboración de los planes de desarrollo departamental, distrital y municipal, mediante la garantia de condiciones reales de incidencia de los Consejos Territoriales de Paneación. También busca la creación, todavía pendiente, del Capítulo de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo para la inclusión del Acuerdo y el Plan Marco de Implementación de manera clara y precisa durante los cuatrienios que sea necesario para lograr su plena implementación.

 

De otro lado, estará en sus manos una iniciativa legislativa que establece el Estatuto de garantías para la promoción y participación de la ciudadanía, las organizaciones sociales y los movimientos sociales, donde se definen derechos, garantías, instrumentos, mecanismos e instancias para el ejercicio efectivo de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social. En especial, es priorizan medidas que posibiliten la realización y reconocimiento de las mujeres, la población LGTBI, las personas con discapacidad, las víctimas del conflicto, firmantes de paz, las comunidades étnicas y otros sectores poblacionales, desde su especificidad, como sujetos y sujetas políticas, por medio de su participación vinculante y efectiva en la construcción de propuestas y en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida nacional. Esta propuesta se basa en el proyecto elaborado por la Comisión de Diálogo conformada en el 2017, como dispuso el Acuerdo, por los movimientos y organizaciones sociales para tal fin. En aquel momento el gobierno lo engavetó. Los saldos amargos de las movilizaciones de 2019, 2020 y 2021 nos enseñan que este proyecto debe ver la luz, ser discutido y aprobado.

 

Este paquete de paz incluirá un proyecto de ley para garantizar el acceso y formalización de tierras para las mujeres rurales y otro para los pueblos y comunidades afrocolombianas, contiene las medidas necesarias para garantizar la democratización del acceso a la tierra, especialmente para aquellas mujeres rurales y comunidades afrocolombianas sin tierra o con tierra insuficiente, más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, mediante la regularización de los derechos de propiedad, la desconcentración y promoción de una distribución equitativa de la tierra.

 

A propósito del capítulo étnico que mandata el Acuerdo, con el fin de garantizar la igualdad en la participación política de los pueblos y comunidades afrocolombianas, presentaré un Acto Legislativo que reforma la Constitución en el artículo 171 para crear dos curules en el Senado como circunscripción especial nacional para mis hermanos y hermanas de estos pueblos.

 

Seguiremos insistiendo en una Reforma Política que realmente garantice la apertura democrática, causa poderosa del conflicto social y armado en Colombia, debido a la falta de garantías para las organizaciones políticas que no hacen parte del establecimiento. Es un proyecto de Acto Legislativo que recoge cabalmente las recomendaciones de la Misión Electoral Especial-MEE de expertos que se creó por mandato del Acuerdo de Paz en 2017. Aquí se incluye dar vida a la separación entre las acciones jurídicas contra los delitos electorales vr. las actuaciones administrativas, una organización de la representación territorial que garantice mayor equidad para aquellos con mayor pobreza y aislamiento; el fortalecimiento de la actuación de las bancadas y las listas cerradas, así como la obligatoriedad del voto.

 

En articulación con lo anterior, y basada en las mismas recomendaciones, radicaré una reforma a la Ley 1475 de 2011, cuyo fin es fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas garantizando seriedad y estabilidad en las afiliaciones así como respeto a las consultas internas del partido y las actuaciones como bancada.

 

En este paquete he pensado en todo el propósito del enfoque de género que se encuentra en el Acuerdo, así las cosas vamos a buscar la transversalización de dicho enfoque en la Ley 2069 de 2020 o mejor conocida como “Ley de emprendimiento” para que los beneficios allí planteados sean priorizados hacia las iniciativas productivas de las mujeres rurales.

 

De mi recorrido por la Comisión Séptima del Senado, pude aprender muchísimo sobre el sistema de salud en Colombia y la importancia de que este cuente con una mayor participación de las mujeres, así como con mecanismos que ayuden a la promoción y la prevención real a través de la atención primaria de salud. Radicaré una iniciativa que crea la figura de las Gestoras Comunitarias de Salud Rural, especialmente enfocadas en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas LGTBI dentro del sistema de salud colombiano.

 

Al paquete sumaremos iniciativas que ya se han radicado y que se elaboraron en el marco de la labor legislativa frente al Acuerdo. Nuevamente dejaremos en la mesa del debate parlamentario el Sistema de Ingreso Vital, derivado del plan de choque previsto en el Acuerdo para una transición necesaria en el país, y puerta de entrada hacia una renta básica, hoy tan necesaria en Colombia.

 

Finalmente, y haciendo un fuerte llamado de atención al Estado colombiano sobre la necesidad de ser un modelo internacional de la construcción de una paz estable y duradera, radicaré una iniciativa legislativa para que Colombia se retire definitivamente  de la OTAN, organización internacional involucrada en acciones de intervencionismo, promoción de la guerra y la violación de los derechos humanos a nivel planetario. Parece que no nos basta con estar todavía sumidos en una violencia sin que exista una voluntad de paz, para ahora azuzar conflictos en el extranjero.

 

Espero que puedan conocerlos pronto, discutirlos, apoyarlos y mejorarlos a favor de las mayorías excluidas; mientras tanto: ¡En las calles nos vemos para defender la paz!